* Más plazo para prender Hidroituango

* Minimizar al máximo todos los riesgos

Uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes del país en las últimas décadas es el complejo de Hidroituango, al punto que se espera que, una vez entre en funcionamiento pleno, será capaz de generar 2.400 megavatios, que representan nada menos que el 17% de la demanda de energía eléctrica nacional. Sin embargo, también ha sido uno de los proyectos que más problemáticas y contingencias ha experimentado, desde las continuas polémicas por temas financieros y contractuales, hasta graves accidentes en la etapa de construcción, como el que ocurrió en 2018 en uno de los túneles auxiliares, que represó una parte del río Cauca que alimenta la presa principal y generó luego una subida de caudal aguas abajo, poniendo en peligro a 17 municipios.

Al final, la crisis se pudo controlar y tras un largo y complejo pleito con las aseguradoras se logró activar la póliza y obtener una reparación billonaria por lo ocurrido en una presa que tiene una altura de 225 metros, es capaz de albergar 20 millones de metros cúbicos de líquido vital y que está ubicada alrededor del puente de Pescadero, sobre el río Cauca, en la vía a Ituango, en Antioquia. Por tratarse de un proyecto que tiene como mayores accionistas a entidades públicas (el Instituto para el Desarrollo de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín) es evidente que se desató un juicio de responsabilidades políticas, jurídicas y técnicas sobre los gobernadores, alcaldes y directivos de los últimos años.

Como era apenas obvio, el grave incidente generó un retraso en el cronograma de las obras y, por ende, el riesgo de incumplir los plazos comprometidos para que el complejo entrara en funcionamiento y empezara a generar energía en los montos previstos y contratados con anterioridad, dado que este mercado funciona con la modalidad de futuros.

Tras varios aplazamientos para ir superando cada una de las etapas de construcción pendientes, la instalación de las turbinas, así como la reconstrucción de los daños ocurridos en los túneles auxiliares y la casa de máquinas, entre otros, el margen de tiempo para prender el complejo se fue agotando. La última fecha quedó fijada para este 30 de noviembre, especialmente porque a partir de la misma la empresa podría hacerse acreedora a una sanción superior a los 850 mil millones de pesos por parte de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) y una sanción aún más onerosa por no cumplir con los compromisos de generación de energía.

En medio de esa contrarreloj se generó en las semanas recientes una polémica de marca mayor, ya que mientras Empresas Públicas de Medellín insistió en que está listo un modelo seguro de entrada en operación para las turbinas I y II antes de terminar este mes, otros sectores advirtieron que era mejor proceder a otra serie de pruebas técnicas adicionales con el fin de evitar el más mínimo riesgo o contingencia. Dudas sobre la estabilidad del macizo rocoso que alberga el complejo, el alto caudal del río Cauca por la oleada invernal y la necesidad de prever posibles evacuaciones de poblaciones ribereñas río abajo ante una eventualidad de inundaciones, se pusieron sobre la mesa, generando opiniones disímiles.

En medio de un rifirrafe político, técnico y financiero, en el que terciaron la alcaldía, la gobernación, el Ejecutivo nacional, entes de control como la Procuraduría e incluso la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, ayer se logró un principio de acuerdo para extender el plazo y poder realizar todas las pruebas técnicas, geológicas y de monitoreo que se requieran, así como alistar los planes de contingencia para reaccionar ante cualquier hecho sobreviniente.

Se trata, sin duda alguna, de una decisión sensata e inteligente. No se puede arriesgar ni improvisar en un proyecto hidroeléctrico de estas proporciones, más aún tras el antecedente de 2018. Si es necesario proceder a evacuaciones preventivas y simulacros aguas abajo de la presa, debe hacerse con orden y sin premura. Hay margen de acción legal y gubernamental para evitar que se active la multa de la CREG y otras sanciones. Como bien reza el refrán popular: “si se ya se esperó lo más…”.