Colombia a pesar de tener decentes tasas de crecimiento económico antes de la pandemia, no generaba empleo suficiente.
Crisis como la que vivimos producto de las decisiones de los gobernantes para enfrentar el Covid-19, tienen que servir para hacer profundas reflexiones que lleven a las reformas que necesita el país para generar riqueza y disminuir la pobreza, entendiendo que como lo decía el expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan la mejor política social es la generación de empleo.
¿Por qué Colombia no logra generar empleo masivo en momentos de crecimiento económico? La respuesta es simple: los altos costos no salariales (parafiscales, costo de despedir y salario mínimo). Según cálculos de Fedesarrollo, al salario promedio de un trabajador formal colombiano, hay que sumarle 53.4% en costos no salariales. Si usted es un empresario y le quiere pagar a un trabajador un millón de pesos, tiene que sumarle 534 mil pesos en costos no salariales. El promedio de América Latina es de 49.5% y de países exitosos de la región como Chile es inferior al 40%.
Los datos son peores si tomamos como base el salario promedio de un informal, este indicador establece el costo de formalizar a un trabajador. En América Latina es cerca del 80% de su salario informal. En el caso de Colombia la cifra es más desalentadora, formalizar un trabajador cuesta el 116.7% de su ingreso. Si usted hoy se gana 500 mil pesos como informal, tendría que pagar 583.500 para formalizarse, en total $1.083.500.
Es por esto por lo que los intelectuales Enrique Ghersi y Hernando de Soto han hablado de la necesidad de flexibilizar la formalidad, en lugar de seguir insistiendo en políticas que busquen formalizar la informalidad.
El pasado 15 de octubre, el gobierno por fin parecía que se atrevía a dar este debate. A través del borrador de un documento Conpes, titulado “Política para la reactivación y el crecimiento sostenible e incluyente”. El documento proponía “Reducir la carga regulatoria para las empresas y las rigidices del mercado laboral”. El Conpes contemplaba presentar una propuesta en 2021 para actualizar la legislación laboral teniendo en cuenta las dinámicas del sector rural, y simplificar y reducir los costos del trámite de despido de trabajadores. Adicionalmente, por primera vez contemplaba la posibilidad de invitar a desempleados e informales a hacer parte del proceso de negociación del salario mínimo. La propuesta iba en la dirección correcta y en línea con las recomendaciones de expertos. Lastimosamente, la filtración del documento hizo que periodistas y líderes de opinión, sin mayor conocimiento, ni formación en economía criticaran la propuesta, sin hacer un análisis juicioso del tema.
Desafortunadamente, después de los comentarios, el Gobierno le llamó la atención a los brillantes funcionarios que redactaron la propuesta, y el director del DNP se retractó en los medios de comunicación.
Los valientes que escribieron este Conpes merecen ser aplaudidos, mientras algunos piensan en las próximas elecciones, ellos pensaban en las futuras generaciones.
¡No se echen para atrás! El país necesita estas reformas para seguir superando la pobreza.
Twitter: @camiloguzmansa