CON la ‘autocracia’ oficializada en Nicaragua tras las acomodadas elecciones del domingo que dieron un cuarto mandato consecutivo a Daniel Ortega, revive el debate en torno a la incapacidad que tienen organismos multilaterales cuya esencia es preservar la democracia en sus países miembro.
A nivel global está Naciones Unidas y en el regional, la Organización de Estados Americanos (OEA) que fundada en 1948, ha enfrentado tanto presiones como cuestionamientos ya que amén de expedir resoluciones condenatorias no tiene ‘dientes’ para forzar un cambio de rumbo en naciones donde se violentó el orden democrático, una situación de viejo cuño en la región.
La OEA aprobó hace exactamente dos décadas la Carta Democrática Interamericana, un ambicioso documento político que en términos generales establece que “la democracia es y debe ser la forma de gobierno compartida por los pueblos de las Américas y que ella constituye un compromiso colectivo de mantener y fortalecer el sistema democrático en la región”. A la vez señala que este es un instrumento que se puede invocar y aplicar cuando dicho régimen político ha sido violentado.
Un primer paso de la misma es la realización de gestiones diplomáticas con el fin de buscar la normalización o el regreso de la institucionalidad democrática (Artículo 20). Si ello no es posible, como ha ocurrido en más de una ocasión, se realiza una investigación que se presenta al plenario para que éste decida la máxima sanción: suspender al país en cuestión de la OEA. Este instrumento no establece posibilidad de sanciones económicas o de otro tipo contra el Estado al que se aplique la Carta, razón por la cual la misma se ha convertido en un ‘saludo a la bandera’.
Así, desde su creación la Carta Democrática se ha aplicado en diez ocasiones, a saber, Ecuador (2005, 2010), Bolivia (2003, 2005, 2008), Nicaragua (2004 y 2005), Perú (2004) y las únicas dos veces que adoptó la suspensión fue con Cuba (1962) y Honduras (2009) cuando fue depuesto el presidente Manuel Zelaya. Sin embargo, este último, siete años después regresó al organismo multilateral.
Se mantienen por fuera de la OEA, Cuba y Venezuela ya que el régimen de Nicolás Maduro decidió en mayo de 2019, retirar al país de dicho colectivo, antes de que se le aplicara la Carta.
Lo ocurrido en Nicaragua, donde se realizaron ‘elecciones no democráticas’ como lo calificó la Unión Europea y una ‘farsa electoral’, como lo expresó Estados Unidos, es el caso más reciente pero no el único de regímenes que subsisten en las Américas, pese a estar sometidos a sanciones económicas internacionales y ser considerados ‘parias’.
Ortega: cinco años más
“Impopular desde hace mucho tiempo y ahora sin un mandato democrático, la familia Ortega y Murillo desde ahora gobierna Nicaragua como autócrata”, aseguró el presidente Joe Biden tan pronto concluyeron las elecciones en el país centroamericano, donde con un 75% de los votos, según el Consejo Nacional Electoral, también cooptado por el tándem de poder, fueron reelectos para cinco años más.
El gobierno Biden que había anticipado, tal cual que sería “una elección de pantomima, porque no eran justas ni libres”, volvió a amenazar con imponer nuevas sanciones.
"Continuaremos usando la diplomacia, las acciones coordinadas con nuestros aliados y socios regionales, las sanciones y las restricciones de visado" para que "los cómplices en el apoyo a los actos no democráticos del gobierno de Ortega-Murillo rindan cuentas", afirmó en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken, refiriéndose al presidente y su esposa, Rosario Murillo.
En la misma línea se pronunció la Unión Europea al señalar en un comunicado que “los comicios "completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático", al tiempo que no descartó reforzar las sanciones económicas e, inclusive, imponer nuevas porque “allí hay una de las peores dictaduras del mundo…algo más que preocupante, inaceptable”.
El responsable europeo añadió en aquel momento que Nicaragua era "una de las peores dictaduras del mundo" y aseguró que "la deriva autoritaria es más que preocupante: es inaceptable".
Por su parte la OEA que del miércoles al viernes realizará su Asamblea anual debatirá la posible suspensión de Nicaragua del bloque regional para lo cual, como reseñamos, deberá abrir el proceso de aplicación de la Carta Democrática. Vale recordar que a finales del año pasado y, este junio, expidieron dos resoluciones condenando las violaciones a los derechos políticos y exigiendo la liberación de los opositores.
