Implementar rápido fondo de pérdidas y daños
Faltó más ambición en disminución de los GEI
El combate al cambio climático es, sin duda, la principal urgencia de la humanidad. La Conferencia de las Partes, que reunió en Egipto por veintisieteava ocasión a todos los países firmantes de los tratados contra el calentamiento global, dejó en evidencia que los gobiernos están cada vez más conscientes de la imperiosa necesidad de disminuir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) pero las medidas que se adoptan cumbre tras cumbre todavía son insuficientes para afrontar un fenómeno que no solo está generando una creciente cantidad de tragedias al año, con un saldo fatal cada vez más alto, sino que deteriora inexorablemente la calidad de vida de toda la población, poniendo en peligro el futuro de las próximas generaciones.
Esta circunstancia es la que explica por qué las conclusiones de la COP27 dejaron un sabor agridulce. Por el flanco optimista debe resaltarse la voluntad de todos los países en torno a acelerar sus políticas y compromisos para limitar la emisión de gases contaminantes y agilizar la transición de energías de fuente fósil (petróleo, gas y carbón) a las renovables (solar, eólica, nuclear, de hidrógeno y otras).
En esa misma línea, sin duda es acertado el calificativo de “histórico” que los organizadores del cónclave egipcio dieron al acuerdo para crear un Fondo de Pérdidas y Daños, cuya principal tarea es financiar las estrategias de lucha contra el cambio climático en los países más pobres y vulnerables, que no solo son los más afectados por el aumento de la temperatura media global sino que, además, tienen una muy baja tasa de emisión de GEI, en contraposición a Estados Unidos, China y otras grandes potencias que producen más de tres cuartas partes de los mismos.
Desde hace varias décadas los países subdesarrollados venían urgiendo que las naciones que más contaminan –y por ende son mayormente responsables del calentamiento global– dirigieran recursos para ayudar a sufragar en las más vulnerables las “pérdidas y daños” producidos por el cambio climático. Es decir, que aportaran para costear asuntos como la reconstrucción de viviendas, infraestructura, cultivos, recuperación de suelos, protección de áreas naturales y nodos ecosistémicos así como otro tipo de inversiones que realizan estos gobiernos para enfrentar crudos inviernos y sequías. En ese mismo concepto entra lo relativo a nutrir los presupuestos destinados a impulsar la transición energética y desarrollo sostenible, recuperar la seguridad alimentaria, asistir al campesinado, contener la migración poblacional forzada por cambios climáticos extremos e incluso la preservación de aspectos socioculturales afectados por la alteración de la cosmovisión y modus vivendi…
Estos dos elementos derivados de la COP27 son determinantes, a no dudarlo. Sin embargo, los compromisos en cuanto a acelerar la disminución de gases contaminantes y avanzar a un mayor uso de fuentes energéticas sostenibles aún son muy discrecionales por parte de cada nación. La idea de aumentar la obligatoriedad gradual y vigilada en estos dos flancos quedó en veremos, una vez más. El propio secretario general de la ONU advirtió una falta de ambición y decisión al respecto.
En cuanto al citado Fondo es claro que apenas si se está en la primera fase del proceso. La implementación, reglamento y, sobre todo, la garantía de que las grandes potencias e incluso la banca multilateral girarán los recursos quedó en manos de un comité de transición que tendrá un año para avanzar en la materia. Ya los países más desarrollados se habían comprometido en 2009 a girar a partir de 2020 no menos de 100 mil millones de dólares anuales para ayudar a financiar el combate al cambio climático. Sin embargo, no se ha alcanzado esa meta y, por el contrario, la crisis pandémica y el duro coletazo socioeconómico llevó a varias potencias a disminuir sus promesas de aportes. Ojalá en la COP28 ya esté definida toda la estructura y se apruebe. Lo cierto es que se requiere una gran voluntad política para hacer una realidad esta iniciativa de corresponsabilidad financiera mundial, más aún teniendo en cuenta que se calcula que las pérdidas y daños por el calentamiento global podrían llegar a oscilar entre 290 mil y 580 mil millones de dólares anuales al final de esta década.
Como se ve, el cónclave en Egipto terminó en una especie de claroscuro. Más consciencia mundial del riesgo vital por el cambio climático pero muchas promesas y compromisos no vinculantes para combatirlo, cuando lo que se esperaba eran decisiones más concretas y exigibles.