El Gobierno nacional reiteró ayer que no ha dado órdenes para frenar operaciones militares contra grupos armados ilegales que no participen en las negociaciones del proceso de paz ofrecido por el presidente Petro. El ministro del Interior, Alfonso Prada, reveló que en lo que lleva esta Administración, desde el 7 de agosto pasado, se han registrado 108 combates entre uniformados e irregulares en distintas regiones.
Prada dijo al término del Consejo de Seguridad Nacional, que se ratificaron las instrucciones del presidente Gustavo Petro a las Fuerzas Militares y de Policía de “no frenar ni desescalar ninguna operación en el territorio nacional, frente a organizaciones que se encuentran al margen de la ley, cualquiera sea su clasificación”.
El ministro señaló que “con estas instrucciones no pensamos ceder un milímetro del territorio nacional en la persecución de la delincuencia, del narcotráfico y de quienes al margen de la ley no estén sometidos a ninguno de los procesos en que estamos empeñados en la paz total”.
Añadió Prada que esa orden, “que jamás ha sido cambiada, es mantener la ofensiva militar o policial en el territorio nacional, frente a las fuerzas ilegales”.
El portavoz del Gobierno indicó que las instrucciones impartidas por el Jefe de Estado incluyen “un despliegue con toda la fuerza operativa en puertos y fronteras”.
Esta operación, añadió Prada, debe apuntar, “fundamentalmente, a destruir y atacar el narcotráfico”.
El ministro del Interior también presentó un balance de los resultados operacionales de la Fuerza Pública contra los grupos armados organizados desde agosto pasado, lapso en el cual, como se dijo, se registraron 108 combates, se produjeron 4.308 capturas, 203, sometimientos y se destruyeron 1.200 laboratorios de procesamiento de coca.
La oposición política ha señalado que el Gobierno, en su intención de negociar con el Eln y los demás grupos armados ilegales, ha supuestamente reducido la intensidad de las operaciones militares y debilitado al Ejército y la Policía.
Hace unas semanas la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, dijo a Semana que “en las decisiones que ha tomado este Gobierno se nos fueron más de 70 generales con hojas de servicios de 30 y 37 años, experiencia y formación que se pierden para combatir la ilegalidad y conseguir la seguridad de los colombianos. El ministro de Defensa le quita $800 mil millones al sector”. Agregó que “van a poner en peligro la seguridad de los colombianos”.
Dijo también la senadora que “el único cese multilateral del fuego es el de las Fuerzas Armadas de Colombia, que ya anunciaron que no bombardean, no erradican, no fumigan, no extraditan y que ya no va a haber sometimiento, sino acogimiento. Lo único que está haciendo el Gobierno es debilitando las fuerzas del Estado, ofreciéndoles todo tipo de beneficios a los criminales y debilitando la propia posición negociadora del Gobierno”.
El 28 de noviembre anterior, al concluir el Consejo Nacional de Seguridad, encabezado por el presidente Gustavo Petro, el Gobierno anunció una ofensiva contra los grupos multicrimen en las zonas de frontera, con el fin de contrarrestar las acciones de narcotráfico y para lo cual se contará con la colaboración de los gobiernos de Ecuador, Brasil, Venezuela, Perú y Panamá.
El pasado fin de semana, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla, dijo a EL NUEVO SIGLO que “el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía vienen operando las 24 horas del día contra los grupos armados al margen de la ley, al tiempo que desarrollan operaciones contra el narcotráfico, minería ilegal, secuestro, extorsión y delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”.
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Plan de paz
El Gobierno pretende una solución negociada del conflicto con los grupos armados al margen de la ley, a los cuales les plantea someterse a la justicia a cambio de algunos beneficios penales.
La Presidencia de la República aseguró que al menos una decena de estos grupos se han mostrado interesados en hacer parte de este proceso. Sin embargo, las conversaciones comenzarán después de que el Gobierno logre aprobar en el Congreso la ley de sometimiento.
En tanto que con el Eln, la administración Petro inició una negociación en noviembre pasado en Caracas, pues les reconoció estatus político.
El presidente Petro le ha pedido a estas organizaciones que, mientras comienzan las conversaciones, hagan cese unilateral del fuego como muestra de buena voluntad. Sin embargo ello no ha ocurrido, pues como se vio en Putumayo hace un par de semanas, 18 personas perdieron la vida por enfrentamientos entre disidencias.