Los hechos muestran que se ha vuelto costumbre que se presenten reformas tributarias cada dos años, dejando de lado una de fondo que de tiempo atrás reclaman los gremios económicos y expertos. Sin embargo, fue radicado un proyecto por la representante a la Cámara Nubia López que busca garantizar la estabilidad tributaria del país para que mínimo transcurran cinco años entre una reforma y otra.

Según la dirigente santandereana, “actualmente no solo vivimos una coyuntura producto de una pandemia sino que nos encontramos ante una economía golpeada y rezagada por las cargas tributarias en las que ha sido sobreexpuesta. Debemos planear y establecer un control para generar una estabilidad tributaria, y dejar de atacar el bolsillo de todos los colombianos”, manifestó López.

El proyecto de ley radicado en la Secretaría de la Cámara establece que solo se podrá presentar para debate y aprobación ante el Congreso iniciativas de reforma tributaria cada cinco años.

Igualmente, dice que en un caso excepcional como una coyuntura fiscal o macroeconómica del país, se podrá presentar una reforma tributaria.

Para esto se deberá garantizar de manera previa un proceso efectivo de participación y consulta a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Constitución Política, en el que se expondrá de manera clara y precisa los motivos de necesidad y pertinencia para su respectiva aprobación.

Para la representante liberal, la iniciativa implica que no haya reforma tributaria en este caso sin la participación del pueblo. “Es importante incluir la aprobación de la ciudadanía cuando exista necesidad y sea pertinente tramitar una reforma tributaria en el Congreso. Debe haber la más amplia participación posible y como los impuestos nos tocan a todos, pues que todos podamos acceder, entender y participar en el debate”, expresó.

En los últimos 30 años el Congreso ha aprobado 17 reformas tributarias; es decir, que en un periodo presidencial hay mínimo dos en promedio, lo cual denotaría falta de planeación en el Presupuesto General de la Nación y en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, el cual este último rige los cuatro años de gobierno, pero que muchas veces al momento de su elaboración, no tienen en cuenta cómo se va a financiar y a desarrollar cada componente.

Dichas reformas se han tramitado en los años 1990, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 y 2021. Y todas respondían a la coyuntura y las necesidades de cada uno de los gobiernos, sin que se conozca un análisis real de su impacto y eficacia.

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La iniciativa

En la exposición de motivos del proyecto de la representante López, los ponentes aseguran que “si lo que se necesita es una auténtica reforma tributaria de tipo estructural que revierta las inequidades del sistema, el país debe iniciar una discusión organizada, seria, participativa y lo suficientemente pensada para el largo plazo”.

Afirma el proyecto que es inadmisible que cada administración presidencial introduzca reformas tributarias para cumplir con el propósito económico y metas tributarias que, dicho sea de paso, varían discrecionalmente y responden a intereses diversos que en su mayoría no atañen ni contemplan el bienestar general.

De esta manera, la iniciativa plantea una paradoja: “O las reformas tributarias han sido profundamente inefectivas, con lo cual las aprobadas cada dos años no alcanzan a cumplir sus objetivos, o el trámite propio de una reforma de estas características no es el camino correcto para alcanzar tales propósitos”.

Por tanto, este proyecto propone establecer “un régimen de estabilidad tributaria como contrapeso al Ejecutivo para que se abstenga de formular reformas tributarias cada dos años. Dicho ejercicio, de resultar necesario, debería ser construido en un periodo mínimo, al término de cada periodo presidencial, es decir cada cuatro años”.

En lo que tiene que ver con la última reforma tributaria, denominada Ley de Inversión Social, continúa siendo socializada a lo largo y ancho del país por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien explica los beneficios que se contemplan en la ley para los microempresarios, las familias vulnerables y entes territoriales.

“Nos reunimos con empresarios, líderes juveniles, beneficiarios de programas sociales y los alcaldes para socializar” la Ley de Inversión Social, “que consideramos es la estructura de protección más importante que ha tenido Colombia, beneficiando a 29 millones de colombianos”, dijo el ministro en una de sus giras.

Según datos del Banco de la República, en la historia del sistema tributario colombiano, que se remonta a más de un siglo, se han ejecutado más de 50 reformas tributarias.

De ellas, las modificaciones más importantes a la estructura fiscal están heredadas de la Colonia e iniciaron con el Congreso de Cúcuta, que se celebró en 1821. Con este se suprimió la alcabala, así como el impuesto de sisa, el tributo indígena y el monopolio de aguardiente y de los naipes.