*Necesidades de asistencia ya son billonarias

*Alerta por riesgo de repetir tragedia 2010-2011

La crisis invernal en todo el país no cesa. Por el contrario, semana tras semana no solo crece el saldo mortal sino el número de damnificados así como la dimensión de las afectaciones en viviendas, cultivos, escuelas e infraestructura vial, principalmente.

Las cifras de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres son alarmantes. Hay 26 departamentos y 402 municipios con declaratoria de calamidad pública. Las familias afectadas ya sobrepasan las 200 mil y se han perdido casi 240 vidas por el impacto invernal. A ello deben sumarse casi 230 puentes vehiculares y alrededor de 300 acueductos impactados al igual que 1.110 instalaciones educativas. Miles y miles de hectáreas están hoy inundadas, generando una pérdida cuantiosa a los campesinos de distintas zonas del país, lo que a su turno se convierte en otro factor de presión inflacionaria.

El panorama, como se ve, es crítico. De hecho, en entrevista que publicamos en la edición dominical de hoy, el director de la citada Unidad advierte que el país atraviesa la etapa más complicada de la segunda temporada invernal del año. Los pronósticos del Ideam y los promedios históricos señalan que hacia mediados de diciembre debería empezar a ceder el alto volumen de lluvias, pero es claro que con la presencia del fenómeno climático de La Niña, cuya principal consecuencia es un aumento de las precipitaciones y las bajas temperaturas, esta contingencia podría extenderse hasta el comienzo de 2023.

En la última semana la cantidad de emergencias por inundaciones, deslizamientos, crecidas súbitas de ríos y quebradas así como por otros daños y accidentes producidos por la fuerza de las aguas se ha multiplicado. En algunas regiones los cuerpos de socorro no dan abasto y la capacidad de las alcaldías y gobernaciones para asistir a los damnificados es cada día menor. De hecho, en el Congreso se escucharon sendos llamados de auxilio por parte de parlamentarios para que el Sistema Nacional de Prevención y Atención sea más activo y pueda llegar a comunidades que han sido fuertemente golpeadas.

Como se ve, se requiere una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades. No solo debe abocarse un esfuerzo logístico de alta complejidad, sino también un proceso que exige destinar una cantidad ingente de recursos. Los presupuestos de algunas alcaldías y gobernaciones para dirigir a este frente ya se agotaron y se espera que desde la esfera nacional se redoble el nivel de apoyo y asistencia a las administraciones locales y regionales, sobre todo en momentos en que el país se encuentra en medio de un ya declarado “estado de desastre natural”.  

Incluso, el director de la Unidad señala que ya el Gobierno destinó 2,1 billones de pesos del presupuesto no ejecutado por algunos ministerios para la primera fase de la atención de esta emergencia. Sin embargo, alertó que la inversión final podría llegar el próximo año a no menos de 9,3 billones de pesos. Esta cifra, para hacerse una idea de la magnitud del daño invernal, es casi la mitad de lo que recaudaría en un año la reforma tributaria que está a punto ser aprobada por el Congreso.

Incluso, dada la gravedad de esta coyuntura climática, hay expertos que alertan en torno a que la afectación podría ser similar a la que se produjo en la temporada invernal 2010-2011, cuando -también por la presencia del fenómeno de La Niña- fue necesario acudir a un plan de choque para auxiliar a los damnificados, reconstruir centenares de viviendas, recuperar cultivos, reparar infraestructura así como proporcionar techo y comida a decenas de miles de familias en todo el país. Incluso se creó para los efectos la iniciativa público-privada “Colombia Humanitaria”, que estaba encargada de coordinar los trabajos y realizar mesas de donantes locales y externos.

Lo importante, en todo caso, es que el Estado responda de una manera más eficiente a este desafío de amplias implicaciones para la vida, bienes y fuentes de ingresos de millones de colombianos. Es momento de llamar a la solidaridad nacional con los compatriotas que están sufriendo los rigores del cambio climático. No hay tiempo que perder.