La Procuraduría General de la Nación instó a las Empresas Municipales de Cali, Emcali, a iniciar las acciones judiciales y administrativas procedentes contra los consorcios Clarificación Puerto Mallarino y Renovación Puerto Mallarino para recuperar los recursos públicos, en caso de que se haya producido o pueda producirse un daño que afecte el patrimonio de la entidad y de los caleños.
Se trata de los contratos cebrados para la renovación de los componentes priorizados de alimentación eléctrica de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Puerto Mallarino Fase 1 y la reposición de los componentes priorizados de las unidades de clarificación de la misma planta.
A través de una comunicación, el ente de control formuló nuevas inquietudes con ocasión de los señalados contratos que esta entidad terminó de manera anticipada y por mutuo acuerdo, luego de evidenciar una posible falsedad en las cartas de crédito presentadas por los consorcios.
El gerente general, Juan Diego Flórez González, deberá explicar qué análisis de riesgos jurídicos efectuó Emcali para determinar que la terminación anticipada por mutuo acuerdo era la mejor opción para estos dos contratos.
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Así mismo, el órgano de control preguntó al directivo si la empresa sufrió algún daño indemnizable, como consecuencia de la acción de los contratistas, al tiempo que solicitó información sobre las acciones judiciales o administrativas que iniciarán “considerando los perjuicios causados por la no continuidad en la ejecución de los contratos y la entrega de los cupos de crédito presuntamente falsos para acreditar la capacidad financiera”.
De igual forma, la Procuraduría requirió información sobre el estado final de ejecución física y financiera de cada uno de los negocios jurídicos, así como de las labores que fueron ejecutadas por parte de los contratistas y la existencia de saldos pendientes de pago a favor de estos.
Finalmente, en caso de que Emcali inicie nuevos procesos de contratación para adquirir los bienes y servicios que habían sido contratados con estos dos consorcios, deberá informar a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública sobre el presupuesto asignado, la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal y el cronograma correspondiente.