* Cautela en negociaciones Maduro-oposición

* Acuerdo humanitario para descongelar recursos

El principio de acuerdo al que llegaron las delegaciones del régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, tras el reinicio del diálogo este fin de semana en México, debe ser recibido con cautela.

De un lado, es esperanzador que las partes hayan podido volver a la mesa después de la ruptura de las conversaciones en octubre de 2021. Sin embargo, no se puede olvidar que esa interrupción la propició el régimen chavista como protesta por la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, quien está siendo juzgado por lavado de activos y otros delitos que involucrarían corrupción al más alto nivel con los dineros del presupuesto de Venezuela, cuya población soporta desde hace varios años una de las más graves crisis políticas, económicas, sociales, institucionales y de violación de los derechos humanos por parte de instancias oficiales.

También debe aplaudirse el pacto entre las delegaciones de Maduro y el líder opositor Juan Guaidó - reconocido por más de medio centenar de naciones como presidente legítimo del vecino país- para descongelar 2.700 millones de dólares de patrimonio venezolano en la banca internacional.

No se trata de una concesión gratuita al gobierno chavista. Por el contrario, esos recursos no serán manejados por la administración Maduro, sino que se movilizarán a través de un fondo externo que será administrado por Naciones Unidas y cuyo objeto principal será disponer recursos para atender situaciones críticas en materia asistencia social, sanitaria y frente a la drástica ola invernal que está azotando al país.

En ese orden de ideas, no puede entenderse el descongelamiento de estos fondos internacionales como un triunfo del gobierno Maduro, cuando en realidad lo que se está concretando es una medida humanitaria, en la que tanto la ONU como la propia oposición tendrán un rol activo sobre la destinación de los montos y la transparencia en su inversión.

No se puede perder de vista que, según algunos cálculos extraoficiales, hay por lo menos 22 mil millones de dólares del patrimonio venezolano congelados en el exterior. En modo alguno se puede permitir el acceso sin control a esos dineros por parte del régimen autoritario y dictatorial.

De hecho, la decisión del gobierno de Estados Unidos de aliviar las sanciones al gobierno Maduro tiene condicionamientos muy precisos: la autorización a la multinacional Chevron para reanudar operaciones en Venezuela está supeditada a que PDVSA -la debilitada petrolera oficial venezolana y caja menor del régimen- no reciba beneficios de esta operación comercial en hidrocarburos.

Visto todo lo anterior, queda absolutamente claro que desinforman los partes de victoria del gobierno Maduro en cuanto lo que pasó este fin de semana en México. Por el contrario, como bien lo recalcaron los voceros de la oposición: este es apenas un primer paso en el objetivo general tanto de todos los venezolanos como de toda la comunidad internacional, que no es otro que la convocatoria de un proceso de elecciones abiertas, transparentes y con vigilancia externa en 2024. Unos comicios cuya legitimidad depende de que el Palacio de Miraflores, las fuerzas armadas y de seguridad, así como los poderes públicos que hoy están cooptados por el chavismo cesen la persecución judicial y de toda índole a los partidos contradictores, la prensa libre, los empresarios y otros sectores. También es un inamovible la liberación de todos los presos políticos, así como la garantía para que se pueda realizar actividad proselitista a lo largo y ancho del territorio, sobre todo en las zonas en donde las instancias gubernamentales están en connivencia con grupos armados ilegales.

El regreso de la democracia a Venezuela es un imperativo que no se puede negociar. Tanto Guaidó como el resto de los voceros de la oposición han enfatizado que en la convocatoria a un proceso electoral transparente no puede haber cesiones al chavismo.

De igual manera, el gobierno chavista debe tener claro que los diálogos en México en modo alguno pueden ser utilizados como una estrategia de legitimización externa del régimen. Esa es una premisa en la que la ONU, la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de las naciones están alineadas.

Habrá que esperar qué pasa en las próximas rondas de negociaciones entre Maduro y la oposición. Por ahora debe saludarse este primer acuerdo de corte humanitario, pero hay que estar pendientes de que la exigencia principal, el retorno a la democracia, no se minimice ni flexibilice en aspecto alguno.