* Pulso por las alzas en matrículas universitarias
* Más allá del consenso logrado el viernes pasado
El principio de acuerdo al que llegaron el viernes pasado el ministro de Educación y los rectores de gran parte de las universidades privadas del país en torno a los reajustes en el valor de las matrículas para el 2023 generó reacciones encontradas.
Para algunos sectores el consenso en torno a que los incrementos no deberían ir más allá del 12,2% (el porcentaje de inflación causada a octubre) es una medida ponderada en cuanto permite a las instituciones de formación poder mantener a flote sus escenarios financieros de corto y mediano plazos. Para otros, en especial algunas organizaciones de estudiantes y padres de familia, incrementos de esa cuantía no se compadecen con la difícil situación económica por la que atraviesa el país, especialmente la derivada de la escalada en el costo de vida este último año, que obviamente ha golpeado la capacidad adquisitiva de los hogares y, por ende, su margen de acción para seguir costeando el valor de los semestres.
Como se dijo, lo que hay hasta el momento es un consenso que el propio Gobierno calificó de “casi mayoritario”. De hecho, la legislación vigente permite a las universidades poder aplicar alzas en las matrículas por encima de la inflación causada, caso en el cual deben justificar ante el Ministerio del ramo las razones que soportan dicha decisión, todo esto dentro del esquema de libertad vigilada.
No es, entonces, un tema fácil de dilucidar. Se podría decir, incluso, que tanto a las directivas universitarias como a los estudiantes les asiste la razón. Las primeras señalan claramente que las estructuras de sus costos han aumentado por circunstancias objetivas como la inflación, mayores inversiones en calidad y cantidad de profesores para procesos de acreditación, mejoras estructurales y tecnológicas e incluso el coletazo del impacto de la pandemia. Esto último porque muchas de estas instituciones aplicaron de forma directa y por cuenta propia alivios en materia de rebaja en el costo de los semestres y otros rubros, todo con el fin de asistir a sus alumnos en medio de la crisis sanitaria. Era imperativo asegurar que los estudiantes pudieran continuar con sus carreras y evitar que se dispararan los índices de deserción. Incluso, ya sin tener el covid-19 como amenaza, debe destacarse que para 2023 algunos claustros han anunciado reajustes menores a ese 12,2%.
También son entendibles las razones de los movimientos estudiantiles que han realizado protestas por el incremento planteado para el próximo año por sus respectivos claustros. Es innegable que un incremento en promedio del 12% o más en las matrículas llevará a que muchos alumnos tengan que retirarse temporal o definitivamente. El efecto de la inflación es demoledor y generalizado. Aunque existe la posibilidad de acudir a mecanismos como créditos de la banca privada, los ofrecidos por las mismas instituciones e incluso los del Icetex, no se puede desconocer que los intereses han subido por cuenta de las propias decisiones del Banco de la República para tratar de atajar la disparada del costo de vida. De hecho, aunque esta última entidad anunció semanas atrás que ofrecerá préstamos con tasa de interés cero (solo cobraría el porcentaje de crecimiento del Índice de Precios al Consumidor anual), lo cierto es que este alivio solo aplicará para el segundo semestre del año entrante y la inflación causada de este 2022 ya se sabe que estará por encima del 12%, lo que obviamente impacta el valor del crédito, así no tenga una tasa adicional.
¿Entonces? Se necesita un acuerdo equilibrado en el que universidades, estudiantes y Gobierno logren un punto de consenso mayor al avanzado el viernes pasado. Debe partirse de premisas básicas en cuanto a que si las instituciones no tienen recursos suficientes la calidad misma de la instrucción que imparten se verá afectada. Y también es de lógica sencilla que si aumentan las tasas de deserción porque los alumnos no pueden sufragar las alzas en las matrículas, los ingresos de las entidades de educación superior igualmente disminuirán. El Ejecutivo, a su turno, necesita ser más proactivo en formular planes de apoyo efectivos e inmediatos para claustros y estudiantes.
Solo la semana que entra se sabrá el recibimiento que finalmente tenga el consenso logrado el viernes. Por ahora es claro que la situación sigue tensa y el problema de fondo, que no es otro que el alto impacto inflacionario, es un flagelo macroeconómico que depende de factores nacionales e internacionales que no desaparecerán en el corto plazo.