El incendio de Riosucio, en el departamento del Chocó, deja un desolador balance de dos muertos, entre ellos una menor de edad, 82 viviendas destruidas y 485 personas que lo perdieron todo, durante la madrugada del pasado 29 de noviembre. El fuego estuvo vivo durante cuatro horas, tiempo suficiente para causar daños irreparables en el casco urbano de Riosucio. Resulta particularmente crítico que en este municipio al pie del río Atrato, donde la gran mayoría de las viviendas están construidas en madera, no exista un cuerpo de bomberos.
Pero la tragedia del incendio de Riosucio es apenas una de la seguidilla de crisis que afronta esta población que tiene como vía principal de comunicación al río Atrato para llegar a Quibdó y al Golfo de Urabá. A la baja provisión de bienes públicos, la ausencia de hospital, la inexistencia de acueducto y alcantarillado, y la muy limitada conectividad, Riosucio se enfrenta a un panorama de orden público complejo, donde estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas se disputan el control territorial e imponen su ley ante la debilidad crónica del Estado colombiano. Lo cual representa una amenaza constante para su poblacion, especialmente joven, que representa el 33% de los habitantes.
Las heridas del conflicto armado en esta zona del país siguen abiertas, porque en la mente de la población está vivo el recuerdo de la Operación Génesis, que provocó desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos y una pérdida de la confianza de los pobladores en las instituciones, que tuvieron agentes involucrados en actividades criminales de grupos armados ilegales.
Lo paradójico es que el territorio donde se asienta este municipio es estratégico para el país, por su equidistancia con el Pacífico y el Caribe; su ubicación sobre uno de los ríos más caudalosos y su cercanía con Antioquia y Panamá. A pesar de esas ventajas, la realidad es que en esta región del Chocó la actividad económica es incipiente, fundamentada en la explotación forestal, sin que exista siquiera la capacidad de agregarle valor.
Cuando hablamos de gran deficiencia del Estado en el Chocó no solamente nos referimos a la necesidad de acudir a municipios como Riosucio para proveer bienes públicos como educación, salud, saneamiento básico, justicia, seguridad y programas de vivienda de interés prioritarios; también se trata de recuperar la legitimidad del Estado colombiano, la confianza en las instituciones y la capacidad del sector público de promover la actividad económica lícita que garantice condiciones míninas de vida para sus pobladores.
El incendio en este municipio del Chocó evidencia las inmensas desigualdades territoriales en Colombia. Si ese incendio hubiese ocurrido en un municipio del interior, las autoridades habrian contado con la capacidad institucional para controlarlo a tiempo, con costos sociales y económicos mucho más bajos. El gran reto de Colombia es reducir esa abismal diferencia de capacidad del Estado entre sus regiones, toda vez que fracasamos como Estado a diario cuando tenemos comunidades viviendo en el nivel de extrema vulnerabilidad de Riosucio.