Al proyecto de ley de emprendimiento solo le falta la aprobación del Senado, luego de que recibiera el aval por parte de la plenaria de la Cámara de Representantes.

Esta iniciativa busca establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas y de los innovadores.

El articulado tiene cinco ejes principales, que incluyen medidas para la racionalización y simplificación de procesos, trámites y tarifas; acceso a compras públicas; acceso a financiamiento; actualización del marco institucional, y educación para el emprendimiento.

Respecto a las medidas de apoyo para las mipymes, busca implementar iniciativas que faciliten la creación y funcionamiento de las empresas a través de la exención del pago del registro Invima para microempresas y tarifas diferenciadas para las pequeñas empresas.

Así mismo, propone la creación de un mecanismo exploratorio de regulación de modelos de negocios innovadores (‘sandbox’ o arenero) para fomentar los emprendimientos de base tecnológica.

El documento del proyecto indica en su artículo 5 que el Gobierno deberá establecer una regulación complementaria que permita “crear un ambiente especial de vigilancia y control que facilite el desarrollo de modelos de negocio que apalanquen e impulsen la economía de alto valor agregado y sostenible”.

Comités

En este sentido se conformará un comité intersectorial que definirá y evaluará los requisitos mínimos necesarios que deberán contener las propuestas de proyectos novedosos y, así poderlas clasificar y trasladar a las entidades responsables de la supervisión. Además se incluirán al sector financiero y asegurador en dichos ‘sandbox’.

El proyecto también contempla la creación del “Sistema de Información de Actividades Económicas Informales (SIECI)” administrado por el DANE, y un sistema de contabilidad simplificada para las microempresas.

A su vez, incluye la posibilidad de introducir emprendimientos y mipymes en el sistema de compras públicas. Se pretende vincularlas en los procesos de mínima cuantía, establecer unos criterios diferenciales y diseñar factores de desempate a su favor para facilitarles el acceso a dicho mercado.

Al respecto, el documento establece que el Gobierno debe definir dichos criterios sobre reglas objetivas que puedan implementar las entidades estatales y dice que estas últimas deberán darle prioridad a los negocios nacionales y liderados por mujeres.

El título sobre acceso al financiamiento contempla medidas para garantizar el acceso al recurso a través de la modificación del objeto social del Fondo Nacional de Garantías y la inclusión de nuevas funciones y portafolio de servicios. El proyecto indica que esto lograría que las garantías que ofrece el Fondo “se puedan destinar a otros mecanismos de financiación diferentes al crédito tradicional”.

Autorizaciones

Se destaca el artículo 8, que indica que el Gobierno debe autorizar que las microempresas lleven contabilidad de acumulación, o de caja, o métodos mixtos según la realidad de sus operaciones.

Propone, asimismo, que las mipymes del sector agropecuario cuyas iniciativas se enfoquen en seguridad alimentaria, sostenibilidad productiva, cuidado del agua o que tengan efectos positivos con el medioambiente, tengan acceso a programas de capacitación y aceleración en condiciones especiales, como también a un sello de reconocimiento que acompañe la marca de sus productos.

Uno de los artículos que generó debate fue el número 35, que dice que el Gobierno debe destinar al “Fondo Mujer Emprende”, de manera anual y con cargo al presupuesto general de la Nación, los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de emprendimiento, la formalización, fortalecimiento y financiamiento empresarial de las mujeres.

La Cámara definió que será Innpulsa Colombia la entidad que administre el Fondo Mujer Emprende, pues ya tiene experiencia en el sector. Esta figura diseñará y ejecutará los programas para promover las empresas de las mujeres en Colombia.