* Los niños en mira de múltiples violencias
* Drasticidad penal y recomposición social
“La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices”. Esta frase es atribuida por muchos tratadistas a Albert Einstein, a quien se considera uno de los seres humanos más inteligentes de la era moderna.
Si se aplica, en toda su dimensión, el mensaje intrínseco de dicha premisa tendría que concluirse que, por lo visto en las últimas semanas, pareciera que una pequeña porción de la sociedad colombiana está involucionando. No de otra manera se puede explicar los casos cada vez más recurrentes, dramáticos e indignantes de bebés, niños y adolescentes que son asesinados, torturados, violados o agredidos física y sicológicamente en nuestro país. Los pormenores de los homicidios y atropellos contra los seres más indefensos evidencian tan nivel de sevicia y barbarie que cuesta creer que existan personas tan descompuestas y deshumanizadas que cometan esta clase de crímenes. La estupefacción es mayor cuando las autoridades logran comprobar que los homicidas y agresores son, en no pocos casos, las madres, padres, padrastros, hermanos, familiares y allegados a esos menores de edad.
Las cifras son alarmantes. Un reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses daba cuenta de que entre enero y septiembre de este año no menos de 1.400 niños y adolescentes perdieron la vida en medio de circunstancias violentas. Es decir, que en los primeros nueve meses los homicidios aumentaron un 8% frente a igual periodo de 2021 y casi que se doblaron los de 2019. De ese total de muertes este año, los asesinatos ascendieron a 470, en su mayoría jóvenes entre los 12 y 17 años. A ello se suma que 15 mil menores fueron agredidos sexualmente. De igual manera, el aumento de la violencia en varias regiones ha dejado un número creciente de menores víctimas de reclutamiento forzado, masacres, asesinatos selectivos, amenazas, trabajo forzado y otros atropellos. No menos grave es el incremento de la tasa de violencia intrafamiliar, así como de delitos cometidos por personas que no llegan a los 18 años. Adicionalmente, resurgieron picos de desnutrición de niños y adolescentes, agresiones en entornos escolares, atracos a la salida de sedes educativas, deficiencias puntuales en el Programa de Alimentación Escolar e incluso un incremento en el trabajo infantil…
Si bien es cierto que la legislación colombiana tiene penas muy altas para los condenados por delitos atroces contra menores de edad, incluyendo hasta 60 años de cárcel, preocupa que la posibilidad de castigos tan drásticos no esté sirviendo de elemento disuasivo en este flanco.
Entre las muchas reacciones de rechazo y condena a estos delitos graves contra los más pequeños, hay algunas que llaman la atención. Como se indicó antes, hay expertos que advierten una especie de involución de algunos integrantes de la sociedad colombiana. Sus acciones son tan ajenas a cualquier resquicio de humanidad y mínimo respeto por el indefenso e inerme, que resulta casi que imposible entender qué puede mover a una persona a incurrir en este tipo de acciones. Lo más complicado es que hay diagnósticos sociológicos que insinúan que este tipo de descomposición poblacional no es nueva, sino que existe hace mucho tiempo, pero el foco nacional y mediático estaba puesto en las incidencias, igualmente dramáticas, del conflicto armado interno y las violencias cruzadas derivadas.
Frente a todo lo anterior, es evidente que lo primero es exigir de las autoridades la máxima diligencia para capturar y procesar a los culpables de estas agresiones a los bebés, niños y adolescentes. Los jueces, en el marco del debido proceso, deben imponerles las condenas más altas posibles y restringir cualquier posibilidad de que accedan a beneficios penales o penitenciarios. De hecho, debe destacarse que la Fiscalía, en los primeros nueve meses de 2022, avanzó en el esclarecimiento de 228 asesinatos de niños, niños y adolescentes. Es decir 53% de los casos conocidos.
A la par de lo anterior, se requiere una profundización más eficaz del trabajo con las familias y comunidades para promover el respeto por los derechos de los menores de edad. También es imperativo fortalecer los múltiples sistemas de alerta temprana para así poder intervenir de forma más efectiva cuando algún pequeño esté en cualquier tipo de riesgo. Es urgente reducir, entonces, los índices de victimización y consolidar más espacios seguros para niños y adolescentes. Mientras ello no se concrete, parafraseando a Einstein, Colombia difícilmente se podrá catalogar como una nación que progresa. Por el contrario, parecería involucionar.