Otro sí parlamentario a juzgar por corrupción al presidente Castillo

AFP

Tramitar una imputación de la fiscalía contra el presidente izquierdista Pedro Castillo, a quien investiga por supuesta corrupción y pide separarlo temporalmente del cargo, aprobó una Comisión del Congreso de Perú.

"Hoy, en la sesión de la Comisión Permanente, se admitió a trámite la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo", anunció el jefe del Congreso, José Williams.

Dicha comisión, le otorgó un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que le presente "su informe final" sobre la denuncia de la fiscal general que pide separar temporalmente a Castillo de la presidencia mientras avanzan las indagaciones en su contra.

Dicha decisión abre las puertas para el inicio de un proceso de juicio político, que puede culminar en el pleno del Congreso si la Comisión Permanente aprueba el informe.

La tesis de la fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.

Fue esta denuncia la que gatilló la reacción de Castillo para pedir a la OEA que intervenga, invocando la Carta Democrática Interamericana.

Según Castillo, la fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, buscan "un golpe de Estado" atribuyéndole delitos que niega haber cometido.

Alega, además, que no puede ser investigado hasta el final del mandato, en julio de 2026.

Precisamente una misión de la OEA visitó Lima esta semana y se reunió con autoridades y opositores para tomar el pulso a la pugna entre poderes.

La decisión se produce el mismo día que se presentó otra denuncia constitucional contra el mandatario peruano, su primer ministro y todo el Ejecutivo.

La asociación civil Movimiento Integridad hizo la denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso asegurando que el Gobierno habría incumplido los artículos 90, 106, 108 y 133 de la Carta Magna peruano, al proponer una reforma que permitiera someter a referéndum más asuntos de gran importancia.

De acuerdo a dicha organización, el primer ministro actuó "inconstitucionalmente" al presentarse en el hemiciclo del Parlamento planteando una moción de confianza al Congreso para aprobar un proyecto de ley que reemplace a la actual ley que limita el referéndum.



Asimismo, desde Movimiento Integridad han argumentado que la aprobación y derogación de dicha ley "es competencia exclusiva y excluyente" del Congreso, y no del Gobierno.

Por ello, han asegurado que Castillo y sus ministros tendrían "el único propósito de forzar una negación de confianza y propiciar la disolución del Congreso, valiéndose, ilegítimamente, del artículo 134 de la Constitución", según ha recogido el citado diario.

Esta será la segunda denuncia constitucional que enfrentará el presidente peruano, después de que la Fiscalía General presentara ante el Congreso una acusación contra Castillo por ser, supuestamente, el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, favoreciendo a empresas privadas en procesos de licitación pública.

Con todo, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó el martes al Congreso del país que anule la denuncia por supuesta traición a la patria presentada contra el presidente peruano y aprobada por Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Tras dicha denuncia, en la que se solicitaba la inhabilitación del presidente por cinco años, el máximo intérprete de la Carta Magna peruana dio la razón a la defensa de Castillo después de que esta sostuviera que la acusación presentada por la subcomisión era arbitraria.

Castillo, en el poder desde julio de 2021, ya ha enfrentado dos intentos de destitución en el Congreso./Resumen Europa Press