Según la CEJ, la Jurisdicción Especial de Paz sigue en mora en la implementación de mecanismos adecuados para la divulgación de sus actuaciones
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Si bien la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) creó un espacio de relatoría en su sitio web para que la ciudadanía conozca sus decisiones, “algunas salas y secciones no tienen totalmente actualizada la información de sus autos y sentencias” y “siguen sin publicarse de manera periódica y desagregada las cifras de gestión de la JEP”, aunque da cuenta de 11.468 personas que se han sometido a la jurisdicción.
Así se desprende del informe ‘¿En qué va la JEP?’, elaborado por el Observatorio JEP Visible de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y que evalúa el desempeño de esta jurisdicción en el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de octubre pasados.
Principales actuaciones y decisiones
El informe destaca que esta jurisdicción especial abrió los primeros cuatro procesos en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
El primero sobre ‘Retenciones ilegales presuntamente cometidas por miembros de las Farc-Ep entre 1993 y 2012’, que vincula a 31 ex integrantes de las Farc-Ep; También solicitó informe de las actividades relacionadas con compromisos pendientes frente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y del listado de personas retenidas ilegalmente, y convocó a 25 víctimas de secuestro entre ellas Íngrid Betancourt, Luis Eladio Pérez, Alan Jara y Clara Rojas.
Igualmente, la JEP abrió el incidente para verificar el cumplimiento con la jurisdicción por parte de Hernando Darío Velásquez, conocido como ‘El Paisa’.
El segundo caso se relaciona con la situación en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño) por hechos ocurridos entre 1990 y 2016 atribuidos a las antiguas Farc y algunos a la Fuerza Pública.
La Sala priorizó estos municipios debido a la gran cantidad de víctimas que se encuentran inscritas en los registros oficiales y de ONG, y resalta que el “89% de los habitantes de estos municipios hace parte de alguna comunidad étnica y la mayoría vive en pobreza extrema”.
El informe agrega que la JEP estableció que “las comunidades han sufrido casos de desplazamiento forzado, lo que pone en peligro su supervivencia”, y recuerda que algunas etnias cuentan con medidas cautelares otorgadas por el Sidh por hechos relacionados con el conflicto armado.
El tercero se refiere a los ‘falsos positivos’, y consigna que en el Auto 005 del 17 de julio de 2018 “más del 90% de los miembros de la Fuerza Pública que se han acogido voluntariamente a la JEP tienen que ver” con este tipo de conductas.
Y el cuarto caso apunta a la situación territorial en la región de Urabá: Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, y Dadeiba (Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía, y Acandí (Chocó), por hechos cometidos por las antiguas Farc y miembros de la Fuerza Pública.
De acuerdo con el Auto 040 del 11 de septiembre de 2018, uno de los informes allegados por la Fiscalía contabilizó 3.523 procesos radicados por hechos victimizantes en esa zona.
A ello se agrega que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha inscrito a 787.000 víctimas por hechos perpetrados en los mismos municipios priorizados, la mayoría por desplazamiento forzado, desapariciones forzadas y violencia de género, que afectaron en especial a comunidades étnicas y a miembros de la Unión Patriótica.
Mientras, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas citó varias audiencias para la ratificación de compromisos por sometimiento a la JEP, entre ellos al general (r) Mario Montoya, investigado por presuntas ejecuciones extrajudiciales.
El informe, no obstante, afirma que “estas audiencias han sido objeto de críticas por el excesivo ritualismo que las ha caracterizado y la falta de claridad sobre el papel y derechos de las víctimas en su desarrollo”.
Principales autos y resoluciones
En el corte de cuentas se destaca que la Sección de Apelaciones revocó las decisiones de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas mediante las cuales se había negado la solicitud de sometimiento a la JEP de los ex congresistas Álvaro Ashton y David Char.
La Sección consideró que la relación con el conflicto armado “no se circunscribe a la comisión de crímenes de guerra, infracciones al DIH, graves violaciones a los DDHH o crímenes de lesa humanidad”.
Frente al caso de ‘Jesús Santrich’, pedido en extradición por Estados Unidos por supuesto narcotráfico, la Sección de Revisión decretó pruebas e inaplicó por inconstitucional el Artículo 54 de la Ley de Procedimiento de la JEP, aunque dos de sus magistrados salvaron el voto.
Asimismo, la Unidad de Investigación y Acusación decretó pruebas e inició proceso de solicitud de medidas cautelares sobre bienes incluidos en el inventario de las antiguas Farc.
Relaciones de la JEP y la Fiscalía
A la fecha de corte, la Fiscalía había entregado nueve de los 17 informes que presentará a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, relacionados con material probatorio sobre los crímenes más graves ocurridos en el marco del conflicto.
Algunos de estos se relacionan con las retenciones ilegales de menores atribuidas a las Farc; violencia de género y secuestro, mientras que otros vinculan a agentes del Estado con el genocidio de la Unión Patriótica, ‘falsos positivos’ y violencia de género.
La CEJ también destaca en su informe que se han registrado roces entre Fiscalía y JEP por conflicto de competencias; que hubo una inspección judicial de la Fiscalía a la sede de la JEP, pero que se acordó un trabajo armonioso de colaboración y respeto mutuos.
Agenda legislativa
El Observatorio JEP Visible señala que “aún está pendiente de publicación el texto completo de la Sentencia C-080/18 de la Corte Constitucional sobre la Ley Estatutaria de la JEP”.
En este sentido, recuerda que hay cuatro demandas en curso frente a la Ley 1922 del 18 de Julio de 2018 (Normas de Procedimiento de la JEP), que están pendientes de ser falladas