Los proyectos de infraestructura que requieren hoy las principales ciudades y regiones del país deberán tener inversiones de $63 billones, de acuerdo con cálculos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
Este hecho surgió dentro del marco de la Semana de la Infraestructura, evento en el que los alcaldes de las principales capitales de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) se hacen presentes.
Señala el gremio de la infraestructura que Bogotá, puntualmente, incorporó cerca de $40 billones para tal fin. Dentro de los proyectos a destacar están las construcciones del metro, de la troncal avenida Ciudad de Cali, de la troncal avenida 68, las ampliaciones de la Autopista Norte y de la carrera 7ª, así como la ALO y la avenida 13.
Cundinamarca, por su parte, reservó $8,8 billones para invertir en proyectos de infraestructura de transporte. Las iniciativas más destacadas allí son el Regiotram de Occidente, el tren entre Bogotá y Zipaquirá, la extensión del sistema Transmilenio a Soacha, además de la intervención de vías secundarias y terciarias.
Por los lados de Medellín y Antioquia, su idea es destinar $3,1 billones y $5,5 billones en iniciativas de infraestructura, respectivamente. Los principales proyectos de la región son el Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, la doble calzada Oriente, la vía de los embalses y la Conexión del Sur, además del desarrollo férreo.
De otra parte, un documento emitido por el Consejo Gremial, señala que según cifras del DANE, durante 2019 la infraestructura tuvo un crecimiento anual de 10,7%, siendo uno de los sectores motores del crecimiento económico del país, como consecuencia del avance en ejecución de varios de los proyectos de concesión vial 4G.
Estudio
En efecto, un estudio reciente de Fedesarrollo muestra el efecto multiplicador de la construcción de obras públicas sobre los demás sectores económicos: ante un incremento de $1 en la demanda de obras civiles, la producción de todos los sectores de la economía se incrementa en $2,7.
Sostiene el análisis que si bien durante los últimos años ha habido un avance importante en infraestructura gracias a los proyectos 4G y algunas grandes obras por concesión, el país sigue rezagado en materia de intermodalidad de transporte, asignación de recursos para la construcción de vías terciarias y legislación de las Asociaciones Público-Privadas, entre otros aspectos (Consejo Gremial Nacional, 2017). Estos temas representan grandes cuellos de botella para el transporte de mercancías y la competitividad sectorial, y resolverlos puede ser un motor importante para la agenda de reactivación económica.
Inversiones
Asegura el CGN que “aunque las grandes inversiones se han enfocado principalmente en la construcción de vías primarias, es necesario reconocer la importancia de las vías secundarias y terciarias que representan 22% y 69,5% de las carreteras del país, respectivamente. Las vías terciarias conectan a los productores agropecuarios con los centros de acopio y distribución, y se complementan con las vías primarias para llevarlos a los nodos de transporte y de consumo”.
En este sentido, la propuesta de construir y habilitar vías terciarias cobra una relevancia que va más allá de la reactivación económica; es un factor estructural que aumentaría la productividad y competitividad del sector agropecuario. Al ser un tema que compete a las entidades locales y departamentales, una fuente esencial de financiamiento para este tipo de proyectos es el Sistema General de Regalías, el cual cuenta con un presupuesto de $17,3 billones para la vigencia 2021-2022, por lo cual se hace un llamado a la acción de los alcaldes y gobernadores en la asignación de recursos para la construcción de vías.
Esta fuente de financiación se puede complementar con el Fondo Nacional para el Desarrollo de Infraestructura (Fondes) modificado en la Ley 1955 de 2019 y el presupuesto del Instituto Nacional de Vías, estimado en $2,1 billones para 2020 y $4,3 billones para el 2021, el cual además cuenta con un rubro de inversión de $2,47 billones para el desarrollo del programa Colombia Rural que serán ejecutados entre 2020 y 2022.