Se podría creer que por haberse aprobado la reforma tributaria habrá dinero suficiente para financiar todo tipo de gasto y en cualquier cantidad. Ello no es así, sin embargo.
Primero, porque es tal la presión de gasto que enfrentamos, que los $ 20 billones que se van a recaudar con la nueva reforma corren el riesgo de transformarse en una gota de agua en el torrente de necesidades de nuevo gasto público que se vislumbran.
Para poner un solo ejemplo: el solo déficit del fondo de estabilización de combustibles que el próximo año ascenderá- como están las cosas- a una cifra no inferior a los $ 30 billones, tendrán que enjugarse como un gasto corriente del presupuesto nacional. Y este solo déficit, para que se tenga una idea del torrente represado de gastos públicos con que nos enfrentamos, es el equivalente a una vez y media todo lo que se va a recaudar con la reforma tributaria.
Y, en segundo lugar, porque no todo lo que se recaude con la reforma podrá ir a financiar gasto público por restricciones legales. Una parte importante de los recaudos esperados tendrán que ahorrarse, de acuerdo con lo dispuesto por la regla fiscal. Es decir: tendrá que llevarse a disminuir el déficit y no a atender las venas rotas del gasto público que se otean en el horizonte. Quizás esta fue la razón que tuvo del ministro Ocampo cuando se sintió cohibido para responder con claridad la pregunta que insistentemente se le formuló durante la discusión de la reforma tributaria, a saber: ¿en qué se van a gastar los dineros que se recauden?
Para aclarar la afirmación anterior resulta útil transcribir integralmente un párrafo que se encuentra en el último informe que rindió la comisión autónoma de la regla fiscal (septiembre de 2022): “Los recursos provenientes de la reforma tributaria deberán ser incluidos en los escenarios fiscales, teniendo en cuenta que los gastos estructurales solo podrán ser financiados por ingresos estructurales. Los recursos adicionales, provenientes del ciclo económico y petroleros positivos, o de transacciones de única vez, deberán ser ahorrados, con lo cual se contribuirá al ajuste ordenado en las finanzas públicas. El CARF se pronunciará sobre esta materia cuando se perfecciones la reforma tributaria”.
Si tenemos en cuenta que más del 40% de los recaudos de la nueva reforma tributaria provienen de gravámenes y sobretasas que se han impuesto a las actividad minero-energética, es decir, a fuentes cíclicas y no estructurales, ello significa que una suma considerable de lo que se recaude con la reforma tributaria tendrá que ser llevado al ahorro y no al gasto. O sea, a reducir el déficit fiscal que según reciente declaración del Dr. Juan Pablo Córdoba, presidente de la comisión autónoma de la regla fiscal al periódico El Tiempo de octubre 27 está “cercano a los $ 100 billones”; cifra realmente espeluznante.
No hacerlo significaría quebrantar la regla fiscal que el ministro Ocampo ha dicho hasta la saciedad que se observará. O, simplemente, que se están haciendo las cuentas de la lechera.