Ya no hay trabas para que Alcaldía consolide el Corredor Verde

Cortesía Alcaldía de Bogotá

En el 2019 la Administración Distrital abrió la licitación para la construcción de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima. No obstante, frente a esta misma se interpusieron diferentes demandas de acción popular, y por una de esas, la del congresista Rodrigo Lara, la Juez 23 Administrativa ordenó en aquel entonces, como medida cautelar, suspender la licitación.



En julio de este año se revocó la licitación de la Troncal por la Carrera Séptima, revocatoria que se hizo cuando los proponentes retiraron sus ofertas. Pero además de la revocatoria, dentro de las pretensiones de la demanda de Rodrigo Lara, la Administración actual debía justificar los beneficios de una nueva obra y estructurar una política publica de infraestructura de transporte para dicho corredor.

Por esa razón, el pasado 15 de octubre la juez 23 citó a una audiencia de Pacto de Cumplimiento, en la cual la Administración Distrital presentó una propuesta que logró demostrar que existe ahora una política clara de cómo intervenir el corredor verde (Artículo 105 del PDD).

“Por eso la juez emitió sentencia aceptando el pacto de cumplimiento y creó un comité de verificación de ese pacto e invitó a participar a la fundación Natura y a la secretaría de Medio Ambiente. Con esto, la Administración sigue adelante con el proyecto del Corredor Verde y esperamos avanzar informándole a ese comité los resultados de participación ciudadana”, indicó ayer el director del IDU, Diego Sánchez.

Con esta sentencia se da por finalizado el último obstáculo que tenía que sortear un nuevo proyecto por la Carrera Séptima, y se impuso una obligación a las entidades Distritales para que, a través de un Comité de Verificación, hagan seguimiento a la implementación de la nueva política pública de transporte presentada por la Alcaldesa Claudia López.

Dicho comité tendrá la responsabilidad de vigilar y asegurar que la nueva política de transporte sea incluyente, participativa y represente una verdadera solución a la movilidad de los capitalinos, garantizando el respeto de los derechos colectivos a la moralidad pública y al ambiente sano con el nuevo Corredor verde que se construirá por la Carrera Séptima, que de acuerdo con la mandataria local, tendrá un presupuesto estimado de $2 billones.

Ahora, de acuerdo con el concejal del Polo, Manuel Sarmiento, quien siempre manifestó su rechazó frente al proyecto de Transmilenio por la Carrera Séptima, explicó a EL NUEVO SIGLO que la decisión final de dicho proceso judicial, confirmó “que sí había una serie de irregularidades y la violación del principio de planeación por parte de la Administración Distrital de Enrique Peñalosa con el proyecto de Transmilenio por la Carrera Séptima”, le dijo ayer a EL NUEVO SIGLO el concejal del Polo, Manuel Sarmiento, quien aplaudió la creación de un pacto de cumplimiento.

“Esta bien que ahora el juez ordene hacerle un seguimiento especial al nuevo proyecto que está Administración quiere realizar. Desde el Concejo también estamos haciendo un seguimiento muy cuidadoso para que se cumpla, con los criterios que quedaron definidos en el PDD, y que por ningún motivo se construya una troncal de Transmilenio”, finalizó diciendo el concejal Sarmiento.



Solución integral

Por su parte, de acuerdo con el IDU la Administración Distrital ha adoptado una Política Pública en materia de infraestructura, movilidad y transporte por la Carrera Séptima de Bogotá, que encuentra respaldo normativo en el Artículo 105 del Acuerdo Distrital No. 761 de 2020 y que prevé la realización de un corredor verde a lo largo de la Carrera Séptima.

Por esta razón el Sector Movilidad de la Administración Distrital ha dado inicio al proceso de formulación, y estructuración del proyecto, como política pública concebida para dar solución a los problemas de movilidad y transporte por esta vía, desde la calle 26 hasta la calle 200, basado en los principios de diálogo, participación informada, transparencia, inclusión, equidad, búsqueda de consensos, prevalencia del interés general y atención a los condicionantes técnicos, financieros y temporales.

En este sentido, el proyecto prevé la implementación de sistemas sostenibles de movilidad, priorizando la movilidad sin contaminación, incentivando el uso de la bicicleta y adoptando sistemas de transporte público impulsados por energías limpias.