Carlos Fernando Pérez, presidente de la junta directiva del Consejo Nacional de Contralores, dijo que durante el marco del proceso de elección de los próximos contralores municipales y departamentales para el periodo 2022-2025, “es necesario garantizar transparencia en los procesos de elección”.
Entre las inquietudes que tiene el órgano colegiado que agrupa a 65 contralorías territoriales entre departamentales, municipales y distritales, están las siguientes:
- La falta de transparencia por parte de algunas universidades vinculadas a los procesos de evaluación y selección de los candidatos en diferentes circunscripciones territoriales, incumpliendo con los parámetros establecidos en la Resolución 0728 de 2019 de la Contraloría General de la República.
- La necesidad de respetar los tiempos establecidos en la normatividad vigente para que las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales desarrollen proceso de selección y escogencia en las sesiones ordinarias.
- La incertidumbre legal y normativa frente a los periodos reglamentarios de los actuales contralores, dado que se espera para los próximos días el concepto y pronunciamiento respectivo, por parte del Consejo de Estado.
Por eso el Consejo Nacional de Contralores hizo un llamado a la Procuraduría General y a las instituciones del Poder Judicial para garantizar que el proceso de selección de los nuevos contralores se ejerza de manera transparente y protegido de prácticas administrativas indebidas por parte de los actores legalmente vinculados con el ejercicio de selección y escogencia.
Entre las situaciones expuestas públicamente por Pérez, sobresalen las irregularidades en varios municipios de Santander, Norte de Santander, Bolívar y en Soacha, Cundinamarca.
Detalles del proceso
Pérez, en conversación con EL NUEVO SIGLO resaltó que el control fiscal cambió en Colombia, en cabeza del contralor general, Carlos Felipe Córdoba, cuando él gestionó el acto legislativo 04 de 2019 que le dio la facultad para que a partir de ese momento se regularan los procesos de elección de contralor. Recordó que allí se marcó una pauta para darles importancia a las personas que tienen más experiencia y conocimientos en control fiscal. Por eso, hoy sigue estando vigente esa resolución y es así como en esos procesos hay unas pruebas que representan el 60% y el 40% de la hoja de vida.
“Dan cinco puntos en la plataforma de experiencia por año laboral, pero si usted trabajó en control fiscal le dan 10 por el mismo año, esa es una evidencia de que se quiere fortalecer el control fiscal. Córdoba no quería que llegara gente a aprender de control fiscal como contralores”, explicó Pérez.
Desconfianzas
“En ese orden de ideas, hoy me preocupa, en calidad de presidente de la Junta Nacional de Contralores, cómo en varias ciudades del país están ganando las pruebas con unos puntajes que asombran, con 59 sobre 60 en Floridablanca (Santander), por ejemplo, y al auscultar las hojas de vida de esos aspirantes que obtienen esos puntos, resultan personas que nunca han estado en control fiscal, entonces eso genera desconfianza. No se puede esperar que llegue un contralor cuando no ha llegado de manera transparente, porque, entonces, ¿cómo va a cuidar los recursos?”, cuestionó Pérez.
Agregó que se ha visto cómo en Popayán, Cúcuta y en algunos municipios de Risaralda y Santander los tres primeros puntajes son de personas que nunca han estado en control fiscal, a pesar de sacar notas muy altas.
Otro hecho que a él le genera desconfianza es que las pruebas escritas que presentaron los aspirantes a la contraloría departamental de Santander sean idénticas cuando fueron elaboradas por dos universidades muy diferentes: la Distrital de Bogotá y la del Atlántico.
Así mismo, Pérez dijo que la semana pasada durante el Noveno Congreso de Contralores a nivel nacional se le manifestó esta preocupación a la Auditora General de la República, Carmenza Erazo, y ella se comprometió a sacar una circular en conjunto donde le advierten a las corporaciones, ya sea Concejo o Asamblea, que van a estar muy pendientes de estos procesos de elección de contralor. La Procuradora General también se manifestó en el mismo sentido y extendió la advertencia a las universidades que están dentro del proceso.
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Pérez reiteró el llamado para que estas diferentes corporaciones públicas adelanten procesos con transparencia, “no hay un proceso de contralor en el que estén metiendo dos o cuatro acciones de tutela, eso genera un desgaste al aparato judicial. Y estas acciones de tutela se producen porque las corporaciones no adelantan bien los procesos. Cómo es posible que se presenten personas en las universidades que tendrían que ser excluidas de los listados porque están inhabilitadas. Son personas que están dañando y generando más costos al proceso”.
Por último, solicitó a las autoridades investigar el ejercicio de lobby y presión para las elecciones de los candidatos. Adicionalmente, la Junta advirtió sobre la situación alarmante por la corrupción y presencia de mafias en los procesos de elección, así como en las denuncias que se han conocido, como las amenazas de muerte que recibió un líder social, el pasado 22 de octubre, quien informó sobre las acciones que acompañaron la elección del contralor de Bucaramanga para el periodo 2022-2025.
Antecedentes
La elección de los contralores departamentales y municipales se ha convertido en una “papa caliente” para gobernadores, alcaldes, concejos y asambleas departamentales, al punto que cada vez son más frecuentes las investigaciones y sanciones de la Fiscalía y la Procuraduría por anomalías graves en estos procesos. Se recuerda el caso de Cartagena, en donde la Procuraduría General, en 2017, formuló pliego de cargos a 11 concejales y dos cabildantes en ejercicio, por presuntas irregularidades en la elección de Nubia Fontalvo Hernández como contralora distrital. Por este proceso, Manolo Duque, quien era el alcalde de La Heroica, fue cobijado con medida de prisión intramural, aunque en la actualidad ya está libre.
Según la Fiscalía, en una alianza entre el burgomaestre de la época, Duque Vásquez, y el grueso del cabildo distrital se pactó la elección de la contralora Nubia Fontalvo.
El objetivo, según el ente investigador, era que una vez electa Fontalvo, y para devolver el favor de su elección, estuviera bajo órdenes de la Alcaldía y no en el ejercicio veedor y fiscalizador que le correspondía como ente de control.
Hoy, en el proceso de 2021, la Procuraduría General requirió a las Asambleas Departamentales, a los concejos municipales y distritales, y a siete universidades contratadas para adelantar el concurso de contralores territoriales, información detallada sobre este proceso que se adelanta en todo el país.
Después de recibir denuncias de posibles irregularidades en estas elecciones el Ministerio Público les pidió a las universidades Nacional de Colombia, Francisco José de Caldas, de Cartagena, del Atlántico, de la Costa, San Buenaventura y Pedagógica y Tecnológica de Tunja, explicaciones de cómo están adelantando la selección.
De manera específica el órgano de control requirió copia de todos los convenios o contratos suscritos con las instituciones de educación superior para adelantar este proceso, e información sobre los mecanismos dispuestos para garantizar la objetividad, transparencia y el uso adecuado de la cadena de custodia de las pruebas.