Crece violencia regional | El Nuevo Siglo
Jueves, 27 de Octubre de 2022

* Confinamiento de población se disparó 73%

* Ajustar política de seguridad y orden público

 

La situación de seguridad y orden público se continúa deteriorando en varias regiones del país. Las estadísticas de Indepaz señalan que este año han sido asesinados 147 líderes sociales y se perpetraron 85 masacres. El informe de seguimiento del Ministerio de Defensa registra que entre enero y septiembre hubo 10.316 homicidios, mientras que en igual lapso del año pasado fueron 10.641. También se han reportado 133 secuestros, 433 actos de terrorismo y 114 asesinatos de integrantes de la Fuerza Pública, entre otros datos, que evidencian que la violencia derivada de la criminalidad común y organizada continúa en ascenso a nivel regional y local.

Pero no es la única alerta. Esta semana un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia alertó que entre enero y septiembre se reportaron al menos 516 mil personas afectadas durante 265 emergencias humanitarias por confinamiento, desplazamiento forzado y desastres producto de la variabilidad climática.

Si ya de por sí esta es una situación preocupante más lo es que, de acuerdo al mismo reporte, en los primeros nueve meses de este año se registraron 66.922 víctimas por desplazamiento, un incremento del 9 por ciento frente al mismo periodo en 2021. Aunque este fenómeno disminuyó un septiembre en comparación a agosto, es alarmante que el 49 por ciento de los afectados este año no ha logrado retornar a sus territorios. Nariño, Cauca y Chocó serían las zonas más críticas por temas como hacinamiento, falta de condiciones de seguridad que garanticen el regreso de la población a sus sitios de residencia, así como el deterioro de las condiciones de acceso a servicios básicos por periodos prolongados.

No menos complicado es el hecho de que en los primeros nueve meses del año el número de personas confinadas aumentó un 73 por ciento, con un total de 95.739 víctimas. De nuevo Chocó es el departamento más golpeado por este flagelo, seguido de Nariño, Arauca, Cauca y Valle del Cauca. El informe de la OCHA advierte que estos múltiples casos en donde la población no puede salir de sus casas o corregimientos han estado precedidos por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, amenazas individuales y colectivas, homicidios selectivos, combates, incursiones, instalación de retenes ilícitos y otras restricciones a la movilidad. También se registran durante los últimos meses afectaciones contra viviendas, escuelas y otros bienes civiles.

Tanto en los casos de desplazamiento como de confinamiento los afrodescendientes e indígenas son los más damnificados. Ya la Defensoría del Pueblo había advertido sobre el aumento de este tipo de atropellos graves contra la población civil e incluso ha lanzado este año no menos de 26 alertas tempranas.

Es evidente, como se deriva de otro informe conocido en los últimos días, el del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, según el cual al cierre de 2021 aumentó en 43% el área sembrada con coca en Colombia, que la principal causa del desplazamiento y el confinamiento es la pelea entre Eln, grupos residuales de las Farc, bandas criminales de alto espectro (tipo ‘Clan del Golfo), carteles y otras facciones de delincuencia común y organizada por el dominio de los corredores del narcotráfico, minería ilegal, contrabando, tráfico de armas y otras actividades derivadas.

Es imperativo, entonces, que el Gobierno, que está en proceso de delinear su política de seguridad y orden público, analice esta grave situación y dé una respuesta contundente. No solo debe aplicarse una movilización más efectiva y rápida de la Fuerza Pública, sino un plan de choque para garantizar el retorno seguro y pronto de los desplazados a sus lugares de origen, así como la libertad de movimiento para los miles de hombres, mujeres y niños confinados por el accionar de los violentos.

Es claro que este flagelo evidencia cambios cada vez más profundos en la tipología del conflicto armado interno, en donde el dominio de los corredores delictivos resulta más importante para estas facciones de multicrimen que la propia confrontación con las Fuerzas Militares y de Policía. La estrategia estatal debe saber responder a ese desafío y proyectar un plan de choque urgente.