El voto obligatorio, que había sido suprimido por la plenaria del Senado de la República en la reforma política, busca ser revivido en el cuarto debate en la Cámara de Representantes, según se propone en la ponencia. También se plantean otros cambios al texto. 

La reforma política fue radicada por el Gobierno nacional con importantes cambios que persigue, entre ellos la paridad de género en las listas así como la lista cerrada. Espera que algunas de sus disposiciones sean aplicadas en las elecciones regionales de octubre del 2023.

Sin embargo, es poco probable que ello ocurra porque si el proyecto logra ser aprobado en cuarto debate en este periodo legislativo, que termina el próximo 16 de diciembre, todavía le restan cuatro debates a partir de marzo próximo por ser una reforma constitucional. 

La ponencia para el cuarto debate de esta reforma establece en un artículo nuevo que “el voto es un derecho y un deber ciudadano de obligatorio cumplimiento. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción”.

Añade en un parágrafo transitorio que el voto será de obligatorio cumplimiento en las elecciones dadas entre 2026 y 2031. 

Dice también que dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de la reforma política el Gobierno nacional, en coordinación con las autoridades electorales, radicará ante el Congreso de la República un proyecto de ley que señale las medidas para crear la cultura del voto y la participación democrática, y que establezca las sanciones que recibirán aquellas personas que no cumplan con la obligatoriedad del sufragio, determinando los casos en los que se presentarán excepciones.

Otros cambios 

En cuanto a la financiación de las campañas electorales, la ponencia para el cuarto debate en la plenaria de la Cámara mantiene lo aprobado en Senado que será 100% estatal; sin embargo, agrega que los recursos se entregarán de manera anticipada. 

Para la Misión de Observación Electoral (MOE), “el modelo de financiación de campañas políticas debe ser exclusivamente público”, aunque para ello hizo varias observaciones, como que “no puede hablarse de la figura de financiación a través de reposición de votos en un modelo de financiación exclusivamente estatal, pues la entrega de los recursos debe darse en el inicio de la campaña y por ende se convierte en el único mecanismo de financiación”.

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Por ello propone que se deben entregar los recursos destinados a las campañas, una vez queda en firme la inscripción de las candidaturas.

Agrega que en la financiación exclusivamente pública de las campañas surgen dudas, por ejemplo cómo se distribuyen los recursos, si debe ser de forma igualitaria o proporcional. Además, señaló que se debe prever cómo funciona el modelo de financiación pública cuando se presentan coaliciones.

Así mismo, la ponencia revive la iniciativa para que se pueda ser representante a la Cámara con más de 18 años, pues hoy se exigen más de 25 años, lo cual había sido eliminado en el tercer debate en la Comisión Primera de esta corporación. Aunque en esa oportunidad sí se aprobó reducir de más de 30 años a más de 25 años la edad para ser senador.

Varios artículos de la reforma política han causado polémica, como reducir de 12 a seis meses la obligación de renunciar a la curul a quienes quieran presentarse por un partido distinto en la siguiente elección; la financiación de campañas preponderantemente estatal; la paridad y la alternancia en las listas a corporaciones públicas.

También ha generado fuerte debate la reelección limitada a tres periodos en el Congreso, asamblea departamental, concejo distrital o municipal o Junta Administradora Local. 

Uno de los artículos más polémicos en la reforma política es el que suprime la incompatibilidad de un año a los congresistas para ser ministros o desempeñar otros cargos públicos. 

Colectividades como el Centro Democrático consideran que con ello el Legislativo pierde independencia, pues un parlamentario difícilmente se daría la pela de criticar al gobierno si tiene la perspectiva de ser nombrado ministro.