AUNQUE fue declarada responsable de actos corruptos cuando fungió como mandataria de Argentina, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner evadirá la cárcel y si algún día cumple condena será tras surtirse una batalla legal que apenas comienza.

“Considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, reza el acta contra Kirchner por lo que fue sentenciada “a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos”.

Cuando estuvo al frente de la Casa Rosada, en sus dos mandatos consecutivos (2007-2015), favoreció al empresario Lázaro Báez, considerado como un cercano a su familia, en la atribución de varias licitaciones de la obra pública en la provincia sureña de Santa Cruz, según determinó el prolongado juicio realizado en contra de la vicepresidenta y otras doce personas, que concluyó con el veredicto de culpables.

Cristina Kirchner, que volvió alegar ser blanco de persecución política, mediática y judicial, había anticipado en declaraciones a diversos medios de comunicación que el fallo sería en su contra, así como que continuará con esa batalla legal, porque éste es de primera instancia, lo que abre un largo derrotero de apelaciones antes de quedar en firme.

Ello significa que pese a haber sido hallada culpable de “administración fraudulenta” en perjuicio del Estado en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz -su cuna política- no se hará efectiva. No será arrestada ni irá a prisión por tener fueros por su función de vicepresidenta y presidenta del Senado. Podrá ser objeto de la misma cuando surta todas las instancias judiciales a las que acudirá y se dé el pronunciamiento de última instancia, la Corte Suprema, lo que suyo le representa ganar mucho tiempo, al punto que podrá presentarse a cualquier cargo en las elecciones generales del próximo año.

Obviamente, si lo logra bien como candidata o fórmula vicepresidencial o postulándose al Congreso, seguirá inalcanzable para la justicia argentina, porque tendrá fuero hasta el 10 de diciembre del 2019.

Desde el inicio del juicio, en mayo de 2019, la exmandataria de 69 años sostuvo que su condena "está escrita de antemano" al denunciar que se trata de "un juicio político" que persigue aleccionar a todo el peronismo.

En esa misma línea, al cierre de los alegatos el pasado 29 de noviembre, Kirchner acusó al tribunal que la juzga de ser “un verdadero pelotón de fusilamiento”, el que dijo “se inició a partir de la increíble diatriba de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que se dedicaron a agraviar e injuriarme”.

En esa declaración acusó a los jueces de haber "inventado y tergiversado" los hechos.

Aunque la Fiscalía pidió para ella 12 años de prisión dentro del proceso conocido como Vialidad, al considerarla "jefa de una asociación ilícita" y por defraudación, además de solicitar la inhabilitación política para ejercer cargos públicos, el tribunal falló ayer condenándola a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua.

Pero, como reseñamos, el veredicto de culpable y la condena no tendrán ningún impacto judicial, pero si político, evidenciando una vez más que esta máxima figura argentina es tan amada como denostada, de allí el masivo pulso callejero que volvió a presentarse ayer en las avenidas capitalinas.

La defensa de Kirchner cuestionó durante todo el proceso la figura penal de asociación ilícita sobre la que la fiscalía construyó su acusación. Desde el comienzo sostuvieron que “es muy difícil fundamentar una condena. Si hay derecho, y esto es Estado de derecho, tiene que absolver", según palabras del jefe del equipo legal, Gregorio Dalbón.

El letrado afirmó semanas atrás que "no hay prueba de cargo para condenarla, (pero) si el juicio va a ser político, por supuesto que va a haber una condena".

El analista Rosendo Fraga consideró que el impacto de la decisión judicial es fuerte. "La estrategia de Cristina va a ser profundizar su teoría del "lawfare", que consiste en denunciar los fallos adversos en las causas de corrupción como una maniobra política para impedir su candidatura, haciendo la analogía con lo sucedido con Lula en Brasil cuatro años atrás".

Agregó que ahora, la vicepresidenta "buscará manifestaciones de adhesión de los líderes progresistas de la región, empezando por el brasileño" y advirtió que como no irá a prisión, los sectores antikirchneristas radicalizarán la campaña.

Desde muy temprano, un puñado de seguidores se acercó a los tribunales del barrio de Retiro para expresar su respaldo a la vicepresidente, pese a que ella como los demás acusados escucharon el veredicto de manera virtual.

"Si tocan a Cristina, paramos el Estado. No vamos a permitir un 'Lula' en nuestro país", dijo días atrás Daniel Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado.

Sin embargo, la propia vicepresidenta desalentó las movilizaciones para evitar provocaciones, dijeron fuentes partidarias, lo que no impidió que seguidores y detractores se tomaran las calles.

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Contraofensiva kirchnerista

En la antesala de conocerse la condena a Kirchner, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, reclamó, en mensaje radiotelevisado a la nación,  la apertura de una investigación penal sobre un supuesto viaje entre jueces, fiscales y empresarios de medios, tras la difusión de mensajes en los que se acordaban estrategias para ocultarlo.

"He decidido instruir al ministro de justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal y que solicite que se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión y lo relacionado a su financiamiento", precisó.

Según el presidente, "lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas".

Fernández utilizó la cadena nacional "porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido", dijo.

La polémica se originó en un viaje realizado el 13 de octubre a Lago Escondido, un paradisíaco paraje de la Patagonia argentina, en el que participaron jueces, fiscales, empresarios y el ministro de justicia de la alcaldía de Buenos Aires, en manos de la oposición, según una nota del diario Página/12 que lo hizo público cuatro días después.

Los viajeros, que volaron en un avión privado, se alojaron en la casa de campo del millonario británico Joe Lewis, dueño de miles de hectáreas en el sur del país.

Este fin de semana salieron a la luz una serie de mensajes de un chat de la plataforma Telegram en el que los presuntos participantes de aquel viaje acordaban una estrategia para evitar la difusión y ocultar el origen del financiamiento, según se desprende de los audios y textos difundidos por varios medios.

Algunos proponían la presentación de facturas apócrifas, montajes de fotografías, amenazas y otros ardides.

"Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público", advirtió el presidente.

El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, respaldó a su ministro de Justicia, Marcelo D'Alessandro, y aseguró que está a disposición de la justicia.

"Estamos frente a una nueva operación del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información y al espionaje ilegal. Intentan distraer la atención de los temas importantes y generar la sensación de que somos todos lo mismo", escribió Rodríguez Larreta en Twitter.

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