* Urge no ‘legitimar’ al régimen chavista
* Elecciones libres, un inamovible general
Infructuosos han sido hasta el momento los esfuerzos de gobiernos europeos y latinoamericanos por lograr que los representantes de la oposición y el régimen venezolano retornen a la mesa de negociaciones en México, con miras a allanar las bases de un acuerdo que permita no solo convocar elecciones libres y transparentes en ese país sino que cese toda la persecución política y judicial contra los partidos contradictores al mandato de facto de Nicolás Maduro, incluyendo la liberación de cerca de 300 presos políticos.
La semana pasada, al amparo del Foro de París sobre la Paz, auspiciado por el gobierno de Emmanuel Macron, representantes del régimen y delegados de Juan Guaidó, considerado por medio centenar de naciones como presidente legítimo e interino de Venezuela, se reunieron para analizar la posibilidad de reanudar las conversaciones que fueron suspendidas en octubre de 2021. Como se recuerda, el Palacio de Miraflores congeló la mesa en protesta por la extradición desde Cabo Verde a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado por la justicia norteamericana de lavado de activos y otros delitos derivados de negocios ilícitos con el gobierno chavista.
Al final del encuentro en la capital gala las declaraciones de los delegados de las partes fueron muy cautelosas en cuanto a si se volverían a sentar a la mesa en México. Aunque de un lado y otro se dijo que existía la “voluntad” de diálogo, lo cierto es que pasadas las horas y los días quedó en claro que la desconfianza entre las partes sigue tanto o más alta que cuando las negociaciones se rompieron hace más de dos años.
Para la oposición es claro que no se trata simple y llanamente de volver a la mesa. Se requieren, en su concepto, compromisos claros en torno a que el régimen no aprovechará el escenario internacional para tratar de ‘legitimar’ o ‘lavarle la cara’ a un gobierno claramente dictatorial, que ha violentado todos los cánones democráticos, es señalado por la ONU y la OEA de vulnerar los derechos humanos e incurrir en delitos de lesa humanidad, al tiempo que sumió a todos los venezolanos en una crisis política, económica, social e institucional sin antecedentes, al punto que llevó a la migración forzada de seis millones de sus nacionales.
Maduro y compañía, a su turno, quieren, a priori, que muchos gobiernos y entidades continentales y trasnacionales les empiecen a levantar sanciones comerciales, diplomáticas y económicas, al tiempo que insisten en tratar de desmentir las denuncias de la oposición sobre las evidentes trampas en las elecciones, la represión a sus partidos y líderes así como la innegable cooptación de poderes para constituir un mandato típicamente autoritario.
Es claro que, por el momento, el objetivo general es lograr que las elecciones presidenciales programadas para 2024 se puedan llevar a cabo de manera abierta, transparente, con vigilancia multinacional y completas garantías de participación para todos los partidos, sin importar su corriente ideológica. Sin embargo, el régimen chavista le pone múltiples peros a esta posibilidad, constatando así que no quiere dejar el poder ni arriesgarse a un dictamen popular limpio y contundente.
No se puede negar que hay otros elementos geopolíticos que impactan la posibilidad de retomar o no estos diálogos en México. De un lado, en medio del alargamiento de la guerra en Ucrania las reservas petroleras venezolanas, e incluso la necesidad de repotenciar su alicaída industria de hidrocarburos, ha tomado más importancia. También es claro que aunque hay un avance de gobiernos de izquierda en Suramérica, la postura mayoritaria en la OEA sigue inclinada por condenar al régimen dictatorial y respaldar la oposición encabezada por Guaidó. A ello se suma que por más que pidan que se retomen los diálogos en México, tanto Estados Unidos como la Unión Europea no han flexibilizado las sanciones más fuertes a Maduro y compañía…
Así las cosas, lo que queda claro es que si bien el grueso de la comunidad internacional está mediando para que el régimen y la oposición venezolanas vuelvan a negociar y busquen una salida democrática e institucional a la crisis generalizada en ese país, en modo alguno se quiere correr el riesgo de darle vitrina o ‘legitimar’ un gobierno paria, de facto, antidemocrático y violador de los derechos humanos, como el de los chavistas.