* Lecciones aprendidas de crisis 2010-2011
* Es imperativo movilizar a todo el Estado
Una de las mayores tragedias naturales en Colombia en lo corrido de este siglo fue la fuerte oleada invernal 2010-2011. Los informes oficiales de la época señalan que hubo más de 3,1 millones de damnificados, las pérdidas de vidas estuvieron por encima del medio millar, el 96,4% de los municipios del país sufrieron algún tipo de afectación, más de 1 millón de hectáreas de tierra productiva se inundaron y el monto de las pérdidas fue tasado en 11,2 billones de pesos, en gran parte por daños en infraestructura vial, destrucción de viviendas, acueductos, cosechas frustradas y averías en bienes públicos y privados impactados por la drasticidad de las lluvias, que superaron todos los promedios históricos.
En ese entonces, octubre 2010-mayo 2011, el principal factor disparador de la oleada invernal fue la presencia del fenómeno climático de La Niña. Como se sabe, en este 2022 esa circunstancia también está presente, con el agravante de que su intensidad ha sido más larga de lo esperado, al punto que algunos pronósticos meteorológicos nacionales e internacionales advierten que sus efectos podrían extenderse hasta febrero de 2023. De nuevo, como una década atrás, los promedios históricos de pluviosidad son inéditos, obviamente incididos por un cambio climático que hoy tiene más efectos negativos e irreversibles que los de hace once años.
Según los datos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres esta ola invernal ya causó más de 200 mil familias afectadas, alrededor de 240 muertes, 230 puentes vehiculares y 295 acueductos afectados, así como más de 1.112 sedes educativas impactadas. No se tiene todavía un cálculo sobre la extensión de cultivos perdidos pero es sustancial. Ya 26 departamentos y más de 400 municipios declararon el estado de calamidad pública, pero la cantidad de poblaciones con emergencias de distinto nivel es mayor. Si bien ya se redirigieron 2,1 billones de pesos (provenientes de presupuesto no ejecutado este año) a financiar la atención primaria, los cálculos de la citada Unidad, según lo indicó su director en entrevista dominical con este Diario, es que se requerirían alrededor de 9,3 billones de pesos para subsanar el efecto total de la oleada invernal que, se supone, debería estar cediendo hacia finales de diciembre pero algunas proyecciones advierten que podría extenderse a enero.
Se trata de un monto muy alto que es imperativo movilizar pero que todavía no se sabe cómo será sufragado en su totalidad. Se está hablando aquí de cerca de la mitad de lo que el Gobierno piensa recaudar en 2023 durante el primer año de vigencia de la reforma tributaria que esta semana debe terminar de ser aprobada por el Congreso.
Pero el de los recursos no es el único obstáculo a superar. Si bien desde el 1 de noviembre el Ejecutivo declaró la situación de “Desastre de carácter nacional”, lo que ha permitido hacer destinaciones presupuestales extraordinarias, crecen las voces que consideran que la dimensión de la crisis invernal requiere una figura que permita mayor capacidad de acción por parte de las autoridades nacionales, como lo sería la declaratoria de una emergencia económica, social y ambiental.
Ayer el Gobierno anunció la activación de una sala de crisis que funcionará las 24 horas del día así como la instalación, a partir de hoy, de un Puesto de Mando Unificado (PMU), encabezado por el Presidente de la República. Asimismo, convocó la Junta Directiva del Fondo de Atención de Riesgos con el objetivo de aprobar las asignaciones presupuestales que le permitan responder a la emergencia invernal.
Sin embargo, desde las gobernaciones y alcaldías se está urgiendo una mayor agilidad en las esferas nacionales. Se denuncia que hay zonas en emergencia en donde está llegando de forma tardía la asistencia humanitaria y de primera fase, en tanto que no se agiliza la reubicación de damnificados como tampoco la elaboración de los censos para establecer el número de afectados y qué tipo de ayuda coyuntural y estructural requerirán.
Visto todo lo anterior, es evidente que atender la oleada invernal, como lo fue en marzo de 2020 hacer frente al comienzo de la pandemia, debe elevarse ya a prioridad del Gobierno nacional y sus pares departamentales y municipales. Urge evitar a toda costa que esta segunda temporada de lluvias siga agravando sus dramáticas consecuencias y lleve al país a una crisis de la dimensión de la de 2010-2011.