* Mafias desafían la autoridad estatal

* El narcotráfico permea la sociedad

A pesar de los denodados esfuerzos del gobierno del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, por combatir a los carteles de la droga y sus agentes armados, es claro que el aumento del consumo de alucinógenos en los Estados Unidos, Europa y otras latitudes, más los tentáculos de las mafias locales con las de otros países como Colombia o México, a lo que suma la circunstancia de tener una economía dolarizada, amenazan con poner al vecino país en el peligroso camino de las finanzas subterráneas.

Frente a semejante desafío de las fuerzas oscuras que han cobrado un inusitado poder, el Estado se ha parado en toda la línea de la defensa de la ley y la institucionalidad. Los carteles y bandas criminales han respondido con escalofriantes ataques armados y con explosivos en distintas zonas, teniendo como blanco a las autoridades, integrantes de la Fuerza Pública y civiles inermes. Por supuesto, esos grupos de mafiosos son minoría, pero han empezado a ganar espacio en determinadas zonas y dominar a sangre y fuego varias cárceles. Como siempre ocurre, el poder del dinero corrompe, debilita los sistemas de seguridad del Estado y permea a la sociedad. 

En días pasados los ecuatorianos se estremecieron con una escalada de ataques de las mafias durante varias horas, lo que obligó al Gobierno a declarar un “estado de excepción” en Guayas y Santo Domingo, dos de las provincias en donde más operan bandas y pandillas de alta peligrosidad que se disputan el control de los negocios ilícitos. Fueron 24 horas de hostigamientos programados que, por su sincronización y letalidad, evidenciaron el poder que han cobrado estos grupos narcotraficantes. Incluso hicieron estallar granadas y bombas cerca de las gasolineras, terminales de trasporte y otros lugares públicos.

Como se dijo, en vista de este desafío a la legitimidad estatal, Lasso extendió el “estado de excepción” a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, lo mismo que en Esmeraldas. Se está recurriendo a toques de queda nocturnos, puesto que la mayoría de las confrontaciones entre bandas y ataques de estas se dieron en horas de la madrugada. También fue necesario suspender o limitar derechos como la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito así como el de asociación, reunión e información. Mientras tanto, en varias prisiones, que meses atrás fueron escenario de masacres, se produjeron confrontaciones a tiros, con explosivos y armas blancas.

El Presidente sigue firme y no dudó en señalar que lo que vive su país es una “declaración de guerra” de las mafias contra el Estado. El asesinato de cinco policías mientras patrullaban en ciudades y municipios de las dos provincias mencionadas, se entiende como una clara intención de estas organizaciones delictivas de amedrentar a la población y querer doblegar la legitimidad institucional.

En Ecuador, en donde la fuerza pública controla las vías y tiene completo dominio del territorio nacional, no es común esta clase de graves circunstancias. Ni siquiera en los paros y marchas indígenas se ha registrado ataques similares ni mucho menos el asesinato sistemático de uniformados. Sin embargo, esta “guerra de las mafias”, entre enero y agosto de este año ya produjo 145 atentados con explosivos, la mitad en Guayaquil.

El Gobierno ya desplegó nueve mil policías y militares con la finalidad de combatir de manera implacable al crimen organizado. Aún así en sectores de Guayaquil y otras ciudades intermedias la población se siente impotente y atemorizada por el terrorismo. Es claro que este pico de violencia se debe a asuntos puntuales como el traslado a otros penales de centenares de reclusos de Litoral, la principal prisión del puerto marítimo y escenario de cruentas vendettas entre facciones criminales.

Por el momento, se espera que las medidas radicales tomadas por el gobierno Lasso para hacer frente a esta andanada violenta den resultados. El rastreo casa por casa en busca de los delincuentes, cercando barrios y requisando amplios sectores tiene como objetivo doblegar a las mafias y devolverle a la ciudadanía la tranquilidad. Pero el mayor temor del Ejecutivo no se limita únicamente a enfrentar incidentes violentos, ataques terroristas y la andanada intimidatoria contra la población, los funcionarios y civiles. Hay urgencia de una estrategia más efectiva para detectar las millonarias sumas en dólares que mueven los jefes mafiosos y emplean para sobornar agentes del Estado.

Ecuador, como se ve, afronta una de sus más duras pruebas y tiene a un gobierno y una población decididos a que la delincuencia organizada no se va a tomar el país. Es una cruzada compleja y difícil, en la que no puede darse tregua.