Un intercambio de cartas se produjo entre la Superintendencia Financiera de Colombia y las Empresas Públicas de Medellín (EPM) por un posible cambio en los contratistas del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango).

La Superfinanciera solicitó que se precisen, entre otros aspectos, los cuatro puntos que se citan a continuación:

• Efectos jurídicos y contables en la situación general de la sociedad de llegarse a materializar una cesión de los contratos asociados a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
• Efectos financieros sobre la sociedad, particularmente sobre el flujo de caja y el perfil de riesgo de liquidez.
• Efectos sobre los contratos de operaciones de crédito vigentes con instituciones financieras locales, extranjeras y multilaterales, así como la potencial activación de compromisos de aceleración y otras condiciones relevantes pactadas en estos contratos.
• Afectación en el cronograma previsto para la finalización del proyecto e impactos financieros derivados de obligaciones futuras de prestación del servicio. 

Además, se expresó que es necesario conocer si los nuevos contratistas poseen “operaciones de crédito vigentes con instituciones financieras locales, extranjeras y multilaterales”, dado que estas podrían afectar las fechas de entrega.

En cuanto a los efectos económicos, la Superintendencia mostró su preocupación sobre la posible retirada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como financiador del proyecto y le pidió a EPM que aclare si esta información que han dado a conocer medios de comunicación es verdad.

EPM contestó el fin de semana las inquietudes de la Superfinanciera. La empresa publicó un comunicado en el que expresó que con el Consorcio CCC Ituango se han “intentado resolver temas relacionados con costos, cronograma del proyecto” y que, tras esto, desde la compañía emprendieron un plan de acción para dar con soluciones en caso de que los constructores no respondan a rajatabla con las previsiones.

EPM señaló que “la empresa se ve obligada a ser previsiva ante el anuncio de la Contraloría General de la República de vincular en su investigación a 26 personas naturales y jurídicas por su presunta responsabilidad fiscal en las pérdidas por $4,3 billones. A lo anterior, se suma la declaratoria de reorganización empresarial que ante la Superintendencia de Sociedades vienen surtiendo algunos consorciados”, como Conconcreto.

La compañía aseguró que “siempre ha estado interesada en la continuidad del proyecto hidroeléctrico. Por tal razón, le propuso al consorcio que, si es de su interés y teniendo presente que es su derecho, postule lo más pronto posible empresas cesionarias que lo sustituyan en la ejecución del proyecto”.

Al mismo tiempo, ratificó que el cambio de alguno de los contratistas del proyecto no es una situación que obedezca a la voluntad de EPM. “Esto sería consecuencia de la eventualidad que el fallo de responsabilidad fiscal quede en firme”, agregó.

Por último, informó que no ha tenido información acerca de que el BID haya tomado algún tipo de decisión contraria a mantener su permanencia en la financiación del proyecto.