- Tres meses del gobierno Duque
- Va quedando atrás la pugnacidad
A tres meses de posesionado el presidente Iván Duque el gran activo fijo, hasta el momento, consiste en haber despresurizado al país e irlo sacando de la polarización negativa en que estaba sumido. Desde ese punto de vista las sinergias son mucho más fáciles y se demuestra, de alguna manera, que la orientación del Gobierno está dirigida a buscar la concertación sobre los temas antes que imponerlos a rajatabla.
Es posible, al mismo tiempo, que el presidente Duque aparezca como un moderado frente a los gobiernos anteriores que buscaron sacar sus políticas a como diera lugar, sin necesidad de buscar el consenso. De hecho, esa palabra no tuvo buen recibo durante las últimas dos décadas por cuanto se consideraba que con las mayorías parlamentarias era suficiente para imponer la agenda. En todo caso, en algunos momentos de estos últimos tiempos se recurrió a lo que entonces se llamó el “estado de opinión” a fin de generar el mayor respaldo político posible, o de, en otras circunstancias, respaldarse excesivamente en la opinión y el espectro internacionales para sacar la agenda interna adelante. De esa forma, cuando se trató de la Seguridad Democrática no se recurrió al consenso sino a las mayorías, y lo mismo sucedió con el tema de la paz, que fue obsesión permanente del gobierno de Juan Manuel Santos.
El estilo, en estos tres meses, con un Presidente joven, ha cambiado por completo. No sale del twitter presidencial ninguna ofensa contra nadie ni mucho menos polémicas con los máximos dirigentes del país o incluso botafuegos contra las instituciones. El lenguaje, en ese sentido, es por tanto renovador y fundamentado en la idea de buscar las cosas positivas del país.
Pero que al presidente Duque, frente al ambiente que venía previamente, pueda calificársele de moderado no implica, de ninguna manera, que no aplique sus convicciones con el rigor y el empuje correspondientes. Basta, por ejemplo, con revisar el decreto antidroga para darse cuenta que, cumpliendo con la socialización de toda política pública, ha tenido éxito y permitido recuperar a parques, colegios y universidades del microtráfico. Y lo mismo puede decirse de las conversaciones con el Eln.
De otro lado, el presidente Duque creó una gran mesa de concertación nacional con el objeto de sacar adelante los proyectos anticorrupción que, si bien no consiguieron el umbral legal, sí fueron considerados por la administración como un mensaje perentorio de la opinión pública que, por lo demás, él mismo se había comprometido de antemano a sacar adelante. Todo ello hoy, sin embargo, está pendiente de trámite en la legislatura y en una parte decisiva depende de la voluntad del Congreso más que del arbitrio presidencial.
En esa vía, no obstante el mayor compromiso del presidente Duque ha sido el de cambiar la noción de la política colombiana, sumida en un transaccionismo perverso entre las tres ramas del poder público. Bajo esa perspectiva el Primer Mandatario ha proscrito lo que llaman la “mermelada”, lo que antes se decía “las lentejas”, en el propósito de que se evite el contubernio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así lo demostró el presidente Duque con los nombramientos en los ministerios e institutos. Y si bien ello ha causado malestar en el partido de gobierno y de algunos aliados, lo cierto es que, en este trimestre, el país ha conseguido un respiro bajo estas tesis del joven gobernante. En algunos casos se ha dicho que la denominada “mermelada” se ha mantenido a nivel local y en otros aspectos se ha aumentado el rubro de los denominados “cupos indicativos”, lo que en cierta manera es una perturbación de la tesis general. Aun así, lo que interesa es el ataque frontal contra la corrupción, de modo que estos no terminen en los bolsillos de los parlamentarios y sus comodines, sino que sirvan verdaderamente para las obras de bienestar regional y municipal.
La prueba ácida del gobierno Duque será, en esta legislatura, el trámite de la Ley de Financiamiento estatal. Como se sabe, el Presidente se dio la pela de incluir el IVA a la canasta familiar, a un promedio entre el 18 y 17 por ciento, a fin de conseguir la porción sustancial de los 14 billones de pesos en que está desfinanciado el presupuesto nacional para 2019. No obstante, frente a la polémica de los intereses sectoriales es posible que ello sea modificado en el Congreso. En ese orden de cosas, sin embargo, el gobierno Duque ha sostenido, como en los demás casos, que no está cerrado a escuchar todo tipo de alternativas, de manera que es presumible que saldrá una reforma tributaria consensuada a partir de diferentes opciones.
Lo que interesa pues, faltando seguramente otros ejemplos, es que hay un mandatario con un estilo diferente, lejano de la pugnacidad y el divisionismo que a la larga tanto daño le han hecho al país.