* Arsenal de planteamientos sobre la mesa
* Lupa de gremios, academia y ciudadanía
Si bien es cierto que Colombia se acerca a los niveles de desempleo que tenía antes de que comenzara la pandemia de covid-19, lo que sin duda es un logro crucial y que evidencia el buen ritmo del proceso de reactivación económica del país, también es claro que la desocupación laboral es uno de los flagelos más graves que afecta a millones de personas, más allá del coletazo de la crisis sanitaria. De hecho, mientras el Gobierno resalta que si se generan 500 mil plazas en los próximos meses se volverá al porcentaje de población ocupada que se tenía en el arranque de 2020, el último informe del DANE señala que hay un poco más de 2,9 millones de ciudadanos sin trabajo.
Es innegable, como lo hemos reiterado en estas páginas, que el plan de contingencia que lanzó el Ejecutivo para enfrentar las múltiples consecuencias de la crisis pandémica tuvo un flanco muy efectivo en materia de protección de las fuentes de empleo. Sin los subsidios a la nómina, la flexibilización de los pagos de seguridad social, los alivios tributarios, los incentivos a las empresas para que contrataran personal joven, las ayudas directas a la población de los sectores más vulnerables y otras medidas oficiales, habría sido imposible rebajar la tasa de desocupación laboral del más de 21% al que se trepó en mayo del año pasado, en la etapa más drástica de las cuarentenas, al 12,1% con que cerró septiembre reciente.
Sin embargo, resulta evidente que se requieren medidas de fondo y estructurales para seguir reduciendo de forma sustancial el desempleo y volver prontamente a tasas por debajo del 10%. Si bien tanto en la Ley de Inversión Social como en la de Presupuesto General de la Nación para 2022 quedaron contemplados los recursos para la extensión de subsidios laborales, incentivos de contratación de menores de 28 años y alivios empresariales, es imperativo que el país siente las bases de una reforma estructural a la política laboral.
Esa es una tarea en la que el próximo gobierno deberá tener un rol protagónico, toda vez que al actual apenas si le quedan nueve meses en el poder y el Congreso saliente está imbuido en la campaña electoral. Precisamente por ello resulta muy importante que la ciudadanía se empiece a empapar de las propuestas de los distintos precandidatos y candidatos a la Presidencia para combatir el desempleo.
Del informe al respecto publicado en nuestra edición dominical queda claro que hay un amplio menú de planteamientos entre los aspirantes. Se destacan las ideas en torno a una reingeniería educativa que lleve a enfocar la preparación de quienes ingresan al mercado laboral hacia las profesiones, oficios y talento humano que están demandando las empresas de productos, bienes y servicios en esta tercera década del siglo XXI. Campos como las ingenierías, desarrollo tecnológico, digitalización y automatización, generación de valor agregado, innovación e investigación de punta. La urgencia de apoyar y consolidar los emprendimientos de negocios personales y de microempresarios es otra de las alternativas que los candidatos pusieron sobre la mesa. También se insiste en la necesidad de estudiar reformas laborales dirigidas a salarios diferenciales por oficio o región, adecuaciones normativas más acertadas para formalizar modalidades de empleo como el de las plataformas digitales, el teletrabajo, el trabajo en casa, la contratación hora-labor… Obviamente también hay aspirantes que proponen cambios de fondo en el modelo económico y empresarial, sustituir importaciones, modernizar y repotenciar el sistema de producción rural, desmontes e incentivos tributarios, redireccionamientos presupuestales, anular el salario mínimo así como ajustes de alto calado en materia pensional y de los componentes de seguridad social y contribuciones asociadas a las rentas laborales, entre otras ideas.
Resulta primordial que este debate entre quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño a partir de agosto de 2022 se concrete y aterrice. También, como ya está ocurriendo, que los gremios y la academia empiecen a analizar objetivamente esos planteamientos y dar luces sobre su aplicabilidad real. Urge separar las propuestas serias y viables, de las populistas y utópicas. Es imperativo que la ciudadanía se vaya enterando de las implicaciones de votar por tal o cual candidato en un tema tan delicado y de impacto directo en cada hogar. Bienvenido, pues, el debate sobre qué prometen quienes compiten por la sucesión presidencial frente a una de las más graves problemáticas del país, que tiene consecuencias sociales y económicas muy altas.