Hay tres factores definidos ya frente al debate de moción de censura esta tarde en el Congreso a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

De un lado, el pulso político entre las bancadas de gobierno y oposición apunta a ser muy fuerte, n o sólo por natural rifirrafe entre ambos bandos, sino porque en el fondo lo que estará en juego es un juicio y defensa a la política de transición energética del gobierno Petro, en el marco de la cual, como se sabe, la mayor controversia se da en torno al marchitamiento de las actividades petroleras y gasíferas en Colombia.

En segundo lugar, es evidente que la mayor expectativa está en torno a cuáles serán las claridades y precisiones de la ministra en cuanto a si en nuestro país se van a firmar nuevos contratos para exploración de hidrocarburos. Como se sabe, tanto la titular de la cartera como el propio presidente Gustavo Petro han señalado que ese tema no se definirá sino hasta que termine el proceso de revisión de los contratos ya firmados pero que se encuentran suspendidos o sin ejecución plena. De hecho, Vélez indicó esta semana que “se identificaron los cuatro ejes en que viene trabajando con el sector en este tema y que se unificó la cifra total de contratos, se identificaron los que tienen cuello de botella para ser desarrollados, los que en fase preliminar necesitan acompañamiento para avanzar y se estableció una ruta de trabajo”.

En el plano estrictamente político, en tercer término, está claro que las bancadas del Pacto Histórico y de la Alianza Verde harán una defensa cerrada de la política de marchitamiento petrolero y gasífero. No hay que olvidar que estos dos bloques partidistas han sido los principales impulsores, en esta legislatura, de proyectos como el que prohíbe de manera definitiva en Colombia la práctica del fracking, o de fraccionamiento hidráulico, para la exploración y explotación de petróleo y gas. Esta es una de las principales banderas del gobierno Petro y, de hecho, ya se está aplicando porque los proyectos piloto que habían sido adjudicados por el anterior gobierno en cabeza de Ecopetrol y otras empresas de carácter privado ya se suspendieron.

Sin embargo, según pudo establecer EL NUEVO SIGLO, aunque en los partidos de La U, Conservador y Liberal, que hacen parte de la coalición gubernamental, habrá respaldo para permanencia de la ministra en su cargo, se escucharán voces que si le exigirán a Vélez una mayor ponderación y claridad en la explicación de la política minero-energética, sobre todo en cuanto a que de esta industria depende buena parte de los ingresos fiscales del país, que en este momento es imposible suplir por otra fuente de recursos.

Como se sabe, de estas tres colectividades hacen parte varios de los principales parlamentarios expertos en el tema energético que, además, es muy posible que pongan sobre la mesa otros temas de alto impacto como el de las tarifas de energía en la Costa Atlántica, la incertidumbre alrededor del comienzo de operación del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, el déficit billonario en el Fondo de Estabilización de Combustibles, el impacto de los reajustes mensuales de $200 en el precio de la gasolina e incluso la necesidad de más incentivos a los proyectos de generación de energías limpias, como la solar, eólica y de hidrógeno.

En cuanto a la oposición, promotora de la moción de censura, se sabe que expondrán un amplio arsenal argumental para tratar de evidenciar no sólo los presuntos errores cometidos por los pronunciamientos de la ministra, sino las debilidades de la propia política de transición energética del gobierno. Es seguro, entonces, que insistirán en que el gobierno está poniendo en peligro la seguridad y soberanía energética del país, la viabilidad financiera de Ecopetrol (que este año tiene ya utilidades récord de $17 billones) y la seguridad jurídica que ha sido tradicional en Colombia en cuanto a contratos de concesión minero-energética.

Pase lo que pase, la discusión que comienza a las 2 de la tarde, es evidente que la suerte de la ministra sólo se conocerá en una semana, puesto que hoy solo se llevará a cabo el análisis parlamentario y la exposición de las partes, ya que la votación debe ser programada para otra fecha.

Sin embargo, lo único claro hasta el momento es que con una coalición que domina el 70% del Senado, es muy difícil que la ministra pierda el debate y sea obligada a dejar el cargo.