A las investigaciones penal por parte de la Fiscalía y disciplinarias de la Procuraduría por las irregularidades que condujeron a la crisis en la construcción de Hidroituango y que como consecuencia no haya entrado todavía en operación, se sumó ayer que la Contraloría General inició un proceso de responsabilidad fiscal contra 34 presuntos responsables de detrimento por $4 billones por fallas en planeación, entre quienes fueron vinculados los exgobernadores de Antioquia: Luis Alfredo Ramos, Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria, este último quien fue elegido en los comicios de octubre para un nuevo periodo al frente del departamento,  y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar.

También fueron cobijados por este proceso de responsabilidad fiscal por las fallas en Hidroituango el exgerente de EPM Juan Esteban Calle, y el actual gerente Jorge Alberto Londoño de la Cuesta; Federico José Restrepo, representante legal de EMP y miembro de la junta directiva de Hidroituango; Alejandro Antonio Granda, miembro principal de la junta directiva de Hidroituango.

De igual forma serán indagados otros miembros de la junta directiva de Hidroituango, como Álvaro Julián Villegas Moreno, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Sergio Betancur Palacio, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio, Ana Cristina Moreno Palacios, Jesús Alfonso Jaramillo Zuluaga, Iván Mauricio Pérez Salazar, Jesús Arturo Aristizábal Guevara, Jorge Mario Pérez Gallón, Rafael Andrés Nanclares Ospina, María Eugenia Ramos Villa y Sebastián Álvarez Díaz.

En el listado de investigados también aparecen Luis Guillermo Gómez Atehortúa, representante legal de la sociedad Hidroituango; Jhon Alberto Maya, quien también cumple esa función; Luis Javier Vélez Duque, representante legal de la Sociedad EPM Ituango; y Wilson Chinchilla, representante de EPM en la junta directiva de Hidroituango.

Así mismo por estos hechos serán investigadas varias empresas como Gestión y Auditoría Especializada, al igual que Integral S.A.; y los constructores de los consorcios CCC Ituango, Túneles Ituango FS y el interventor Ingetec-Sedic.

El contralor general, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, recordó ayer en medio de la rendición de cuentas de la Contraloría que “aceptamos el control excepcional a Hidroituango en el primer semestres de 2019. En tiempo récord logramos realizar las indagatorias necesarias para cumplirle al país en ese sentido”.

Añadió que “el hecho que Hidroituango no se haya puesto aún en funcionamiento significa pérdida de recursos importantes de los colombianos (…) necesitamos recuperar $4 billones invertidos en la obra. Hay que determinar quiénes fueron los responsables de las decisiones mal tomadas en esta importante obra”.

El contralor Córdoba dijo que “se abre el proceso de responsabilidad fiscal a tomadores de decisiones que afectaron la operación de Hidroituango”.

El detrimento por un total de $4.075.680.000.000 que determinó el control excepcional de la Contraloría es la suma de dos hallazgos fiscales: $2.971.400.000.000, a raíz de las mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto; y $1.104.280.000.000 por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente.

Tras culminar el respectivo proceso de notificación de este auto de apertura, el Despacho de la Contralora Delegada Intersectorial No. 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General procederá a citar a versión libre a los presuntos responsables y decretará y practicará las pruebas a las que haya lugar.

Después de este trámite, la Contraloría General de la República procederá a tomar la decisión que en derecho corresponda, de conformidad con los establecido en el artículo 46 de la Ley 610 de 2000 (archivar o imputar).

El control excepcional

El llamado a 34 personas, entre ellos los exgobernadores de Antioquia, Ramos, Gaviria y Fajardo, así como el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, se desprende del control excepcional de la Contraloría al proyecto Hidroituango, cuyos resultados hizo público en septiembre pasado.

Entre los hallazgos del órgano de control encontró situaciones de riesgos de daño o deterioro de algunos equipos, mayores costos por almacenamiento de los que no se han podido poner en servicio, así como riesgos de estabilidad en algunas zonas.

Para la Contraloría, una de las decisiones tomadas por EPM que mayor impacto causó al proyecto, fue la no construcción de las guías de las compuertas de cierre de los túneles de desviación.

De igual forma la Contraloría General indicó que “la construcción de la galería auxiliar de desviación se hizo en contravía a las recomendaciones de la Junta de Asesores de EPM, que señaló siempre la necesidad de ajustarse a los diseños originales”.

La Contraloría estima en $839.454 millones la afectación patrimonial que trajo la decisión de permitir el paso del río Cauca por la casa de máquinas, sin incluir algunos eventos cuya cuantía está por determinar.

Aunque EPM invirtió $1.003.758.301.984 para acelerar el proceso de terminación de construcción de la presa y entrada en operación en la fecha programada, a fin de no renunciar a sus ingresos futuros y evitar la ejecución de las garantías otorgadas, la CGR evidenció que no se cumplió el hito 8 del contrato BOOMT ni las actividades 362 y 364 del mismo, es decir la entrada en operación de las Unidades 4, 3 y 2.

El lucro cesante consolidado del proyecto se calcula en $1.1 billones; y se estableció un presunto detrimento al patrimonio público por valor de $2,9 billones, correspondiente a lo que se estima es la destrucción de valor, debido a las mayores inversiones realizadas, sin entrar en operación.

El control excepcional al proyecto Hidroituango fue realizado por un experto equipo de auditores y profesionales de la Contraloría, que contó en el tema financiero con el apoyo de expertos analistas de la Universidad Nacional.

La razón para señalar esta situación es que según la Contraloría General se evidencian debilidades en los estudios técnicos tanto en obras de la logística inicial, como de las obras principales, que ocasionaron modificaciones a los contratos por mayores cantidades de obras, inclusión de nuevos ítems, rediseños y cambios de técnicas constructivas, lo que generó mayor tiempo y costos para el proyecto.

Otro aspecto importante que hace ver el informe de la Contraloría es que la valoración económica que actualmente hace EPM del proyecto contempla que en años siguientes se recuperará, a través de las pólizas, un daño emergente y un lucro cesante que, de no recibirse, afectará negativamente las expectativas económicas que se tienen sobre el proyecto a mediano y largo plazo.