* Estructurar un debate serio y ponderado
* Mejorar oralidad y digitalización, claves
En medio de las alarmas prendidas en todo el país alrededor del pico de inseguridad rural y urbana, no solo se analiza el grado de eficacia de la Fuerza Pública para contener las múltiples expresiones delincuenciales, sino que no pocos sectores señalan que hay una alta cuota de responsabilidad en la labor que cumplen jueces y fiscales.
De hecho, son varias las controversias y réplicas de esta rama del poder público en los últimos meses por las críticas de los alcaldes y gobernadores a los operadores judiciales, señalándolos de fallar en su misión de mantener tras las rejas a los criminales reincidentes. Es más, la semana que comienza el Gobierno, por intermedio de los ministerios de Justicia e Interior, radicará el proyecto de ley que busca aplicar una reforma al Código Penal para restringir al máximo que personas capturadas que registren antecedentes puedan recobrar de manera automática o en cuestión de poco tiempo la libertad. Una iniciativa que tiene el apoyo de muchos sectores pero que algunos expertos penalistas advierten que podría chocar, como ocurrió años atrás con una norma de la misma índole, con jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Precisamente un flanco de ese análisis sobre las causas del aumento de la criminalidad en Colombia se refiere a qué tanto el Sistema Penal Acusatorio, que empezó a aplicarse hace 17 años, está funcionando. Una controversia que tomó más vuelo a partir de unas declaraciones el jueves pasado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, al intervenir en el XVIII Conversatorio Nacional de Género de la Rama Judicial. “El Sistema Acusatorio no funciona, y funciona mucho menos para enfrentar crímenes contra las mujeres, crímenes contra los niños. Ya es rutinario dentro de la Sala de Casación Penal absolver en casos de abuso sexual”, señaló el jurista en su exposición. También advirtió sobre fallas en la imputación que realiza la Fiscalía lo que lleva a libertades y absoluciones de sindicados.
Como era apenas obvio, la afirmación del magistrado generó múltiples reacciones. En el informe publicado ayer por este Diario al respecto el presidente de uno de los gremios de abogados penalistas señaló que es evidente que el Sistema Penal Acusatorio está haciendo agua y no tiene futuro. Incluso hay quienes consideran que debería volverse al sistema inquisitivo que funcionó hasta 2004, tesis que otros expertos descartan de plano.
Entre los propios exfiscales generales hay opiniones encontradas. Hay quienes consideran que no se puede hablar de una crisis o colapso del Sistema Penal Acusatorio, sino de fallas estructurales que deben ser corregidas para seguir afianzando este modelo judicial. Señalan, por ejemplo, entre los errores institucionales y de diseño, que el aparato judicial que no ha logrado adecuarse a las exigencias jurídicas de la oralidad y tampoco fortalecido de forma sustancial la investigación y la primacía de la prueba técnica irrefutable, más allá de las simplemente testimoniales.
Todo ello impide que los procesos sean cortos y expeditos. Para no pocos expertos la debilidad acusatoria es la que lleva a que los mecanismos de terminación anticipada del proceso, allanamiento a los cargos, principios de oportunidad y otros propios de la llamada “justicia premial” no estén funcionando como se preveía. También se escuchan opiniones que advierten un exceso de instancias y formalidades procesales que lejos de agilizar las causas, las enredan, dilatan y llevan a libertades por vencimiento de términos y prescripciones, principalmente.
Semanas atrás el actual Fiscal General defendía las bondades del Sistema Penal Acusatorio, aunque reconocía temas por corregir, empezando por concretar la digitalización de los expedientes, mejorar la capacitación de jueces y fiscales, mayor eficiencia en la oralidad, recepción electrónica de denuncias, así como trabajar más en agilidad procesal, innovación, investigación enfocada en prueba técnica y judicialización. Igual debe profundizarse el uso de figuras para la terminación anticipada de procesos y los principios de oportunidad. También destacó la importancia de una comprensión más eficiente de los fenómenos criminales regionales y locales, atacando igualmente sus flancos financieros…
Sin duda se trata de un debate crucial para el país. Un debate que exige un análisis profundo, serio y ponderado. Mantener el Sistema Penal Acusatorio es una decisión de muy altas implicaciones para la aplicación de una justicia pronta y eficaz. Corregirlo exige estructurar y organizar la discusión al más alto nivel, con el concurso de toda la rama Judicial, el Congreso, el Gobierno, la academia y demás actores políticos, económicos, sociales e institucionales. Una tarea compleja, sin duda alguna.