Reforma tributaria territorial | El Nuevo Siglo
Lunes, 28 de Noviembre de 2022

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció la semana pasada en Cartagena que el Gobierno presentará un proyecto de reforma tributaria territorial en el primer semestre del 2023. Es buena noticia, pues, pese a que los impuestos departamentales y municipales son fuente principal de ingresos propios de las entidades territoriales, su estructura y administración están hace décadas disociadas de la realidad socioeconómica regional. Y no se corresponden con las responsabilidades que se les vienen asignado desde la Constitución de 1991, sin fortalecer su financiamiento y autonomía.

Es decir, la descentralización fiscal sigue rezagada y ningún gobierno nacional del siglo XXI le había puesto atención, hasta ahora. Se han realizado estudios y misiones de expertos -la última en 2019-, pero nada de solución. Y es que las afugias del gobierno central por su déficit fiscal crónico, agotan el espacio con las reformas tributarias nacionales y le restan prioridad a la necesaria reforma integral del financiamiento del desarrollo territorial y su sostenibilidad. Algunos mandatarios regionales y locales, en distintas épocas, han pedido dichas reformas; pero ni presidentes ni congresistas han correspondido; manteniendo así la dependencia que les facilita a muchos en el Congreso una cuestionada e inefectiva intermediación política de los intereses regionales colectivos.

Así mismo, nuestro ordenamiento jurídico da tratamiento similar a todos los municipios desde el punto de vista de sus competencias, estructura tributaria y fuentes de recursos -con algunas excepciones en distritos y ciudad capital-. Lo cual, termina por profundizar las desigualdades territoriales; pues cerca del 90% de los municipios están clasificados en categoría 6 -las más baja- desde hace décadas y dependen casi que en el mismo porcentaje de las transferencias nacionales para la provisión de bienes, servicios e inversión pública. En cambio, los grandes centros urbanos muestran mayor potencial de tributación y generación de recursos propios, lo cual tiende a reducir significativamente dicha dependencia.

En consecuencia, para que genere incentivos y promueva mecanismos de financiación es necesario actualizar la estructura tributaria departamental y municipal de manera amplia, diferenciada y flexible; reconociéndoles la autonomía para reglamentar y adoptar su propio estatuto tributario. Además, la articulación diferenciada del sistema tributario regional y local debe ser una de las ruedas que impulse el engranaje del financiamiento del desarrollo territorial, reduciendo las desigualdades socio-territoriales, aprovechando oportunidades y potenciando las dinámicas económicas regiones.

Sin embargo, el ministro de Hacienda agregó que la reforma sería más bien una racionalización, que no busca aumentar la carga tributaria. Sin duda, la simplificación tributaria es necesaria, pero es una parte del problema. Quedarse solo en ello, sería recortarle las alas a una reforma fundamental para el país; sobre todo en el gobierno progresista del presidente Gustavo Petro, quien desde la campaña electoral tiene a las regiones como uno de los ejes fundamentales. Además, en las bases de su Plan Nacional de Desarrollo, recientemente presentadas, se recogen importantes lineamientos en este sentido. Así las cosas, el ministro Ocampo debería conversar con el director del DNP, Jorge Iván González, pues la reforma se presentaría antes o cuando apenas inicie la discusión del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República, y allí puede darse un corto circuito por disparidades dentro del gobierno en la concepción y el papel de la reforma tributaria territorial.

@Fer_GuzmanR