La justicia internacional tiene en la mira a los exmandos de las Farc. Así lo evidenció esta semana la deportación de Rodrigo Granda de México, horas antes de que llegara una solicitud de Paraguay para que fuera capturado.

El que otrora fuera llamado ‘el canciller de las Farc’, estaba advertido de que si salía del país corría el riesgo de ser aprehendido porque desde 2008 pesa en su contra una solicitud de aprehensión por parte de las autoridades de Paraguay.

De acuerdo con la Policía Nacional, cada uno de los excabecillas de la desmovilizada guerrilla conoce si tienen pendientes con la justicia internacional.

En el caso de Granda, es acusado por la justicia paraguaya del secuestro y muerte de Cecilia Cubas Gusinky, empresaria de 31 años, hija del expresidente de ese país, Raúl Cubas Grau.

De acuerdo con las autoridades paraguayas, la antigua guerrilla colombiana estuvo involucrada en el secuestro de Cecilia Cubas Gusinky, el 21 de setiembre de 2004, por miembros del brazo armado del Partido Patria Libre, quienes se autodenominaron Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Tras lo ocurrido, Granda solicitó que su caso pasara a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), pero ese tribunal, según su presidente Eduardo Cifuentes, tiene competencia únicamente para investigar hechos ocurridos en Colombia antes del primero de diciembre de 2016 y no tiene atribuciones “extraterritoriales”.

Es por ello que tanto Granda como los demás exmandos de las Farc, al amparo de los procesos de paz, hoy no tienen orden de captura en el país, pero si salen y tienen cuentas pendientes en otras naciones, la JEP no los puede amparar.

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Solicitud paraguaya

El canciller de Paraguay, Euclides Acevedo, confirmó que la justicia de su país mantiene la orden de detención por secuestro y homicidio contra Granda, quien actuó como negociador de paz colombiano y pedirá a México explicaciones sobre su liberación luego de que la Interpol lo detuviera fugazmente.

Por su parte, Granda aseguró que salió de Colombia con autorización de la JEP para participar en México en un evento organizado por un partido de izquierda. Paraguay continúa con su petición y asegura que si es necesario expedirá una orden de juzgado que otorgue la extradición.

"Entiendo que ese acuerdo (de paz) es una especie de indulto dentro de Colombia, pero nosotros tenemos una orden de captura (en Paraguay) y estamos obligados a darle cumplimiento. Vamos a hacer el máximo esfuerzo para que sea extraditado y juzgado como corresponde", resaltó Acevedo.

Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, aclaró que el arresto no fue solicitado a la Interpol por Colombia, sino por Paraguay. “La detención del señor Rodrigo Granda se produjo por circular roja de Paraguay por secuestro, asociación criminal y homicidio doloso. Ratificamos que Interpol Colombia no está facultada ni tiene acceso para modificar, aclarar o cancelar la información publicada por otros países”, escribió.

El propio Granda, en declaraciones públicas, pidió que todos sus procesos, incluido el de Paraguay, por el cual tiene activa una circular roja de Interpol, sea trasladados a Colombia, pues es la JEP la responsable de sancionar las conductas de los excombatientes de las Farc.

Además, aclaró que tiene libre movilidad nacional e internacional. “Esperamos que este incidente sirva para clarificar que nosotros tenemos libre movilidad nacional e internacional siempre y cuando cumplamos con las cuestiones de ley”, explicó.

"No le tenemos miedo a salir a ningún lado, ¿por qué si no debemos nada? He salido a otros países. Nosotros pedimos los permisos en la JEP y tenemos libre movilidad", reafirmó.

"La orden estaba dormida, pero se activó por algunos altísimos funcionarios del Gobierno colombiano que no están de acuerdo con el proceso de paz, que no reconocen nuestro esfuerzo. Nosotros decimos que nuestro juez nacional es el sistema integral de la JEP", añadió el exjefe guerrillero.

Durante la semana varias fueron las consultas hacia la JEP, para que presentara un concepto sobre lo ocurrido, pero no hicieron ningún pronunciamiento. En su cuenta de Twitter muy utilizada para difundir sus diferentes temas, tampoco se pronunciaron al respecto, por lo que cargaron con decenas de críticas por haber firmado el permiso de salida del país del exsubversivo negociador.

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Pagar por los delitos

Por su parte, otros analistas del tema han expresado que Granda y todo aquel que cometa delitos en el exterior debe pagar por ellos. Así lo expresó el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón: “Que todo criminal pague por sus delitos.

“Muy importante que no haya impunidad, que todo criminal pague por sus delitos. Sin duda, también es importante que exista un modelo de justicia transicional, pero es vital para una democracia, la paz y el orden social que existan consecuencias para quienes han cometido crímenes”, declaró a través de su cuenta en Twitter.

Por su parte, el abogado colombiano Iván Cancino también recordó que las Farc habrían cometido delitos en Paraguay. “No olvidemos la cantidad de acciones delictivas de las Farc en Paraguay, país que al parecer es el causante de la orden internacional que logró la captura fallida de Rodrigo Granda en México”, expresó.

De igual forma se preguntó: “¿Será cierto que magistrado de la JEP Colombia, que dio un permiso a Granda para salir del país, fue su abogado o asesor en años pasados? ¿Será cierto que los demás magistrados levantaron un claro y evidente impedimento previo que había sido alegado por ese magistrado?".

Ese mismo interrogante se aclaró cuando se conoció vía Twitter que, la magistrada de JEP Colombia que autorizó el permiso de viaje de Granda fue Julieta Lemaitre, y no el magistrado Mahecha Ávila, que fue su abogado en otro tiempo.

Por su parte, el senador Gabriel Velasco Ocampo, del Centro Democrático, sostuvo que la captura de Granda se produjo luego de que Paraguay activó la circular roja de Interpol. “Da cuenta de que muchos de los que hoy gozan de impunidad en nuestro país jamás encontrarán refugio ni apoyo en el exterior”, sostuvo el congresista.

Finalmente, la precandidata a la Presidencia por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal Molina, opositora al proceso de paz que lideró Juan Manuel Santos, citó en Twitter al abogado Germán Pabón Gómez, consultor de Teorías Jurídicas, quien anunció que Rodrigo Granda y todos los demás guerrilleros que hayan cometido delitos en el exterior, tendrán que pagar por ellos.

“Como sus crímenes, por ejemplo, en el caso de Paraguay no tienen relación con el conflicto colombiano, deben responder por cada uno de ellos, como se explica en el sistema Exequeatur Colombia, esquema jurídico que se utiliza para que una sentencia dictada en el extranjero surta efectos en el país”, explicó en un retweet Cabal Molina.