En un nuevo capítulo de la trama en la que se ha convertido el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) elaborado por la actual Administración del alcalde Enrique Peñalosa, ayer hubo un giro inesperado y esta hoja de ruta, que definirá el futuro del ordenamiento urbano de la ciudad, deberá volver al Concejo de Bogotá.
Esto responde a un auto que ayer hizo público el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual esta instancia le ordenó al Cabildo Distrital, reasumir el estudio del POT.
“Ordénese a todos los concejales que integran el Concejo Distrital de Bogotá, que procedan a continuar con el primero y segundo debate para la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial, y si es del caso y necesario después de votar cada una de sus normas y no mediante votación en bloque del proyecto, a introducir las correspondientes modificaciones, atendiendo a razones únicamente técnicas y no políticas”, puntualizó el nuevo auto frente al POT.
De esta manera, estableciendo que se efectúe una votación de cada una de las normas que componen este articulado, esta nueva decisión por parte del Tribunal Administrativo establece que el Concejo tendrá un término de cinco días para que se surta el primer debate, y otro de ocho días para que se realice el segundo, comenzando a contar a partir de ayer.
Para ello está previsto, además, que el Alcalde Mayor, “si es del caso, deberá convocarlos a sesiones extraordinarias y sobre lo cual también es responsable el Presidente de las respectivas comisiones y de la Plenaria del Concejo Distrital”, puntualiza el auto.
¿Qué puede hacer el Concejo de Bogotá? Este órgano tiene tres opciones: apelar la decisión; pedirle al Tribunal una aclaración o interponer una acción de tutela.
Entonces a partir de ayer el Concejo de Bogotá tiene 13 días para aprobar, tanto en Comisión del Plan, como en la respectiva plenaria, el POT, pero el trámite se suspendería mientras se llevan a cabo estos recursos. Y adicionalmente, es importante señalar que ayer en horas de la mañana el Tribunal entró en paro, por lo que el término de los 13 días estará suspendido mientras se mantenga en el mismo.
Los antecedentes del auto
En una primera medida, es importante aclarar que esta nueva decisión en torno al POT, es una decisión judicial que está relacionada con el fallo 4.18, que señalaba que el POT tenía 12 meses para ajustarse al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Bogotá, Pomca, aprobado por la CAR el pasado 2 de abril.
Esos 12 meses se cumplen el 1 de abril de 2020, y es fundamental tener claro que para esa fecha es imposible que la entrante Administración tenga listo para revisión del Concejo de Bogotá, un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.
Por eso mismo, el pasado 6 de noviembre de este año, poco después del hundimiento de este POT en la Comisión del Plan, los 45 concejales fueron vinculados a un incidente de desacato, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca entonces le solicitó al Cabildo, así como a su Presidenta, que explicaran las razones de su decisión.
“Se requerirá al Concejo del Distrito Capital, por conducto de la presidenta electa, para que dentro del término de tres días, responda e informe sobre las razones técnicas como jurídicas que se tuvieron en cuenta para no aprobar el proyecto de Acuerdo del POT presentado por la actual Administración”, puntualizó a comienzos de este mes el auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. A este respecto, es importante aclarar que 34 de los 45 concejales respondieron.
Reacciones
Una de las primeras personas en reaccionar fue la exsecretaria del Hábitat, María Mercedes Maldonado, quien desde la noche del miércoles advirtió de la decisión que se haría pública ayer cuando trinó lo siguiente: “En medio del rechazo al asesinato de Dilan Cruz y del paro convocado para mañana, esperen tamaña sorpresa de la magistrada Villamizar, la autodenominada mamá del río Bogotá”.
Posteriormente, ayer a primera hora de la mañana, Maldonado dijo que, “la magistrada Villamizar, en un auto de 378 páginas y dentro de un incidente de desacato, ordena a todos los concejales de Bogotá continuar el trámite del POT de Peñalosa y votar todas y cada una de sus normas y no en bloque, para cumplir una orden cuyo plazo no ha vencido”.
Uno de los primeros concejales en responder a este auto fue el del Polo, Miguel Sarmiento, quien dijo que interpondrían los recursos contra esta decisión. “No hay desacato porque no se ha vencido el término fijado en la sentencia, además el POT de Peñalosa no se limita a adoptar el Pomca, va mucho más allá”, puntualizó el cabildante.
Por su parte, la concejala del partido Alianza Verde y una de las ponentes del proyecto, Lucía Bastidas, dijo ayer que el POT se hundió en la Comisión del Plan sin contemplar ningún aspecto relacionado con el río Bogotá. “De acuerdo con los tiempos ya no se puede hacer nada en menos de 18 meses, hay una orden judicial, ¿y ahora? Quedamos en el limbo jurídico”, señaló.
Así mismo su compañera de partido, María Fernanda Rojas, cuestionó la legalidad de esta decisión. “Ordenarle al Concejo que vuelva a votar el POT que ya negó me parece ilegal. Respeto el fuero de los jueces, pero creo que la magistrada Villamizar se equivoca. Estamos revisando con mi equipo las acciones de respuesta”, indicó.
Al cierre de esta edición el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aún no había hecho la notificación oficial al Concejo de Bogotá, por lo que esta entidad no se declaró al respecto.
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