* Cerco jurídico y político al presidente peruano

* Denuncia de la Fiscalía lo llevaría a antejuicio

La impresión de la generalidad de los peruanos es que su presidente Carlos Castillo no gobierna ya que se mantiene ocupado en defenderse de los líos judiciales en los que están envuelto él, su familia y funcionarios más cercanos. En tales circunstancias y con un Congreso de mayoría opositora, pese a sus intentos por flexibilizar a sus contradictores, es creciente la percepción pública en torno a que el gobierno de izquierda, más temprano que tarde, quedará acéfalo. En los más recientes sondeos la credibilidad gubernamental es cada día menor y su impopularidad se acerca al 70%.

Los hechos políticos y judiciales de esta semana parecieran confirmar ese escenario. De un lado, el intento del primer ministro Aníbal Torres en cuanto a que se citara en el Congreso la votación de una moción de confianza en el Gobierno no solo fue fallido, sino que produjo la intempestiva renuncia del alto funcionario. El Ejecutivo pretendía abrirle paso a la convocatoria de un referendo, pero bajo un procedimiento con visos de inconstitucionalidad ya que se saltaba la cerca del control legislativo. En tales circunstancias, las bancadas y expertos juristas advirtieron que el Presidente cruzaba la línea roja de sus funciones y se encaminaba a subvertir el orden institucional y legal.

Según la oposición, al parecer Castillo busca trabar una eventual destitución por parte del Congreso y con ese fin promueve una Constituyente, desconociendo que al saltarse la aprobación legislativa de ese instrumento viola la Constitución.

La urgencia gubernamental es mayor ya que el jueves pasado una comisión parlamentaria consideró procedente la denuncia interpuesta por la Fiscal General contra el Presidente, sindicándolo de tráfico de influencias y liderar una red criminal de corrupción. Si la siguiente instancia, es decir la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, también encuentra mérito en dicha causa, se abre la puerta de un juicio político a Castillo, en el marco del cual podría, incluso, como lo pide el ente acusador, podría ser separado del cargo mientras avanzan las indagaciones en el Congreso en pleno.

Como consecuencia de la renuncia del Primer Ministro, el Gobierno deberá conformar un nuevo gabinete, que sería de transición y que muy seguramente estará compuesto por políticos menores, dado que los de algún peso no quieren contaminarse del creciente desprestigio oficial. 

Pero el tema es aún más complejo. La Carta peruana sostiene que si este nuevo equipo de gobierno no es confirmado por el Congreso, el Ejecutivo podría disolver el Legislativo y convocar a elecciones. Frente a ello, los juristas advierten el riesgo de que el Legislativo, dominado por partidos de centro y derecha, niegue el voto de confianza a esa nueva nómina ministerial y ante ello Castillo proceda a ilegalizar el Parlamento y citar comicios. Es decir, que dilataría el juicio político y jurídico que están a punto de abrirle por los escándalos de corrupción, amaño contractual y tráfico de influencias. Para la oposición, esto confirma que el Presidente lo que quiere, en el fondo, es bloquear la acción de la justicia en su contra.

Aunque el Gobierno dice que la constituyente sería para cambiar las reglas del libre mercado, que considera han facilitado el crecimiento económico, pero también profundizado la pobreza y desigualdad, la oposición advierte que por esta vía se abriría una verdadera caja de pandora que pondría en peligro la estabilidad del país que, pese a los escándalos del Castillo y al cambio cuatro veces del gabinete, se ha mantenido hasta hoy. 

Queda claro que, en realidad, al accidentado gobierno, que ha sobrevivido a dos intentos de destitución en apenas dieciséis meses, se le están acabando las cartas marcadas para evitar ser destituido. También se evidencia que está dando palos de ciego. Incluso su propio partido ya se le separó y otros aliados políticos guardan silencio a la espera de abandonar el barco, sobre todo porque la Fiscalía tiene un expediente sólido para sustentar el juicio por parte del Congreso.

Esa debilidad gubernamental mantiene prendidas las alertas entre legisladores de la oposición para quienes es claro que los días del Gobierno están contados, no solo por los líos jurídicos del Presidente sino porque no tiene ninguna posibilidad el intento de avanzar de manera inconstitucional a una Constituyente. En ese marco, temen que el Ejecutivo, en medio de su desesperación por saberse al borde del abismo, proceda a un procedimiento espurio y claramente violatorio de la Constitución y la ley.