Para un país como Colombia, que ha hecho del derrotismo y la fracasomanía dos deportes nacionales, el anuncio del cierre del examen preliminar que, desde hace 17 años, venía haciendo la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, debería constituir una buena noticia, y recibirse con esperanza y optimismo. Sin autocomplacencia, eso sí, pues no son pocos los desafíos que aún persisten en relación con las materias que justificaron la entrada de la situación nacional en el radar de ese tribunal, y cuya superación definitiva debería ser un objetivo compartido por todos los sectores políticos y sociales, más allá de la posición que tengan, por ejemplo, frente al acuerdo suscrito con las Farc en 2016.
Tres factores ayudan a explicar la decisión del señor Karim A.A. Khan, cada uno con su peso específico y, sin embargo, indisociables.
En primer lugar, algo que bien cabría llamar “agotamiento” de la Fiscalía de la CPI, tras casi dos décadas de seguimiento permanente a la situación en Colombia. En algún momento había que tomar una decisión. Lo preliminar es por definición preámbulo de algo, y, por lo tanto, está destinado a concluir. Un examen preliminar no puede extenderse indefinidamente en el tiempo -así lo entendieron en La Haya-; y el caso colombiano no podía convertirse en precedente ni excepción de la práctica del tribunal que, por otro lado, tiene en su agenda asuntos más acuciantes y graves de los cuales ocuparse.
En segundo lugar, está el hecho fundamental que el propio fiscal Khan ha reconocido: que, con todas sus limitaciones, las autoridades colombianas “no se han mostrado inactivas, ni faltas de energía o voluntad, ni de capacidad para investigar y enjuiciar genuinamente los crímenes que entran en el ámbito del Estatuto de Roma”. Incluso desde antes de que empezara el examen preliminar, y luego con el impulso, e incluso la presión de él derivados, el país emprendió un importante esfuerzo de fortalecimiento institucional y de consolidación de su administración de justicia. Reflejo de este esfuerzo fue el proceso de Justicia y Paz, y es ahora el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, especialmente en su componente judicial.
A ello se añade un intenso despliegue diplomático, en medio de circunstancias adversas tanto internas como externas, para demostrar, precisamente, la acción, la energía, la voluntad y la capacidad del Estado colombiano, como resultado de las cuales no se cumplen los supuestos para que, conforme al principio de complementariedad, se active formalmente la competencia de la Corte Penal Internacional. Una estrategia de la que hizo parte, entre otros, la solicitud hecha por el Gobierno en enero de este año para que se ampliara el mandato de la Misión de Verificación de la ONU -renovado hace un par de días-, de tal suerte que ahora incluye el monitoreo del cumplimiento de las sentencias que profiera la Jurisdicción Especial para la Paz.
El examen preliminar está preliminarmente aprobado. Pero el país aún tendrá que presentar y aprobar, ante la historia, su examen final.
*Analista y profesor de Relaciones Internacionales