* No se puede correr ningún riesgo
* Viabilizar solución a problemas contractuales
En legislación ambiental uno de los principios básicos es el de precaución, un concepto que parte de la base de aplicar medidas preventivas y de protección cuando hay sospechas fundadas de que determinado proceso o acción podría representar un riesgo grave para la salud pública o el entorno natural. En ese marco circunstancial se opta por suspender precautelativamente el proyecto, diligencia, uso de producto o determinación, así no se cuente todavía con la evidencia objetiva y científica para sustentar la decisión.
Y eso, precisamente, es lo que muchos sectores están urgiendo respecto a la cuenta regresiva para prender las turbinas I y II del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, el más grande del país y que, una vez esté en pleno funcionamiento, debería suplir no menos del 17% de la demanda energética del país.
Luego de varios aplazamientos y anuncios fallidos en el último año, el plazo máximo para que el complejo comience a activarse vence el próximo 30 de noviembre. Sin embargo, la posibilidad de cumplir con este requisito es cada día más difícil porque todavía está pendiente una serie de pruebas técnicas de alta ingeniería, más monitoreos geológicos para asegurar la estabilidad del macizo rocoso que alberga la infraestructura de la represa así como el plan de contingencia aguas abajo del río Cauca con el fin de prevenir inundaciones en poblaciones ribereñas. Esta es un peligro aún mayor dada la drasticidad de la ola invernal que tiene el nivel de ese afluente ya en una cota muy alta a lo largo de todo su cauce.
Aunque Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Alcaldía de la capital antioqueña venían insistiendo en que todo estaba listo para un “encendido seguro” de las turbinas hoy o, a más tardar, al cierre de esta semana, lo cierto es que hay múltiples alertas de autoridades ambientales, ministeriales, de asociaciones de ingeniería y academia, así como de los organismos de prevención y atención de emergencias para que se aplace la prendida de las turbinas hasta que todas las pruebas técnicas, monitoreos geológicos y planes de contingencia estén cien por ciento listos y no exista el menor riesgo para la población y la infraestructura física del complejo hidroeléctrico y sus operadores.
De hecho, hoy se está llevando a cabo un simulacro de evacuación de no menos de 3.500 personas que habitan en corregimientos a las orillas del río Cauca, en los municipios de Valdivia, Tarazá, Briceño e Ituango. La Gobernación, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la Cruz Roja, cuerpos de bomberos, Defensa Civil, Policía así como personal de Invías y EPM están al frente de este procedimiento con el fin de calibrar la logística, tiempos de respuesta y tareas de cada institución en caso de presentarse una emergencia.
Obviamente, es claro que una de las urgencias de EPM como operadora del complejo es evitar una multa por más de 850 mil millones de pesos que se activaría en caso de que el proyecto no comience a funcionar antes del 30 de este mes. Precisamente por eso la multilatina antioqueña la pidió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que amplíe dicho plazo debido a la necesidad de garantizar un prendido seguro de las turbinas, sobre todo porque primero deben cumplirse los requerimientos de las autoridades ambientales, de prevención de riesgo y otros más en materia técnica y geológica.
Lo importante es que dada la importancia estratégica del proyecto hidroeléctrico y la necesidad de tomar todas las precauciones para un prendido de las turbinas seguro y funcional, ese mayor plazo se pueda viabilizar. Es claro que hay obligaciones contractuales y compromisos de suministro que honrar, pero también deben contemplarse una serie de situaciones excepcionales e imprevisibles antes de hacer efectivas multas y garantías.
No hay que olvidar que ya en 2018 se presentó un daño grave en el complejo, que generó una emergencia de marca mayor y tuvo un costo fue billonario. Al final, la crisis se pudo neutralizar en tanto que el cuantioso monto fue cubierto por las aseguradoras.
Por el momento, como lo reiteramos en editorial anterior, debe aplicarse la máxima cautela. Todo riesgo debe ser minimizado al extremo, sin excusa alguna. El encendido seguro del proyecto no puede apresurarse por ninguna circunstancia. El principio de precaución así lo aconseja.