* Control en tiempo real, el principal reto
* Lupa a proceso de curules para víctimas
En cuatro meses los colombianos deben ir a las urnas. El 13 de marzo están citados para elegir senadores y representantes a la Cámara así como a votar en las consultas interpartidistas de las coaliciones que competirán por la Casa de Nariño. Obviamente una de las prioridades en estos momentos es el arranque de todo el operativo para garantizar la máxima transparencia de esa jornada democrática. De hecho, en las últimas dos semanas tanto la Fiscalía como la Procuraduría generales activaron sendos procesos para ejercer una supervigilancia al respecto.
El Ministerio Público, por ejemplo, expidió una semana atrás una directiva con una especie de “Top 10” de recomendaciones y advertencias para evitar la participación de funcionarios públicos en actividades de política partidista. A ello se suma que tras una reunión con el Consejo Nacional Electoral, la Procuradora activó un mecanismo muy estricto para detectar si recursos públicos son puestos al servicio de la actividad proselitista tanto en las elecciones a los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se realizarán el próximo 5 de diciembre, como en los comicios parlamentarios y presidenciales del próximo año. Para ello el órgano realizará seguimiento y control al financiamiento de las campañas, la logística para atender los procesos electorales, las acciones que adelanten gobernaciones y alcaldías así como al cumplimiento a rajatabla de las restricciones que ordena la Ley de Garantías Electorales.
Este último es un tema clave, ya que si bien en la ley -todavía sin sanción presidencial- que fija el Presupuesto General de la Nación para el próximo año se aprobó una reforma parcial a la norma de Garantías Electorales, lo que permitiría la firma de acuerdos interadministrativos entre entidades públicas durante esta época de campaña, un fallo de tutela de un juzgado administrativo de Bogotá ‘congeló’ esa modificación hasta tanto no se produzca un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Argumentando que habilitar ese ajuste es clave para el proceso de reactivación económica, ya el Gobierno anunció que apelará la decisión y se prevé, entonces, una dura batalla jurídica al respecto.
La Fiscalía, por su parte, anunció que además de su equipo especializado en delitos electorales, conformará un grupo especializado para investigar los presuntos actos de corrupción en la contratación pública que se presenten en época preelectoral. De igual manera se está pensando en retomar con la Procuraduría y la Contraloría las mesas anticorrupción.
A ello se suma que los entes de control cuentan con herramientas tecnológicas que les permiten realizar cruces de información en tiempo real con las autoridades electorales, sobre todo en cuanto a aportantes a las campañas y si estos tienen relación con los actuales y futuros contratistas del Estado. También se puede ejercer vigilancia interinstitucional para detectar casos de trashumancia, compra de votos, financiación ilegal, violación de topes de gastos y otros delitos electorales.
Otro asunto que preocupa es el referido al mecanismo de elección de las nuevas 16 curules en la Cámara de Representantes para las víctimas del conflicto. Hay ya múltiples alertas de organizaciones como la Misión de Observación Electoral, veedurías ciudadanas, organizaciones de afectados por la violencia así como de partidos políticos (que no pueden participar en estas elecciones) sobre las dificultades para la inscripción de cédulas en las circunscripciones de paz, el alto riesgo de candidatos ‘colados’, la urgencia de depurar el Registro Nacional de Víctimas y el peligro de la infiltración de grupos ilegales en la campaña, entre otras alarmas tempranas.
La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral también han venido activando distintas herramientas para garantizar la transparencia en los comicios. La auditoría a los software, más seguridad para evitar hackeos y sabotaje cibernéticos, ampliación de las veedurías internacionales, vigilancia estricta a los procesos de inscripción de cédulas así como la aplicación eficiente de toda la normatividad sobre avales, financiación, estatutos partidistas y régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
A todo ello debería sumarse en las próximas semanas -aunque su aplicación para estos comicios ya será muy parcial- que debería entrar en vigor lo establecido por la reforma al Código Electoral, aprobada a finales del año pasado pero que todavía no tiene fallo de revisión previa de la Corte Constitucional. Pese a todas las solicitudes al alto tribunal para acelerar el examen de exequibilidad apenas si se radicó la ponencia a finales del mes pasado.
Como se ve, en esta ocasión todo el sistema de vigilancia electoral asoma más robusto, especializado, coordinado y, quizá lo más importante, con el objetivo de ejercer control preventivo y en tiempo real para evitar la consolidación de las trampas y los delitos electorales de vieja y nueva data. Lo importante es que todos estos anuncios se aterricen y los colombianos puedan votar de forma libre y transparente, como es propio de una de las democracias más antiguas y sólidas del continente.