* Los reveladores datos de encuesta del DANE
* Desespero ciudadano llega a niveles críticos
El que en la mayoría de las últimas encuestas los consultados señalen de forma recurrente a la inseguridad urbana y rural como uno de los flagelos más graves del país no es gratuito. De hecho, la alerta ciudadana alrededor de este tema es de tal magnitud que supera, incluso, las preocupaciones alrededor de la pandemia, el desempleo, la corrupción o el aumento de la pobreza.
Ahora bien, ya se volvió una costumbre que al conocerse los resultados de los sondeos de opinión se generen debates en torno a si estos corresponden a la realidad o son motivados simplemente por la percepción subjetiva de un reducido grupo de personas que fue aleatoriamente contactado para responder los cuestionarios. Es más, no en pocas ocasiones las autoridades militares, policiales y gubernamentales replican las encuestas con las estadísticas oficiales que manejan sobre tasa de incidencia de delitos, volumen de denuncias, cantidad de personas capturadas y judicializadas…
Esa polémica ha estado a la orden del día en los últimos meses debido a los picos de inseguridad y desorden público en varias ciudades y zonas rurales del país, con casos graves y que han estremecido a la opinión pública. Incluso, en Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla fue necesario acudir a estrategias de choque, incluyendo el acompañamiento militar en acciones de vigilancia urbana, para hacer frente a una escalada de homicidios, atracos, vandalismo, masacres y ataques a la Fuerza Pública. A la par de ello, tanto la Casa de Nariño como el Ministerio de Defensa han implementado un ajuste a la política de seguridad y orden público, que incluye desde una reforma policial hasta modificaciones penales para evitar la reincidencia criminal, entre otras medidas.
A ello se suma que semanas atrás, la titular de la Procuraduría General urgió a las gobernaciones y alcaldías que revisarán sus respectivos Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana con el fin de que dieran mejores resultados y respondieran a las expectativas de la desesperada población.
Frente a todo lo anterior resultan un importante insumo los resultados de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana dada a conocer esta semana por el DANE, aportando datos clave sobre personas de 15 años y más blanco de acciones delictivas como hurto, riñas y peleas o extorsión. Adicionalmente se indaga sobre la percepción de seguridad ciudadana.
Las cifras son impactantes: en 2020 la tasa de victimización (sin incluir incidentes de seguridad digital) a nivel nacional fue de 7,5%.
Por tipo de delito, el hurto a personas y el hurto a residencias presentaron tasas del 3,2% y del 1,7%, respectivamente, cuando en 2019 fueron del 5% y del 1,8%. A ello se suma que Pasto presentó la tasa de victimización más alta el año pasado, con 18,7%, en tanto Cartagena tuvo la más baja, con 4,3%. Ya en cuanto a 2021, la tasa de percepción de inseguridad en ciudades o municipios fue de 44%, cinco puntos superior a la registrada en 2020. Los mayores índices se encontraron en Bogotá, con 77,8%, y Cúcuta, con 73,5%. Por el contrario, los ciudadanos de Manizales y Pereira se consideran los más seguros.
Otro asunto clave que dejó al descubierto la citada encuesta es que el lugar o espacio con la más alta tasa de percepción de inseguridad este año es la vía pública, con 46,6%, seguido del transporte público (incluyendo paraderos y estaciones), con 38,6%. Las personas entre los 25 y 54 años son las mayores víctimas de hurtos, que se cometen principalmente entre el mediodía y las seis de la tarde. Como es apenas obvio, el robo del teléfono celular es la conducta más recurrente. En cuanto a modalidad de hurto, el año pasado el mayor porcentaje fue la de atraco, con 47,9%; seguida de raponazo, con 20,2%; cosquilleo, con 15,8%, y descuido (factor de oportunidad), con 11,3%. Hay otros datos reveladores en torno a por qué las víctimas no denuncian y allí las dudas sobre la eficacia de la justicia tienen un alto porcentaje, un indicador bastante preocupante.
Acorde con lo advertido por la Procuraduría, es urgente que los planes de seguridad y convivencia ciudadana de cada ciudad y municipio, tanto en su parte urbana como rural, se ajusten a las realidades de tipología e incidencia criminal en su jurisdicción. Solo en esa medida se podrá hacer frente de manera eficiente a los picos de criminalidad que se están registrando y que tienen a la población desesperada y exigiendo respuestas institucionales contundentes en el aquí y ahora.