Desde la última semana de septiembre, cuando finalizó el ciclo de entrega de subsidios por parte de la Unidad de Víctimas y del Distrito, decenas de familias indígenas Embera tuvieron que pasar la noche en carpas y cambuches en el Parque Nacional luego de que fueran desalojados de la casa en donde vivían, en el barrio Vista Hermosa de Ciudad Bolívar.

Han pasado dos meses desde aquel momento y la situación se ha visto agravada por una serie de condiciones tales como el invierno y las fuertes lluvias, así como la instrumentalización por parte de sus voceros quienes, como lo denunció el pasado 18 de noviembre el subsecretario de la Secretaría de Gobierno, Daniel Camacho, están condicionando el diálogo a contratos y a la financiación de cuatro ollas comunitarias.  

Con el escenario actual, en el cual sigue habiendo niños, mujeres y adultos mayores de esta comunidad en precarias condiciones de subsistencia, ¿cómo planea resolver el Distrito esta crisis humanitaria? Y aunque fue cancelado, la Policía Nacional autorizó un desalojo el pasado 22 de octubre que debería llevarse a cabo “usando la menor fuerza posible”, así que no viene de más preguntarse si esta es una posibilidad sobre la mesa.

Para despejar este panorama, EL NUEVO SIGLO habló con el Distrito y con concejales que han hecho denuncias a este respecto, y por lo menos por ahora, no se tiene previsto un nuevo desalojo.

“Justamente hace media hora me comunicaron el auto que expidió el inspector de policía que es competente para el tema de restitución, que había decidido suspender nuevamente la diligencia. Esa diligencia estaba inicialmente para realizarse el miércoles pero el inspector la suspendió hasta nueva orden”, sostuvo el subsecretario de Gobierno, Daniel Camacho.

Adicionalmente, el subsecretario explicó en dónde han residido las dificultades de diálogo pero reiteró que este se mantendrá, pues es fundamental para darle trámite a las variadas acciones afirmativas que el Distrito se trazó con todas las comunidades étnicas.

“El Distrito, en el Plan de Desarrollo Distrital (PDD), estableció que debían concertarse acciones afirmativas en un plazo de cuatro meses con enfoque diferencial con todas las comunidades étnicas. El Distrito se sentó con todas las comunidades y concertó 783 acciones afirmativas que se deben ejecutar en el PDD. Con la autoridad de los indígenas de Bacatá se concertaron 62 acciones afirmativas que ellos y nosotros queremos materializarlas, y para alcanzar ese propósito el diálogo es parte fundamental y lo mantendremos. Es imperativo”, puntualizó Camacho, quien reiteró la oferta que se les ha hecho en materia de alojamiento temporal.

“Nuestros ofrecimientos para alojamiento transitorio ya culminaron y no tenemos ningún otro inmueble en el Distrito que los pueda albergar. No tenemos más ofrecimientos en este momento. Ningún predio adicional a los ya mencionados. Pero frente a las acciones afirmativas el diálogo tiene que ser la constante. Sí o sí debemos dialogar para ver de qué manera les cumplimos”, señaló el Subsecretario.

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Temas estructurales

Ahora bien, varios concejales consultados por este medio lo que han dicho es que la actitud de la Alcaldía ha sido la de eludir la solución de fondo que demandan los pueblos indígenas, pese a que quedó contemplado en el PDD, lo que fue histórico para la ciudad capital. Para la cabildante indígena del MAIS, Ati Quigua, el problema es de falta de voluntad política.

“Nosotros lo dejamos en el PDD, en el Artículo 54 del presupuesto incluimos las garantías presupuestales para que este gobierno cumpla con los acuerdos y se solucionen estos temas, pero lo que yo veo es una falta de voluntad y de sensibilidad social frente a un tema humanitario que no se puede instrumentalizar políticamente. No hay un gobierno sensible. Están los acuerdos, yo como vocera del MAIS me apersoné para que quedaran contempladas metas claras en el PDD y están las garantías presupuestales. ¿Qué falta? Voluntad de la alcaldesa”, sostuvo a este medio la concejal Quigua. 

Añadió que esto se solucionará cumpliendo los acuerdos con las comunidades y no “escondiendo el problema, como si esta población afeara el parque. Atiendan el problema, no lo escondan. El país está en guerra, no tienen garantía para retornar a sus territorios. Mandarlos al parque de La Florida es esconderlos. Desde el Concejo incluimos, previendo esta situación, las metas y los presupuestos, y la alcaldesa con la misma sensibilidad que corre a rescatar a Transmilenio, debería dar la mano. Llevarlos a la Florida no es una solución”, indicó la cabildante del MAIS, quien llamó la atención sobre la falta de intérpretes en dichos diálogos.

En esto coincidió la concejal de Colombia Humana Susana Muhamad, quien indicó que las comunidades están pidiendo una reacción por parte del Gobierno nacional para que atiendan los procesos de retorno; no sienten que se ha generado un enfoque diferencial con las comunidades y no hay interlocución ni voluntad de negociación por parte del Gobierno nacional.

“Yo veo un patrón de tratamiento de la protesta social displicente con las comunidades, impositivo, que no escucha y que genera conflicto. Este gobierno se entiende como un prestador de servicios pero no como un garante de derechos. Estas comunidades ya están hartas de que les den el arrendamiento de un mes cuando lo que están pidiendo es una solución de fondo o que se les garanticen sus derechos, protegidos constitucionalmente. Pero el tipo de programas que reconoce el Distrito no reconoce esas formas de vida y son ayudas impuestas a la fuerza”, manifestó a este medio la concejal Muhamad.  

También, Luis Carlos Leal, de la Alianza Verde, indicó que no solo con lo que está pasando en el Parque Nacional y las comunidades que están allí alojadas, sino con la crisis social en toda la ciudad en Bogotá, el Distrito ha deslegitimado toda la lucha social de personas, como ocurrió con los recicladores de Puente Aranda.

“Con cualquier argumento justifican lo que probablemente va a ocurrir, que seguramente será un nuevo abuso a los derechos humanos con un desalojo con una intervención del Esmad”, advirtió Leal.

Añadió que, de acuerdo con las comunidades indígenas, lo que se negoció el año pasado en el Tercer Milenio se le incumplió a una población que no ha recibido realmente garantías de participación e incidencia, según lo contemplado en el artículo del PDD ampliamente citado en este análisis.

“Dicho artículo se compromete a tener en cuenta esa cosmovisión de las comunidades para su aplicabilidad en la ocupación del territorio, en la garantía de políticas incluyentes y en su participación como tal dentro de la ciudad. La concejal Ati Quigua ha denunciado que de esa meta solo se ha ejecutado el 0,8%, entonces no hay un interés claro y concreto por defender a esas víctimas. La ciudad es líder en recibir a esta población y con este desalojo que están planteando y que no sabemos cuándo lo van a desarrollar lo que harán es revictimizar a esta población”, declaró el concejal.