* Urge que el Gobierno concrete su propuesta
* Reforma no se puede ideologizar ni imponer
La necesidad de una reforma al sistema pensional en Colombia nadie la niega. Múltiples informes públicos y privados advierten falencias en cobertura, sostenibilidad financiera y la estructura misma del modelo para garantizar una jubilación segura y estable, no solo a las personas que tienen ese derecho adquirido por haber cotizado durante su vida laboral, sino también a los adultos mayores que por distintas circunstancias no cumplen los requisitos mínimos para acceder a una mesada o a cualquiera de los mecanismos asistenciales vigentes.
De hecho, la pensional es una de las reformas más analizadas de las últimas dos décadas sin que la reingeniería se haya podido concretar. Distintos gobiernos han prometido ajustes de fondo pero, al final, no llevaron los respectivos proyectos al Congreso o en este las iniciativas terminaron hundiéndose. Quizá, por lo mismo, buena parte de los ajustes al modelo de jubilación se han viabilizado a partir de jurisprudencia de las altas cortes o por decisiones administrativas, que tienden a ser de corto alcance.
Incluso bien podría decirse que la crisis pensional es una de las más diagnosticadas. Son innegables las dificultades para acompasar el funcionamiento del llamado Régimen de Prima Media -de carácter marcadamente público, con el mayor porcentaje de jubilados y cotizantes, en cabeza de Colpensiones- y el de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) -que corresponde a los fondos privados, los cuales tienen un volumen menor de afiliados y pueden realizar inversiones con los recursos que administran-.
De igual manera, son muchos los estudios que advierten el bajo porcentaje de empleados y trabajadores independientes que cotizan de forma permanente al sistema pensional. A este fenómeno, que tiene como principal causa la alta informalidad del mercado laboral, debe sumarse un creciente número de personas que no tienen asegurado un ingreso para una vejez digna.
Hay otras problemáticas inocultables como el peso cada vez mayor en el presupuesto público del rubro de pago de jubilaciones; la insostenible fórmula que permite que en el Régimen de Prima Media las mesadas más altas tengan que ser subsidiadas por el grueso de los aportantes, pese a tener ingresos menores; las polémicas por el mecanismo de cálculo para fijar el monto de los pagos mensuales; el impacto del aumento de la expectativa de vida de los colombianos en la sostenibilidad financiera del sistema a mediano plazo; la inflexibilidad de la jurisprudencia sobre los derechos adquiridos y cómo dicha circunstancia limita el alcance de las reformas; la deficiencia del actual sistema para acomodarse a las nuevas realidades de un mercado laboral, lo que al final se convierte en una barrera para ampliar la cobertura; y la urgencia de encontrar mecanismos que permitan afiliar y cotizar a millones de personas que devengan menos de un salario mínimo mensual…
Frente a todo ello el gobierno Petro acaba de presentar las bases de su propuesta de reforma pensional, que se sustenta en tres pilares: el primero, de carácter solidario, implicaría una especie de renta básica correspondiente a medio salario mínimo para personas que no alcanzan a obtener una pensión. El segundo eje sería el contributivo, que cobijaría a los trabajadores que devengan hasta cuatro salarios mínimos y aportarán obligatoriamente a Colpensiones. Y una tercera modalidad, en la que estarían los empleados o independientes que ganen más de cuatro sueldos básicos que harían aportes adicionales a los fondos privados.
Como era apenas obvio, de inmediato se generó una polémica por el alcance de esta reforma, que apenas si fue delineada. Exministros, centros de estudios económicos, expertos nacionales e internacionales, sindicatos, congresistas y todos los actores del sistema dieron sus primeras opiniones, muchas de ellas abiertamente contradictorias y críticas.
El propio presidente de la República dijo ayer que el ajuste al sistema de jubilación no se impondrá y será concertado en todas las instancias nacionales. Una decisión más que acertada. Pero para avanzar en esa dirección es imperativo que el Ejecutivo aterrice su propuesta en un borrador de reforma concreto, integral, con estudios y cifras a la mano. Sobre esa base cierta todo el país podrá analizar su viabilidad para advertir falencias o señalar bondades. Sobre un tema de tanto impacto público, acudir al ‘cuentagotas’ para revelar las bases del ajuste resulta desgastante y profundiza el ya de por sí marcado clima de incertidumbre sobre la política económica oficial.
Como se dijo, en un tema tan delicado lo mejor es presentar ya la propuesta de reforma pensional del Gobierno y que arranque un debate a profundidad, realista, informado, ajeno a populismo y sesgos ideológicos. Un debate incluyente y prioritariamente técnico. Solo así se podrá radicar un proyecto de ley ponderado e integral al Congreso en marzo próximo.