Además de las diferentes iniciativas que han surgido en los últimos días sobre los cambios que debería tener una próxima reforma tributaria, que al parecer solo se presentaría hasta mediados del año entrante, ayer la Red de Trabajo Fiscal reveló una propuesta en la cual no se amplía la tarifa del IVA del 19% a la totalidad de la canasta familiar, sino que se parte de otras medidas como establecer un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas.
A estas ideas de cambio tributario, se les añade la que presentó en septiembre de este año el expresidente de Anif, Sergio Clavijo, y hace poco la que lanzó el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate. Sin embargo, muchos analistas consideran que este no es el momento para establecer más impuestos debido al fuerte impacto que la pandemia está dejando en la economía y principalmente en las empresas y en los colombianos.
La Red de Trabajo Fiscal está conformada por el Centro Externadista de Estudios Fiscales, el Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario Universidad del Rosario, Cedetrabajo, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, el Centro de Pensamiento de Política Fiscal (CPPF) de la Universidad Nacional de Colombia y la Maestría en Tributación de la Universidad de los Andes.
En su presentación, la Red dice que “observamos la necesidad de hacer estas propuestas debido a que consideramos que la realización de una política fiscal justa se enmarca en el cumplimiento de los derechos humanos y que nuestra visión es contribuir desde la academia y la ciudadanía a la política pública tributaria”.
La crisis
En efecto, los académicos presentaron propuestas orientadas a mitigar los efectos de la crisis por el coronavirus y que pueden ser la base de la próxima reforma tributaria en el país.
Entre otras cosas, plantean una revisión de los beneficios tributarios en Colombia, mecanismos que ayuden a la transparencia, una canasta familiar sin IVA, impuestos verdes, a las bebidas azucaradas y a la economía digital.
“Se trata de propuestas que a su vez tienen como objetivo salvaguardar y profundizar el Estado Social de Derecho de acuerdo con los principios que gobiernan la tributación, entendiendo que el sistema tributario colombiano actual es desigual y que, en el marco del periodo de pospandemia, podría generar mayor desigualdad”, explicaron.
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Respecto a cuánto podría recaudar esta reforma, María Fernanda Valdés, de Fescol, manifestó que no se tienen estipuladas tarifas, pero que "seguramente podría ayudar a conseguir los $20 billones que se necesitan".
Indican como primera medida que hoy se hace necesario la creación de un mecanismo que permita evaluar los beneficios fiscales, la pertinencia de las exenciones y hacer rescisiones periódicas de las mismas para mantenerlas. De acuerdo con el grupo, lo anterior porque en el país hay más de 253 beneficios fiscales.
Reportes
Otras de las iniciativas tiene que ver con que la Administración Tributaria reporte y ponga a disposición –tanto de la academia como de la sociedad civil– bases de datos anonimizadas de las declaraciones de renta. De esta manera, habrá mayor transparencia al identificar, por ejemplo, si personas jurídicas comparables están recibiendo un tratamiento tributario similar.
“También permiten a la sociedad civil ejercer su derecho a conocer cuánto dinero se deja de recaudar por conceder beneficios, ya que el dinero que se deja de recoger en impuestos podría tener usos alternativos importantes aparte de estimular la industria”, señalan.
En lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado, indicaron que es inconveniente gravar la canasta básica familiar con IVA, dado que su efecto en la población más pobre sería negativo y que el Gobierno ha demostrado que no tiene la capacidad técnica de hacer una devolución efectiva del impuesto que llegue a toda la población pobre.
“Es importante señalar que el Gobierno nacional cuenta con otras alternativas para compensar el recaudo que se deja de percibir por no gravar con el IVA a la canasta familiar y corregir la regresividad de los beneficios tributarios en el IVA”, justificaron.
Otro tema en la iniciativa es crear un impuesto (sobretasa) al consumo de bebidas azucaradas de alcance territorial, garantizando que su recaudo sea usado para mejorar la salud pública. Asimismo, plantearon la necesidad de ampliar el hecho generador del impuesto a las emisiones de CO2 y de incrementar de forma progresiva la tarifa de este para que estos recursos sean utilizados en temas ambientales.
Mientras que para la economía digital se propone crear un nuevo impuesto que grave los servicios digitales en la medida que el beneficiario del servicio se encuentre en el territorio colombiano, el cual debería constituirse con una tarifa baja teniendo en cuenta que no es un impuesto deducible.
Otro punto incluye una propuesta a nivel educativo que busca implementar en los planes de estudio una asignatura obligatoria dirigida al entendimiento financiero del Estado.
“La propuesta, estaría acompañada de la idea de que la administración tributaria (con apoyo de la academia) realice jornadas de capacitación nacional en cultura tributaria en los niveles de educación básica, media y superior”, precisan.
Las ideas del viceministro
El viceministro Técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, dijo que la reforma fiscal que implementará el Gobierno debe tener “una visión clara de progresividad”, tanto en el gasto como en los ingresos de la Nación.
“Hay otras dos patas de la mesa que debe tener la discusión de la reforma. Es una discusión de eficiencia porque, para reducir la pobreza, no solo es necesario mejorar la distribución del ingreso, sino aumentar el crecimiento económico”, manifestó el viceministro.
Otro punto que se tendrá en cuenta será la sostenibilidad de la economía del país. Sobre este aspecto, las calificadoras de riesgo han advertido que, si la reforma no es sostenible, el país puede perder su grado de inversión.
“La reforma tiene que ser sostenible para que las mejoras en el bienestar sean capitalizadas a lo largo del tiempo. Hay una evidencia grande de que las mejoras en el bienestar de corto plazo que no son sostenibles, se revierten fácilmente”, expresó Zárate.
La propuesta de Clavijo
Sergio Clavijo, expresidente de Anif y actual docente de la Universidad de los Andes, planteó un paquete fiscal estructural que aumentaría el recaudo en 2,7% del PIB para 2021-2022, y en 3,9% entre 2021 y 2024, es decir, superaría las falencias actuales del Gobierno.
Lo anterior significa que, en promedio, la receta de Clavijo generaría ingresos adicionales por $27 billones en el corto plazo y de cerca de $40 billones en el largo plazo.
Se busca la expansión de la facturación del IVA, que actualmente es de 45%, a 90%; la ampliación del mismo impuesto a otros productos de la canasta familiar y la derogación de algunas exenciones; imponer gravámenes de renta a la clase media, a las pensiones superiores a $6 millones y a los activos desde $750 millones; y la modificación de impuestos al sector privado, como el ICA, la renta y la devolución del IVA por la compra de maquinaria.
En cuanto a IVA, la idea de Clavijo reuniría casi la mitad de lo que busca la incitativa, con 1,3% del PIB, lo que se traduce en un promedio de $13 billones.
Clavijo incita a gravar con renta de 1% a 5% a los salarios de entre $3 millones y $5 millones, que hoy no tienen tasa, y pasar de 5% a 10% a quienes ganen entre $5 millones y $10 millones. Para las pensiones de $6 millones, la tasa sería de 5% y para las que superen $15 millones, de 10%. Además, propuso gravar los activos desde $750 millones con o,25% y subirlo a 1%, a activos de hasta $5.000 millones.
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El recaudo en empresas acumularía 1,1% del PIB y se daría a través de la transformación del ICA a una sobretasa del IVA; con el aumento de la renta desde 30% a 33%; y con el tributo ‘Google’ de 3% sobre ventas de origen para facturación de $2,5 billones al año.