Pulso carcelario
En medio de las recurrentes polémicas sobre hacinamiento carcelario en Colombia, siempre surge el pulso entre el Gobierno nacional y las gobernaciones y las alcaldías en torno a la responsabilidad de estas últimas en la construcción y administración de prisiones. El Ejecutivo le insiste a los mandatarios regionales y locales que cumplan con los ordenamientos legales que establecen que los entes territoriales son parte del sistema carcelario en lo que respecta a la financiación de las prisiones y el mantenimiento de los presos sindicados que están tras las rejas (Ley 65 de 1993). De igual manera, en la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en las prisiones del país, activado por la Corte Constitucional años atrás, se ordenó a los gobernadores y alcaldes crear y mantener centros de reclusión propios para los reclusos que todavía no han sido condenados.
De vieja data
En el gobierno Duque esta fue una de las principales discusiones entre los diferentes ministros de Justicia con las federaciones de gobernadores y alcaldes. Hubo múltiples reuniones al respecto y, al final, fue poco lo que se avanzó, en gran parte porque los mandatarios seccionales y locales siempre han recalcado que no cuentan con los recursos, la infraestructura ni el personal penitenciario. Esta es una de las principales causas del hacinamiento en muchas Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y estaciones de Policía, en donde hay miles de privados de la libertad a los que los jueces no les han solucionado su situación jurídica.
22.957 sindicados
Es una situación complicada, ya que la capacidad de las cárceles en Colombia está al tope. De acuerdo a las estadísticas del Inpec, en Colombia hay más 98.704 personas cobijadas con medidas de aseguramiento intramural, pese a que solo hay cupos para 81.175. Esto significa, entonces, que hay una sobrepoblación de 17.529 internos, lo que significa un hacinamiento del 21,59%. Los condenados son más de 74.956, mientras que los sindicados ascienden a 22.957. Estos últimos, acorde con los ordenamientos legales, son los que deberían estar en gran parte a cargo de sistemas de prisiones de gobernaciones y alcaldías.
Proyecto de Asocapitales
Frente a todo ello, esta semana hubo novedades. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), en cabeza del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca definir las competencias carcelarias de los distintos niveles de gobierno. Además, se plantea crear cárceles regionales con el objeto de que las gobernaciones puedan generar sistemas de integración con aquellos municipios que no aportan un número significativo de personas privadas de la libertad. Frente al hacinamiento en las URI, se refuerza la prohibición de que personas detenidas o condenadas sean recluidas en estos lugares o en Estaciones de Policía. La responsabilidad de una entidad territorial frente a una persona privada de la libertad duraría hasta dos años y, si en ese lapso no ha sido condenada, pasaría a competencia del Gobierno Nacional.
¿Consejería antidroga?
Y hablando de la cartera de Justicia, en el Congreso hay expectativa frente a cómo se instrumentará una propuesta del ministro de Justicia, Néstor Osuna, en torno a que, dentro de los ajustes a la política antidrogas que aplicará el Gobierno, se quiere reagrupar toda la estrategia respectiva bajo la coordinación de una consejería que “recoja todas las dependencias y competencias dispersas, que permita tener un enfoque de comercio, agricultura y salud pública para el consumo problemático". Un parlamentario del Pacto Histórico les dijo a varios periodistas que “… esa nueva dependencia tendría el estatus de consejería presidencial, pues parece lo más lógico si va a tener la coordinación interinstitucional que el Ministro propuso días atrás”.