Sacudió la opinión pública el pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia, producido en el marco del Conversatorio Nacional de Género de la Rama Judicial, que se llevó a cabo la semana pasada en Boyacá, donde señaló sobre el sistema penal acusatorio que éste es poco confiable, demorado y revictimiza a la mujer.
Para el magistrado, "los procesos de investigación que realiza la Fiscalía no dan los resultados esperados y de esta forma se volvería rutinario absolver los casos de abuso, mismos casos que llevan dos años o tres años en proceso y luego quedan como si nada hubiera pasado". Agregó “Ya es rutinario en la sala de casación penal absolver en casos que llevan dos años o tres años, en casos de abuso sexual en donde uno considera que hubo una agresión sexual, pero la Fiscalía no probó como es debido".
El país reformó la Constitución por el Acto legislativo 03 del 2002, cambiando el sistema penal, antes inquisitivo, en el cual, la misma rama judicial, investigaba y juzgaba; separando las dos funciones. Se le asignó a la Fiscalía la investigación, la imputación y la acusación y prueba ante los jueces, quienes deberían garantizar los derechos de la presunción de inocencia y atender el examen de la labor realizada por la Fiscalía, para saber si absuelven o condenan.
Esta reforma se vendió al país como la panacea para poder luchar contra el crimen y la verdad, es que el balance deja mucho que desear, por múltiples razones. Se convirtió en un sistema selectivo; el principio de oportunidad no funciona como debería; la investigación criminal ha sido incompleta, falta policía judicial y los jueces tiene soltar los presuntos delincuentes, pues las pruebas son deficientes. Además, el sistema es muy garantista con el vencimiento de términos y los defensores se aprovechan para dilatar los procesos.
De otro lado, han llovido críticas de los gobernadores y alcaldes a los jueces, señalándolos de soltar los delincuentes, sin detenerse en el análisis, de que los jueces no pueden hacer cosa distintita cuando la investigación y las pruebas son insuficientes.
No creemos que la solución sea la de volver la marcha atrás. Nada asegura que el viejo sistema pudiera ofrecer mejores resultados. Sin embargo, si hay que cambiar el ritmo de las cosas y es necesario hacer ajustes en el sistema. El Fiscal no debe estar en la rama judicial, ya no toma decisiones judiciales; su labor administrativa debe estar orientada por los principios de eficiencia y economía, invertir los recursos públicos que se le asignan de la mejor forma posible para que se obtengan buenos resultados. Si no, debe responder ante la opinión, como la hacen los funcionarios públicos y no camuflarse en la rama, para gozar de una supuesta autonomía que no le corresponde. Su elector debe ser el presidente de la República de turno y debe responder con el Fiscal, por sus éxitos o fracasos. Además, se hace necesario ajustar los procedimientos, evitando el abuso sobre la garantía de libertad por el vencimiento de términos.