- Unidad y separatismo
- Sánchez tras huellas de Rajoy
Las autoridades catalanas han violado sistemáticamente la Constitución de España y varios artículos del Código Penal para conseguir fondos y promover el separatismo. Con desenfado se falsifica la historia y se fomenta una versión fantasiosa sobre la supuesta independencia catalana desde tiempos antiquísimos, que no se corresponde con la realidad. Desde el gobierno regional se impulsa la persecución a los que hablan castellano, lo mismo que contra los catalanes que están por la unidad nacional, que continúan siendo mayoría.
La malversación de los fondos estatales por cuenta de los “nacionalistas” la justifican como un recurso para financiar el separatismo, sin importar que algunos de sus jerarcas se enriquezcan. Se persuade a las fuerzas locales del orden de tolerar que los agitadores pagos fomenten el caos e intenten capturar el poder regional con movilizaciones de multitudes.
Se recuerda que al final del gobierno del Partido Popular, mediante un plebiscito ilegal en octubre de 2017, los separatistas catalanes aprovecharon las movilizaciones organizadas por los mismos servidores públicos locales e intentaron tomarse por asalto el poder. Sin embargo, las autoridades nacionales y la Guardia Civil consiguieron retomar las calles y restablecer el orden. El gobernante local, Carles Puigdemont, huyó a Bélgica para evitar la prisión, el juicio y la inevitable condena.
El gobierno nacional de entonces, a cargo de Mariano Rajoy, decidió actuar frente a los separatistas con guantes de seda, en busca de la disuasión y el entendimiento, lo que las autoridades regionales, en manos de los separatistas, interpretaron como debilidad. Ello hasta que se aplicó el artículo 155 de la Constitución, mediante el cual se intervino policialmente a Cataluña para garantizar la tranquilidad de los que no estaban con los sediciosos y reducir a los violentos. Luego desde Madrid se ofrecieron presupuestos al gobierno regional con el fin de calmar el descontento. La prensa local y los medios de comunicación pedían la impunidad de los que, en otro tiempo, habrían sido juzgados como traidores a la patria.
Lo cierto es que la mesura del gobierno de Rajoy contribuyó a que volviera la calma y se retomara el diálogo, pero sin poder evitar que el gobierno nacional se desgastara, en la medida que los socialistas, que buscaban retornar al poder, estaban al acecho para capitalizar los errores de La Moncloa. Es así como Pedro Sánchez, que había renunciado a la secretaría del PSOE, de improviso, en una audaz jugada parlamentaria, consiguió armar la mayoría con los votos de los radicales y los separatistas sumados, siendo encumbrado al gobierno nacional bajo el compromiso de convocar a elecciones, evento que postergó hasta cuando las encuestas lo favorecieron.
Entre tanto, el juicio a los separatistas se realizó con plenas garantías, estando varios de ellos en prisión y su jefe, Puigdemont, amparado por la justicia de la Unión Europea. Ello mientras que sus compañeros de conspiración fueron condenados por sedición. Como los separatistas sabían ya de la debilidad del gobierno de Madrid frente a sus continuos desafíos, y prevalidos de su poder electoral local y la importancia de sus votos en el Parlamento, suponían que al final los procesados serían amnistiados por el gobierno de Sánchez.
En principio los conspiradores negaron los cargos, pero frente a la evidencia acumulada ello no pasaba de ser un chiste cruel en cuanto los jueces consiguieron probar la conspiración y varios de los conjurados confesaron y señalaron a sus compañeros como cómplices. Es por ello que días atrás el Tribunal Supremo de España condenó a los separatistas a penas que oscilan entre 9 y 12 años de cárcel, evento que indigna a los prisioneros y sus simpatizantes, en tanto el resto de españoles considera que las sanciones impuestas han sido leves y que, en realidad, en poco tiempo recobrarán la libertad, dado los beneficios de que gozan los presos políticos.
Entretanto, en Bélgica, Puigdemont, jefe de la sedición, ha pasado una noche en prisión, en tanto se revisa su caso y queda la posibilidad abierta de ser enviado a España, puesto que las autoridades han tomado medidas cautelares en su contra. Sin embargo sus defensores alegaron que como eurodiputado tenía inmunidad, lo que el juez del caso consultó y determinó que no gozaba de ese beneficio. Aun así lo excarceló en tanto falla de fondo sobre su situación. Paradójicamente el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, se encontraba en Bélgica al momento de ser detenido el político catalán, pero se abstuvo de hacer declaraciones al respecto, lo que indica que los retozos catalanes se le han convertido en una papa caliente que amenaza su futuro político.
Ayer la gran masa de los españoles se ha quedado en casa y está por el orden y la unidad, mientras Barcelona fue un hervidero. Lo que permite considerar que la pasividad del gobierno de Madrid se puede volver en su contra ad portas de una elección general, al caer en su propia trampa, lo que podría provocar el voto castigo a los socialistas por no defender el gobierno la unidad del país, como lo reclaman las mayorías. No obstante, Sánchez ha pedido moderación: “después de la sentencia, convivencia”. Habrá que esperar si lo logra.