Reducir salario a congresistas ahorraría $16.000 millones al año | El Nuevo Siglo
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Miércoles, 27 de Noviembre de 2019
Redacción Política
La rebaja de sus sueldos incluiría a los magistrados de las altas Cortes y al Presidente de la República

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Una reducción del 15% en el salario de los congresistas propuso el presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal. Esta rebaja de sus sueldos incluiría a los magistrados de las altas Cortes y al Presidente de la República.

“Ante la crisis que está viviendo Colombia, indudablemente todos los sectores debemos hacer un aporte. El Congreso de la República no puede pasar de agache. Yo, como Presidente del Congreso, propongo la reducción del 15% del salario de todos los congresistas. Esto sería un gran aporte a la crisis y que esos recursos vayan a los sectores más necesitados de nuestra nación”, dijo García.

En la actualidad, el salario mensual de los congresistas es de $32.741.000. Con la reducción propuesta por García se ahorraría un promedio de $4.911.150 por congresista. Teniendo en cuenta que el Congreso tiene 280 legisladores, al año se dejarían de pagar $16.501.464, que se podrían destinar a proyectos sociales.

Antecedente

La idea, sin embargo, tiene futuro incierto. En la pasada legislatura se hundió un proyecto de ley producto de la consulta anticorrupción que tenía como fin reducir el sueldo de estos funcionarios a 25 salarios mínimos legales vigentes ($20.172.900).

Según la exposición de motivos de dicho proyecto, que ni siquiera tuvo debate en la Comisión Primera de la Cámara, “Colombia es uno de los países del mundo con mayor desigualdad en el ingreso. Nuestro país es el sexto en el mundo con el índice de Gini más alto, solo superado por algunos países de África y por Honduras”.

Además, el proyecto indicaba que, en América Latina, “actualmente Colombia es el segundo país con la mayor desproporción entre el salario de los Congresistas, altos funcionarios y el salario mínimo”.

El proyecto argumentaba que “disminuir la remuneración mensual de los congresistas de 40 a 25 salarios permitirá reducir la brecha entre el ingreso de los congresistas y el promedio de los ciudadanos y además ubicaría la asignación salarial de los Congresistas en un monto más acorde con el promedio de los Ministros en Colombia y los Congresistas de los países de América Latina”.

La iniciativa indicaba a su vez que fijar el límite de salario de los congresistas en 25 salarios mínimos “favorece los recursos públicos de la Nación, debido a la reducción en el monto salarial de los congresistas, y a la reducción de las demás asignaciones salariales de otros servidores públicos de altos ingresos estipuladas de acuerdo con este parámetro”.

Ahorro

Para los autores de la iniciativa (congresistas de la Alianza Verde, el partido Farc, la Lista de la Decencia y Colombia Justa Libres), con una reducción del salario a 25 salarios mínimos el Estado se ahorraría “$10.692.714 en el salario mensual de cada congresista, según datos de 2016. Este valor multiplicado por 268 congresistas equivale a un ahorro de $2.865.647.352 mensuales, es decir casi $3 mil millones mensuales. Incluyendo dos primas al año equivalentes a 1,5 salarios, este ahorro equivale a $38.686.239.252 anuales (equivalentes al 7,7% del presupuesto anual del Congreso en 2016), lo que representa aproximadamente $154.745 millones en un período de cuatro años”.

Cuando el proyecto intentó ser debatido, 37 de los 38 miembros de la Comisión Primera de la Cámara se declararon impedidos, argumentando que sus curules podrían ser demandadas pues podrían ser acusados de legislar en causa propia, incurriendo así en el llamado conflicto de intereses.

En su momento el representante por el Valle del Cauca, John Jairo Hoyos, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), les advirtió a sus colegas que si no declaraban su impedimento los recusaría para que el caso fuera estudiado por la Comisión de Ética de la corporación. La única parlamentaria que se negó fue Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, quien hasta último momento trató de salvar la iniciativa. "Está es una norma general que aplica a todos los funcionarios por igual y por eso decidí no declararme impedida", explicó la legisladora.