Castillo en la cuerda floja | El Nuevo Siglo
Viernes, 11 de Noviembre de 2022

* Ad portas de un antejuicio por traición a la patria

* Se estrecha cerco judicial y crece debilidad política

 

Desde la posesión de Pedro Castillo como presidente del Perú su gobierno se visto involucrado en 182 escándalos y polémicas por presunta corrupción, irregularidades administrativas, decisiones controversiales e incluso señalamientos de violaciones flagrantes a la Constitución. Incluso, cuando apenas era mandatario electo se hicieron famosas sus desapariciones así como las reuniones en la semiclandestinidad con gentes personas ligadas a negocios turbios.

Por cuenta de las múltiples denuncias en su contra, el Jefe de Estado inca ha pasado más tiempo defendiéndose que gobernando. Ello en tanto varios de sus familiares ligados al gobierno o con acceso a los vínculos de poder están siendo juzgados, ya fueron detenidos o huyen de la justicia.

Aunque ha logrado superar difícilmente en estos quince meses de accidentada gestión dos intentos de destitución y censura, que lo dejaron políticamente muy debilitado, incluso con su partido dándole la espalda, la situación se le complicó aún más ayer. Esto porque la Subcomisión de Acusaciones del Parlamento aprobó, en una votación de 11 votos a favor y 10 en contra, un informe que pide acusar y procesar, en una instancia de antejuicio, al mandatario de izquierda, sindicándolo de incurrir en el delito de traición a la patria por considerar que su país podría conceder una salida al mar a Bolivia.

Según el informe que elaboró el congresista Wilson Soto (Acción Popular) y sustentó Diego Bazán (Avanza País), Castillo debería ser procesado, condenado e inhabilitado por cinco años de la función pública. Ahora le corresponde al pleno parlamentario, en donde el Ejecutivo ya no tiene las mayorías, decidir si habrá antejuicio formal al Presidente.

Es de anotar que Castillo ya está acusado formalmente por la Fiscalía de varios casos de corrupción y tráfico de influencias. De hecho, se le sindica de encabezar una presunta “organización criminal” con el propósito de amañar las contrataciones públicas.

Este caso es el más complicado toda vez que la fiscal general Patricia Benavides hizo, unas semanas atrás, la respectiva denuncia por traición a la patria ante el Congreso de la República. Se trata de un procedimiento excepcional que se aplica a los altos funcionarios del gobierno acusados de graves delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En este caso se delega el debate sobre la inmunidad presidencial a la decisión del poder legislativo.

Esta es la primera vez la primera vez que dicha norma se aplica a un gobernante en ejercicio. Según el artículo 117 de la Constitución, el Presidente solo puede ser acusado, durante su mandato, por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso salvo en los casos previstos por la ley, o impedir a los organismos electorales que se reúnan.

Benavides denunció la existencia de un entramado criminal “enquistado en el Palacio de Gobierno” para defraudar a la Nación. No solo puso en la mira a Castillo sino a dos de sus exministros por casos de politiquería, cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas e incluso abuso de las facultades presidenciales. Como si fuera poco, la cabeza de la Fiscalía advirtió que el primer anillo de poder del mandatario ha tratado de obstruir el proceso judicial, acudiendo incluso al “amedrentamiento” en contra de ella y su familia.

La situación político-judicial del gobernante es tan delicada que sus abogados le aconsejan no hablar del tema, salvo para denunciar presuntos excesos y sesgo político de la Fiscalía. Incluso, en vez de intentar demostrar su inocencia o de rebatir las gravísimas acusaciones, ahora sale con el argumento delirante de un eventual y fantasmagórico golpe de Estado en su contra. Es más, ante esta eventualidad llegó a decir que estaba dispuesto a sacrificar su vida.

Como se ve el margen de acción para el gobernante ya es muy estrecho. Por la gravedad de las denuncias el Parlamento ya no puede eludir las evidencias y deberá proceder al juicio político. No hacerlo sería una muestra intolerable de connivencia con las anomalías en la cúpula del Ejecutivo, al decir de los analistas.

A ello debe sumarse que en otros sonados casos judiciales está investigada su esposa, varios de sus colaboradores más cercanos, así como sus sobrinos, uno de los cuales se encuentra prófugo de la justicia…

El cerco judicial, entonces, a Castillo se estrecha cada vez más y las expectativas sobre su permanencia en el poder a largo plazo disminuyen rápidamente. De hecho, algunos analistas ya consideran inminente que se sumará, más temprano que tarde, a la larga lista de mandatarios peruanos procesados, destituidos, encarcelados o forzados a renunciar en las últimas tres décadas.