Con la peculiar cascada de propuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro, se dieron por cumplidos sus primeros cien días, de la mano de su nutrida coalición partidista con sus distintos tintes, incluyendo partidos de doctrina bien distante. Se aprobó así finalmente la reforma tributaria que concentró la atención del país en medio de un ambiente de mucha incertidumbre y de mensajes de urgencia.
Unida a este propósito viene con carácter no menos importante la llamada reforma política, que busca, por un lado, modificar el sistema electoral en la Constitución y, por otra parte, acumula dos proyectos de variación del Código del Registro Civil, incluyendo la identificación de los ciudadanos y el proceso electoral colombiano.
Ambos procesos, por tratarse de reforma constitucional y de ley estatutaria, requieren de un debate de más vueltas. Además, retirado el mensaje de urgencia inicial, no hay probabilidad alguna de poderse aplicar para las elecciones del próximo año regionales de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Del afán no puede quedar sino el cansancio.
El punto está en cómo garantizar cambios que realmente den la confianza de tener un sistema político y electoral con partidos y movimientos que cada vez se ajusten más en su organización y funcionamiento a los principios de transparencia, objetividad, moralidad y equidad propios de los ideales de la democracia establecidos en la Constitución.
Urge un alto en el camino tituló, en esta misma línea, reciente editorial de EL NUEVO SIGLO, con el análisis de varias alertas al respecto, que pueden terminar en incentivos a la politiquería y el clientelismo.
Igualmente, centros de pensamiento, orientados por un trabajo riguroso de "Mejor Así" y el "Foro Atenas", como del observatorio legislativo del Instituto de Ciencia Política ICP, con el patrocinio de la Fundación Konrad Adenauer KAS Colombia, da cuenta de cambios que no pueden tomarse a la ligera.
Se trata de modificaciones delicadas, entre otras muchas, que otorgan, por ejemplo, atribuciones distintas a la ley para cambiar la jornada electoral, obligan a dar y mantener la información del domicilio como una especie de empadronamiento, se toca la médula del proceso de escrutinio y preconteo como la contratación del software electoral, de las auditorías y abre las dudas de experiencias externas sobre el voto electrónico frente a los limitantes de los testigos para vigilarlo.
En el orden político se habla incluso de abrir de nuevo la puerta, supuestamente excepcional y transitoria, del transfuguismo (la posibilidad de un elegido a nombre de un partido de cambiarse a otra tolda sin incurrir a sanción por doble militancia), los topes de períodos, entre otros.
Viene a jugar el mismo trasfondo de la tributaria: ¿queremos realmente una reforma estructural en equidad, confianza y trasparencia en el sistema democrático, que lo limpie?
Hay nociones de tiempo atrás que se han querido reformar como la jurisdicción nacional del Senado, el número de parlamentarios y el voto preferente, que son sustanciales para limitar el clientelismo. Sin embargo ¿qué tal pensar, además, en un Congreso que ejerza con mayor independencia su labor legislativa y tenga la obligación de establecer, a comienzo del período, una Agenda Propia donde las bancadas de los distintos partidos y movimientos fijen proyectos de interés nacional, en el mismo norte, ¿como un verdadero “Acuerdo sobre lo Fundamental”?
De la misma manera hay que pensar en dejar un sistema que contemple la equidad regional donde se garantice una representación mínima de todos los departamentos y ninguno quede acéfalo. Es mejor darle espacio y tiempo a un mayor debate, incluso con participación ciudadana, pues se requiere de toda la precaución por tratarse de unos cambios de envergadura constitucional o estatutaria.
*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI
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