¿En qué gastar $80 billones? | El Nuevo Siglo
Domingo, 6 de Noviembre de 2022

Retos de Gobierno tras sí a la tributaria

* Urge máxima ponderación presupuestal

 

La aprobación por parte del Congreso del proyecto de reforma tributaria impone una serie de grandes retos para el Gobierno. El primero, y sin duda el más importante, tiene que ver con la responsabilidad en el manejo de los recursos derivados de este apretón impositivo. Serán 20 billones de pesos por año y 80 en todo el cuatrienio, lo que significa que esta nueva carta de impuestos es la más alta en materia de recaudo en la historia reciente del país. Eso obliga a la máxima cautela fiscal.

Si bien es cierto que el Parlamento ya le había dado el visto bueno al Presupuesto General de la Nación para el próximo año por un monto de 405 billones de pesos, debe entenderse que allí ya está provisionada una parte de los recursos adicionales de esta reforma a la que solo le falta la instancia de conciliación para ser remitida a la Casa de Nariño y sancionada con el objetivo de que empiece a regir en enero próximo.

En primer lugar, esos 405 billones de pesos representan un aumento de 15,1% frente al presupuesto que rige para este 2022. Y, en segundo término, el rubro de inversión en el proyecto inicialmente radicado era de 62,7 billones de pesos y se terminaron aprobando 74 billones. Dado que la economía está creciendo este año a un ritmo menor y que parte del incremento del recaudo que se ha experimentado responde a los efectos de la reforma tributaria aprobada en el segundo semestre de 2021, puede concluirse que ya el nuevo Gobierno contempló en su programación de gastos de funcionamiento, inversión y servicio a la deuda de 2023 el resultado de la carta de impuestos que la semana pasada recibió el visto bueno en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.

Obviamente una de las mayores preguntas de múltiples sectores en el país tiene que ver con cuál será el destino de los 80 billones adicionales que se recibirán este cuatrienio. En principio para el próximo año se perfila que educación, salud, hacienda, defensa, trabajo e inclusión social y reconciliación, serán los rubros de mayor asignación. Paradójicamente sobre esos sectores también están proyectadas reformas gubernamentales de alto calado que, como es apenas obvio, deberán enmarcarse dentro de la realidad fiscal y de ingresos de la Nación, bajo la tesis apenas lógica de que esta administración no procederá a otro aumento de impuestos durante su mandato. La ponderación en la formulación de las metas del Plan Nacional de Desarrollo (que debe radicarse en el Congreso en febrero venidero) será determinante en este aspecto.

Nada sería más lesivo para una economía que se desacelera, registra elevada inflación, intereses altos, devaluación récord, riesgo recesivo, déficit fiscal creciente, desempleo por encima del 10% y un marcado ambiente de incertidumbre sobre el futuro inmediato de la industria minero-energética -principal fuente de ingresos de la Nación- que un Ejecutivo que proceda a gastar a manos llenas, sin planificación de largo plazo y movido por un enfoque populista, caprichoso y marcadamente ideologizado.

El Gobierno, asimismo, anunció un plan de austeridad en el gasto que, hasta el momento, apenas si se ha delineado y tiene un bajo alcance. Se requiere un esfuerzo mayor en este frente.

A ello debe sumarse que las firmas calificadoras de riesgo y la banca multilateral tienen la lupa sobre Colombia en torno a asuntos cruciales como el acatamiento de la Regla Fiscal, el impacto de las reformas gubernamentales y si se mantiene o no el rumbo productivo y empresarial, flancos todos en donde las alarmas están desde ya prendidas. El Ejecutivo debe enviar señales que restablezcan la confianza y estabilidad institucional en lo político, económico, social e institucional.

Será vital, en todo caso, que la Contraloría, la Procuraduría y la propia Fiscalía redoblen su labor vigilante sobre la destinación y ejecución presupuestal. Es imperativo evitar despilfarro, ‘elefantes blancos’ y corrupción.

Como se ve, si la aprobación de la reforma tributaria fue un proceso bastante complicado, lo que viene ahora lo será aún más. Contra viento y marea, a contra evidencia del delicado momentum económico local y global, las mayorías parlamentarias le dieron a la Casa de Nariño 80 billones de pesos para estabilizar las finanzas y sufragar su plan de reformas y promesas de campaña. Lo que debe esperarse es responsabilidad en el gasto, máxima prioridad en la inversión y que se fije un norte estable, ponderado y objetivo en lo económico.