Pero tanto los Ortega-Murillo como su equipo de gobierno, que desde meses atrás han desoído las condenas internacionales, han desestimado esas declaraciones y ‘amenazas’. A través de Denis Moncada, su canciller, sostuvo que “el país no se dejará intimidar con las sanciones que la comunidad internacional amenaza con imponer…No conocemos los nicaragüenses en general y los sandinistas en particular, de amenazas e intimidaciones”.
Así las cosas y aunque se da por descontado que varios gobiernos no lo reconozcan el resultado electoral en Nicaragua, por lo que deberá lidiar con consecuencias diplomáticas, económicas y sociales, los Ortega-Murillo ahí están y se quedarán otros cinco años. Si cumplen la totalidad de su mandato, él tendrá 81 años y ella 75.
Precisamente, Colombia fue uno de los primeros en no reconocer las elecciones ‘nicas’. El presidente Iván Duque sostuvo: “lo digo sin ningún temor Colombia, no va a reconocer el resultado de estas elecciones fraudulentas. Esto no nos tiene que sorprender esto era crónica de un fraude anunciado”
Ante y al previsible cerco que tenderá la comunidad internacional, el régimen nicaragüense echará mano de sus tradicionales aliados, Rusia y China.
- Le puede interesar: Duque no reconoce a Ortega como presidente de Nicaragua
Represión en Cuba
La represión, que ha ido desde el hostigamiento hasta el encarcelamiento, no ha frenado el ímpetu de un grupo de opositores en Cuba que tras las inéditas protestas del pasado 11 de julio se alistan para volver a tomarse las calles el próximo lunes.
Conscientes de que inclusive su vida está en riesgo, los detractores al régimen de Miguel Díaz Canel, aupados bajo colectivos de artistas, mantienen firme su convocatoria de protesta, pese a que el régimen ilegalizó la convocatoria y advirtió sobre las posibles represalias.
Ello, obviamente, disparó las alarmas y condenas de la comunidad internacional. Ejemplo de ello la reciente resolución adoptada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la que apoyan el derecho a manifestarse en Cuba, y condenan la "violenta represión" del régimen de La Habana, llama a no restringir el acceso a internet e instan a “liberar de inmediato a todos los presos políticos y detenidos arbitrariamente”.
Dicha resolución se dio horas después de que el grupo opositor que convocó a una marcha el 15 de noviembre denunció que sus integrantes han sido blanco de represión por parte del gobierno, mientras autoridades acusan a sus líderes de ser agentes de Estados Unidos.
"Las diversas formas de represión no se han detenido en Cuba" desde el 11 de julio cuando estallaron las inéditas manifestaciones en unas 50 ciudades al grito de "Libertad" y "Tenemos hambre", denunció la Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15 de noviembre, que convocó esta marcha.
La comisión asegura que las muestras represión "se han intensificado" y reportó que miembros y simpatizantes de Archipiélago realizaron 22 denuncias, entre el 25 y 30 de octubre, por represalias por participar en la convocatoria. Entre ellas están el despido laboral, intimidaciones, vigilancia policial, reclusión domiciliaria y detenciones arbitrarias.
Aunque se sabe que el régimen no va a caer y la situación de Cuba no cambiará en el mediano futuro, la fortaleza y decisión de las voces disidentes, ‘in situ’, pueden presionar una mayor reacción internacional.
Venezuela, a elecciones
Con el escrutinio de la comunidad internacional, el régimen de Nicolas Maduro mantiene las elecciones del 21 de este mes, que han fracturado a la oposición liderada por el presidente interino, Juan Guaidó, quien considera que no hay garantías para ello.
Al igual que lo ocurrido en Nicaragua son varios gobiernos los que estiman que no serán unas elecciones “libres” ni “democráticas”. Colombia, precisamente a través del presidente Iván Duque fue uno de los primeros en alertar que Maduro busca “fracturar la oposición” para "perpetuar su dictadura".
Con el diálogo con la oposición en Ciudad de México suspendido como una protesta por la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, Maduro y su régimen buscan dar una imagen de “demócratas” para que se levanten las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
Y, ahora, enfrentan la investigación formal que la Corte Penal Internacional (CPI) abrió al régimen por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017, según el memorando firmado durante la visita la semana pasada a dicho país del fiscal de ese organismo, Karim Khan.
Por lo pronto, tanto Daniel Ortega, Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro se mantendrán en el poder y el tan anunciado multilateralismo para evitar que continúen los abusos a los derechos humanos y se implanten regímenes como esto tienen poco margen de acción.