* Es imperativo revisar reformas política y electoral

* Alertan por incentivos a clientelismo y politiquería

 

 

La depuración del sistema político y electoral es una urgencia. Nadie lo niega. Como tampoco que ya están sobrediagnosticadas las múltiples falencias y vicios que arrastra. En la pasada campaña presidencial y parlamentaria casi todos los aspirantes prometieron impulsar una reforma de alto espectro para volver más eficiente y transparente el tracto democrático, más aún después del escándalo por anomalías en el preconteo de votos al Senado.

El gobierno Petro y sus mayorías parlamentarias radicaron en este nuevo Congreso sendos proyectos de ley y acto legislativo en esa dirección: una reforma constitucional al sistema político y electoral, así como una iniciativa estatutaria para ajustar al Código Electoral. Esta última, revive la aprobada en diciembre de 2020 pero que en mayo pasado la Corte Constitucional declaró inexequible por errores de trámite legislativo.

Sin embargo, a medida que han avanzado estos dos proyectos los peros y alertas sobre sus alcances aumentan, al punto que algunos sectores advierten que si no se corrigen los articulados, más que un avance en materia de eficacia y trasparencia democrática, se está abriendo camino a más politiquería y clientelismo. Como si fuera poco, la oposición denuncia que en varios ajustes el bloque gobiernista está maniobrando para favorecer sus intereses políticos tanto en los comicios regionales y locales de 2023 como en los presidenciales de 2026.

En el proyecto de reforma política resulta innegable que permitir que los congresistas puedan renunciar y ser nombrados ministros de inmediato atenta contra el principio de separación de poderes en un sistema presidencialista y aumenta la nociva dependencia y subordinación del Legislativo frente al Ejecutivo.

No menos lesivo para la institucionalidad y la lucha contra la corrupción es quitarle a la Procuraduría General la facultad para destituir a los funcionarios públicos de elección popular que cometen infracciones gravísimas en el campo disciplinario.

Igual ocurre con la nueva ventana al transfuguismo partidista, una propuesta que claramente debilita a las colectividades, atenta contra el voto programático y fomenta la doble militancia. El artículo que establece la financiación cien por ciento estatal de las campañas también prende alertas porque su redacción es confusa y no prohíbe del todo los aportes privados. Peor aún, no toca de fondo el mayor problema en este aspecto: los ríos de dinero, muchos provenientes de la corrupción y mafias delictivas, que se manejan por debajo de cuerda y nunca son reportados al Consejo Nacional Electoral.

Hay otros artículos de este proyecto -pendiente de cuarto debate en la plenaria de la Cámara- que causan controversia, como el del tope de tres periodos como máximo en el Congreso, asambleas y concejos. En el caso parlamentario se deja la puerta abierta para que un dirigente pueda estar hasta 24 años en el Legislativo.

Igualmente persiste la discusión sobre los aspectos que no toca esta reforma, como eliminar la circunscripción nacional para Senado, el ajuste a la arquitectura de la jurisdicción electoral, la reforma a la Ley de Garantías Electorales o un combate más eficiente a delitos contra el sufragio, como compra de votos, trashumancia, violación de topes de financiación electoral y el uso proselitista del presupuesto público…

En cuanto al proyecto de ajuste al Código Electoral el debate también está a la orden del día. Para algunos expertos, al igual que la iniciativa pasada, esta reforma es poco ambiciosa al limitarse a lo estrictamente procedimental. Para otros, el mayor problema es que, más allá del pulso entre las bancadas por el ya retirado mensaje de urgencia enviado por el Gobierno, es prácticamente imposible que se aplique para los comicios regionales y locales de 2023.

Visto todo lo anterior, crecen las voces que consideran que el gobierno Petro debería convencer a su coalición de hacer un alto en el camino y revisar a fondo los articulados de estas dos iniciativas, sobre todo porque, como se dice popularmente, puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. Y, de paso, podría el Ejecutivo alinear las fuerzas para impulsar proyectos más decisivos en la depuración política y electoral, como la rebaja salarial y el recorte vacacional a los congresistas, así como la disminución de escaños en Senado y Cámara.

La pregunta, entonces, es una sola ¿Estará dispuesto el Gobierno a revisar el norte de estos dos proyectos, más aun siendo evidente que varias de sus propuestas incentivan el clientelismo y la politiquería, todo lo contrario a lo que prometió en campaña?